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Cristosal: "El régimen de los hermanos Bukele ha desmantelado la democracia"
Cristosal anunció su exilio y señaló a los hermanos Bukele de haber desmantelado la democracia en El Salvador.
"Frente a un aparato represivo que actúa sin límites, donde hay poca posibilidad de ejercer la defensa ante una institución imparcial o independiente, nos vemos obligados a elegir entre la cárcel o el exilio". Es la frase con la que el director de Cristosal, la principal organización de defensa de derechos humanos en El Salvador, anunció este jueves que suspenden operaciones en el país, ante el incremento del acoso, amenazas y hostigamiento del Gobierno salvadoreño.
Cristosal trabajaba en El Salvador desde el año 2000. Ha acompañado a víctimas de desplazamiento forzado por pandillas, ha señalado violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción y ha denunciado casos de corrupción en el Gobierno de Nayib Bukele. Pero ahora su equipo se exiliará en Guatemala, porque consideran que en el país ya no hay garantías para seguir haciendo su trabajo.
"Esta decisión responde a una situación insostenible de acoso estatal, amenazas directas contra nuestro personal, la criminalización de defensores y defensores, la imposición de marcos legales diseñados para reprimir el trabajo de la defensa de los derechos humanos", declaró el director Noah Bullock en una conferencia de prensa desde Guatemala.
El director de Cristosal explicó que tomaron la decisión tras una sucesión de ataques y luego de la captura de la jefa Anticorrupción de la ONG, Ruth López, quien desde el 18 de mayo se encuentra detenida.
La abogada lideraba una unidad que presentó denuncias en la Fiscalía General contra funcionarios como Osiris Luna, director de Centros Penales. También denunció una posible defraudación a la economía pública con la Chivo Wallet, la billetera gubernamental para el uso del bitcóin en el país, y posibles irregularidades en la entrega de $300 durante la pandemia de Covid-19.
#ElSalvador | #Cristosal presentó una denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental para que se investigue al ministro de Salud, Francisco Alabí, y al expresidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), Jorge Alejandro Aguilar Zarco. No es la primera denuncia contra… pic.twitter.com/K88mOSe52r
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) March 20, 2025
Parte del acoso, según Bullock, incluyó seguimiento y vigilancia a su equipo de trabajo.
El directivo de la ONG relató que en el periodo constitucional de Nayib Bukele (2019-2024) sostuvieron una reunión en la que el presidente salvadoreño se comprometió a abrir espacios de diálogo con la sociedad civil. Pero, en su opinión, ocurrió lo contrario: se intensificó la intolerancia hacia personas y organizaciones que se nieguen a alinearse con el presidente y su partido Nuevas Ideas.
"El régimen de los hermanos Bukele ha desmantelado los principios básicos de la democracia. Bajo un estado de excepción permanente y con control casi absoluto de todas las instituciones, El Salvador ha dejado de ser un Estado de derecho. Expresar una opinión o exigir derechos básicos hoy puede costar la cárcel", dijo Cristosal.
Un centenar defensores de derechos humanos y periodistas han tenido que salir del país, según una publicación reciente del periódico estadounidense Los Angeles Times titulada Envalentonado por Trump, el presidente de El Salvador ha encarcelado a críticos. Ahora periodistas y líderes de derechos humanos huyen en masa. Solo la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró la salida de 40 periodistas.
"El país ha regresado a los sistemas políticos autoritarios del pasado, caracterizado por la concentración del poder y la apropiación de recursos de la nación por parte de un grupo élite que actúa sin controles, sin diálogo, sin transparencia y sin rendición de cuentas", señaló Bullock", dijo Bullock.
Para Cristosal, la escalada represiva contra las organizaciones empezó en mayo de 2025, cuando también fueron capturados el abogado ambientalista Alejandro y el líder comunitario José Ángel Pérez, luego de participar en una manifestación pública para evitar el desalojo de la comunidad de la cooperativa El Bosque, en La Libertad. Después de ellos, fue capturado el abogado constitucionalista Enrique Anaya, otro de los principales críticos de Bukele.
La organización planteó que el miedo es generalizado, que el cierre forzado de sus operaciones es un síntoma de lo que está pasando la sociedad salvadoreña: seis de cada diez personas teme represalias por expresar su opinión, según la última encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
Una ley discrecional
El partido oficialista aprobó en mayo pasado una ley que ahoga financieramente a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) porque les obliga a entregar el 30% de cada donación que reciban del exterior. Esto, según Cristosal, fue otro elemento que impulsó su decisión, porque consideran que es una ley demasiado discrecional, ya que el Gobierno decidirá cuáles organizaciones registra y cuáles no.
"Hemos presentado nuestra inscripción ante el registro de agentes extranjeros en El Salvador. Regresaremos cuando podamos volver a parar operar en libertad en el país", agregó Bullock, quien aclaró que no renunciarán a su trabajo de defensa de derechos humanos en El Salvador, pero lo harán desde sus otras oficinas en Centroamérica.
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Por su parte, Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal, señaló que la ley grava con un impuesto a las organizaciones y califica como agente extranjeros a cualquier organización.
"En estos momentos, cualquiera que disienta, cualquiera que critique, es posible que sea procesado y criminalizado. La Ley de Agentes Extranjeros permite a las autoridades bajo su discrecionalidad, controlar a cualquier organización"
Abraham ábrego
Cristosal ha recibido más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos en los últimos años, según sus datos.
Diferentes organizaciones de derechos humanos lamentaron el cierre forzado (Página 6). Wola, con sede en Washington, publicó: "Estamos con Cristosal y con todas las organizaciones de la sociedad civil de El Salvador que se enfrentan a campañas de acoso y difamación bajo el gobierno de Bukele. Las voces independientes y los defensores de los derechos humanos son vitales para la democracia".
Por su parte, la Relatora de Naciones Unidas Sobre Libertad de Reunión y Asociación, Gina Romero, dijo: "Es inaceptable que la estigmatización, criminalización y persecución sistemática de organizaciones de la sociedad civil genere cierre de sus actividades como método de protección".