“Ni siquiera sé si mi hijo está vivo”: piden liberación de inocentes detenidos

Un grupo del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) se reunió, la tarde del sábado 12 de julio, frente a la fachada de Catedral Metropolitana, en el centro de San Salvador, para exigir la liberación de sus parientes detenidos, según ellos, injustamente, ya que alegan haber presentado en múltiples ocasiones los arraigos necesarios que demuestren la inocencia de los detenidos, pero aún así, llevan más de tres años detenidos. 

Mientras los miembros de MOVIR se turnaban para exponer sus casos usando un micrófono conectado a una bocina cargada en hombros por uno de sus integrantes, al otro costado de la plaza Gerardo Barrios se escuchaba música a todo volumen, impidiendo que las denuncias de capturas, torturas, violaciones a derechos humanos y actos de corrupción atribuidos a agentes de la Policía Nacional Civil llegaran a los oídos de los cercanos a la iglesia, un grupo que creció con el paso del tiempo.

De a poco, los transeúntes se acercaron a escuchar los testimonios de las madres que pedían la liberación de sus hijos. Los carteles llamativos atrajeron la mirada de las personas que hacían uso de bicicletas. Un grupo de turistas extranjeros también se acercó para ver y escuchar las denuncias, pero el guía les pidió seguir con el trayecto y no detenerse.

Una cruz negra con la leyenda "Régimen de Excepción", escrita en blanco, es un símbolo que cargan los miembros de MOVIR durante sus marchas. Lo hacen para representar la carga colectiva que sufre cada uno de los familiares de las personas que han sido detenidas por vivir en zonas antes consideradas "rojas", o por mostrarse nerviosos o solamente por decisión de algún policía o militar. Esta cruz es compartida. 

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El régimen de excepción, que inició en marzo de 2022 tras un repunte de violencia, ya dejó más de 85 mil capturas, reducción de homicidios, pero también cientos de denuncias de violaciones a derechos humanos.

Blanca Marina Ramos es una mujer de 73 años. La cruz negra dobla su tamaño y tiene que poner todas sus fuerzas para cargarla. Para ella, este peso lo trae consigo desde hace más de tres años, cuando capturaron a su hijo Duglas Antonio Tejada, un agricultor de San Luis Talpa.

"A él los policías de por la casa le ofrecieron ser como informante. Querían que mi hijo les estuviera dando información sobre la gente que vive por la casa y como se negó lo acosaban y me lo golpeaban todo. Una vez llegó el régimen me lo capturaron", aseguró Blanca.

Desde entonces, no ha vuelto a saber de Duglas. Solo sabe que se encuentra detenido en el penal de Izalco, en Sonsonate. "Imagínese, su nombre es con u, y en el penal me lo han puesto como Dou. Si alguien con un nombre similar hizo algo…a mi hijo le van a querer poner los delitos", expresó la madre del detenido.

Para Blanca, la captura de su hijo ha deteriorado aún más su situación económica, ya que él era el único de sus hijos que se ofrecía a ayudarla. Actualmente ella sobrevive con una pensión que solamente le permite pagar la luz, el agua y comprar algunos alimentos. "A veces me atraso dos meses para pagar, pero lo hago. Es que sino, no alcanzó a ahorrar para comprar el paquete para Duglas", dijo. 

"Siendo sincera, ni siquiera sé si mi hijo está vivo o muerto", comentó Blanca. Ella ha intentado obtener ayuda por parte de la Procuraduría General de la República. Esta institución le asignó a una abogada, pero no se ha logrado reunir personalmente con ella en ninguna de sus visitas semanales. "Me dicen que no está cuando he llegado a buscarla, pero más tarde la veo pasar", dijo Blanca. 

Desde que inició el régimen de excepción en el año 2022, según la organización Cristosal, han fallecido alrededor de 200 personas en cárceles, bajo la custodia del Estado.

Otros movimientos, como Socorro Jurídico Humanitario, estiman que son 426 reos muertos con golpes en el cuerpo, perforaciones y más signos de tortura. Este número es un aproximado, ya que en ocasiones, las personas temen denunciar sus casos por miedo a represalias contra ellos.