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Policías reconocen capturas arbitrarias y cuota de detenidos: Human Rights Watch
La organización internacional publicó una investigación donde consignó parte de lo relatado por once policías que fueron entrevistados
Human Rights Watch publicó este viernes una investigación donde consignó que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reconocieron la existencia en El Salvador de detenciones arbitrarias basadas, aparentemente, en una política de cuotas y evidencia fabricada.
La investigación consignó testimonio de miembros de la PNC e información a la que tuvo acceso a través de documentos internos de la referida institución, sentencias judiciales y al menos a uno de la Fiscalía General de la República (FGR).
Human Rights Watch reconoció que la violencia de las pandillas ha disminuido en el país; pero expuso que la población está expuesta a abusos por parte de las fuerzas de seguridad que actúan sin control.
“La experiencia sugiere que estas prácticas abusivas se intensificarán sin mecanismos sólidos de rendición de cuentas”, advierte.
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La organización internacional que se dedica a la defensa y protección de los derechos humanos calificó dichos métodos como “prácticas abusivas”, que han dado lugar a detenciones arbitrarias y abusos de poder en El Salvador.
Los miembros de la corporación policial que fueron entrevistados por Human Rights Watch expresaron que muchas detenciones durante la actual “guerra contra las pandillas” fueron resultado de la presión para cumplir con cuotas diarias de arrestos.
Además de que se basaron en pruebas no corroboradas o fabricadas para llevarlas a cabo.
Los policías describieron a la organización detenciones motivadas por el simple hecho de que una persona tuviera un tatuaje de cualquier tipo, por información falsa incluida en fichas policiales y por llamadas anónimas no verificadas.
También relataron un clima de impunidad que facilitó que algunos agentes exigieran sobornos y, en algunos casos, favores sexuales a mujeres a cambio de no detener a sus familiares.
“La violencia de las pandillas ha disminuido significativamente en El Salvador. Sin embargo, la población sigue expuesta a abusos por parte de las fuerzas de seguridad que actúan sin control”
Juanita Goebertus
Directora de la División de las Américas
Human Rights Watch
“El presidente Nayib Bukele presenta sus políticas de seguridad como un modelo para el mundo, pero los policías que entrevistamos cuentan una historia completamente distinta. Sus testimonios ofrecen una perspectiva poco conocida sobre cómo la Policía fabrica evidencias para cumplir con cuotas de arrestos, extorsiona a personas inocentes, ignora el debido proceso y desobedece órdenes judiciales”, expresó la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus.
El Salvador??| Testimonios de policías ponen al descubierto prácticas abusivas durante el régimen de exepción.
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) June 27, 2025
Nos contaron sobre detenciones arbitrarias basadas en cuotas, pruebas fabricadas, y otros abusos de poder.
?Nuevo informe ???https://t.co/9cCM7LyKPR
Los diputados oficialistas aprobaron en marzo de 2022 un régimen de excepción, prorrogado por 39 veces, que suspende algunas garantías del debido proceso: El de ser informado por el motivo de la detención y tener acceso a la defensa técnica; la ampliación del plazo de la detención administrativa de 72 horas hasta 15 días y la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones.
Desde entonces, las fuerzas de seguridad han reportado la detención de más de 86,000 personas, incluyendo a más de 3,000 menores de edad, de acuerdo a Human Rights Watch.
Agregó que la investigación está basada en la entrevista a 11 agentes de la Policía, quienes tienen entre nueve y 31 años de servicio.
Nueve de ellos son miembros activos de la Policía, los otros dos conocen la institución en profundidad y mantienen buenas relaciones con policías actualmente en servicio.
Entre los entrevistados se encuentran sargentos, investigadores, técnicos forenses y agentes destacados en los departamentos de Santa Ana, San Vicente y San Salvador. Cuatro entrevistas las realizó en San Salvador; las restantes, por teléfono.
Por motivos de seguridad, Human Rights Watch mantiene bajo reserva los nombres de los agentes y otros datos que puedan contribuir a identificarlos.
Aclaró que los testimonios fueron corroborados con documentos internos de la policía, sentencias judiciales y testimonios de otros policías y víctimas de abusos.
En algunos casos, según relataron, los agentes fabricaron las fichas policiales para justificar una detención. Esas fichas establecían la pertenencia de alguna persona a alguna agrupación ilícita. Además, frecuentemente se basaban en información débil o falsa.
En las propias palabras de un agente: “No hay investigaciones. La Policía crea perfiles. Son actos arbitrarios... Las fichas policiales son la ‘evidencia’ de que alguien es un pandillero”.
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Otro agente señaló que “había gente que sólo llamaba y decía que una persona era ‘colaboradora’ y nosotros íbamos a detenerla”.
La práctica, en las palabras de este policía, ha sido “primero detener, luego investigar”.
Los agentes señalaron a la organización que muchas acusaciones recibidas a través de llamadas anónimas resultaron ser falsas y estaban basadas únicamente en conflictos personales. Según un agente: “Se detuvo a personas solo porque no le caían bien a un vecino”.
Human Rights Watch ha documentado violaciones generalizadas de derechos humanos durante el régimen de excepción, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos, y graves violaciones del debido proceso.
La gran mayoría de los detenidos permanece en detención provisional.
Los policías entrevistados por la organización describieron los serios problemas de seguridad que representan las pandillas y reconocieron mejoras notables en la seguridad; pero también denunciaron las prácticas que, según ellos, se vieron obligados a adoptar por presión de sus jefes.
“Cada patrulla tenía que detener a tres o cuatro personas por turno. Nos decían que si no [cumplíamos], ‘no regresáramos a la base’(...) El permiso de tres días nos lo quitaban como castigo. Teníamos ubicados los sectores donde estaban las pandillas y empezamos a cometer detenciones ilegales”
Testimonio de agente entrevistado por Human Rights Watch
Los agentes relataron que a menudo eran reprendidos cuando no cumplían con las cuotas diarias de arrestos. Algunos dijeron que no podían terminar sus turnos, ir a comer o descansar en las delegaciones policiales hasta que no hubieran cumplido con la cantidad fijada. Y los amenazaban con sanciones si no la cumplían.
Según relataron, negarse a detener a alguien o expresar preocupación sobre la falta de pruebas para detenerlo frecuentemente resultaba en amenazas de traslados a puestos no deseados o incluso acusaciones del delito de “incumplimiento de deberes”.
Señalaron que esas órdenes llevaron a la detención arbitraria de personas sin vínculos con las pandillas.
Human Rights Watch también revisó un informe interno de la policía de abril de 2022 que tres agentes presentaron a la Inspectoría General de Seguridad Pública, un órgano de control de la corporación policial. El informe describe las sanciones impuestas a los agentes que se negaron a realizar una detención por falta de evidencia. Por ejemplo, a unos agentes se les ordenó detener al familiar de un miembro de una pandilla y “no regresar a la base sin llevar a cabo la detención”.
En el informe, los agentes también indican que debían realizar una “cuota de cinco detenidos diarios”.
El documento señala que los agentes se negaron a efectuar la detención porque creían que no había pruebas que relacionaran a la persona con la pandilla. Al día siguiente, fueron trasladados a otra delegación policial.
Los policías dijeron a la entidad que agentes de la Sección de Tratamiento de la Información (SATI) y el Departamento de Inteligencia Policial creaban las fichas policiales basándose en información no verificada o falsa.
Las fichas policiales normalmente se basan en antecedentes penales e informes de inteligencia, incluyen nombres, número de identificación, direcciones, fotografías, rango dentro de la pandilla, alias y otra información.
La información se encuentra almacenada en bases de datos internas de la policía y suele ser utilizada para identificar a las personas que son detenidas o que son inspeccionadas en puestos de control.