Moody's señala que la deuda de pensiones limita las finanzas

El sistema de pensiones es un punto crucial para la salud fiscal y el perfil crediticio de El Salvador, destaca un reciente informe de la calificadora Moody's Ratings.

La agencia de calificación subraya que, a pesar de las mejoras en la seguridad y en la liquidez gubernamental, un desafío para las finanzas del país es el "espacio fiscal limitado y contingencias no resueltas derivadas de los pasivos pensionales", es decir la deuda de pensiones.

El saldo que adeuda el gobierno al fondo de pensiones alcanzó los $10,742.22 millones en abril de 2025, el último dato oficial disponible. De esa cantidad, al gobierno de Nayib Bukele le corresponden $5,659.52 millones, es decir que en solo seis años en el poder duplicó la deuda con los cotizantes que ahorran para sus pensiones.

La opinión crediticia de Moody's, fechada el 30 de mayo de 2025 y en la que reafirmó la calificación del país en B3 otorgada en noviembre de 2024, también resalta que si bien la reforma de pensiones de diciembre de 2022 tuvo un efecto contable favorable, reduciendo la deuda pública al 59% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023, el sistema aún presenta contingencias significativas y una baja "asequibilidad" de la deuda debido a elevados costos de intereses.

"Nuestra opinión refleja la relativamente alta carga de deuda e intereses del gobierno. La solidez fiscal seguirá limitada por la aún baja capacidad de pago de la deuda...", dice en el documento de la agencia.

VER: Moody's sube la calificación de El Salvador de "bonos basura" a "alto riesgo"

Un aspecto clave que aborda el análisis de Moody's es la reanudación de los pagos de intereses sobre los certificados de pensión, los cuales estuvieron suspendidos por cuatro años a raíz de la reforma de 2022. Esta reanudación se espera que incremente la relación entre intereses e ingresos del gobierno, pasando del 15.8% en 2023 al 18.7% una vez que se reanuden dichos pagos.

Además indica que la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF), incluyendo la deuda de pensiones, alcanzó el 83.5% del PIB en 2024 y se proyecta que llegue a su punto máximo en 83.8% en 2025, antes de disminuir gradualmente a 80.6% en 2027, lo cual está "muy por encima" del promedio de los países con la misma calificación que El Salvador. 

En 2027, el gobierno deberá destinar $2,198 millones del presupuesto solo para cubrir esos intereses que dejó de pagar al Fondo de Pensiones, según previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Es decir que en el presupuesto general que presente el otro año ya debe incluir ese pago de deuda.

Destaca acuerdo con FMI

En este contexto, la calificadora considera clave el acuerdo entre el FMI y el gobierno (firmado en febrero de este año) para el financiamiento por $1,400 millones (4% del PIB), ya que establece la aprobación de una nueva reforma de pensiones que permita la sanidad de las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad del sistema previsional.

"El programa del FMI también se centra en una evaluación actuarial del sistema de pensiones, estableciendo un diagnóstico a partir del cual se diseñarán las reformas. En concreto, existe el compromiso de contener los posibles costos fiscales asociados a la reforma de pensiones de 2022, que incrementó las prestaciones, desvinculándolas de los saldos acumulados en cuentas de ahorro individuales, y dispuso que los fondos de pensiones privados financiaran lo que resta del anterior sistema público de reparto", plantea Moody's en el análisis.

Dicha evaluación al sistema de pensiones está prevista para julio de este año y se considera un punto de referencia estructural para la segunda revisión del acuerdo con el Fondo.

Tras esa evaluación, se elaborará una propuesta de reforma de pensiones con la asistencia del personal técnico del FMI, que se publicará en febrero de 2026 y que constituye un punto de referencia para la tercera revisión del programa de financiamiento, indica la calificadora.

En resumen, la sostenibilidad del sistema de pensiones es una prioridad para El Salvador, con el apoyo técnico y financiero del FMI, para abordar los desafíos fiscales que representa y asegurar su viabilidad a largo plazo.

En ese sentido, y también como parte del acuerdo con el Fondo, la Asamblea Legislativa aprobó la semana pasa la Ley de Sostenibilidad Fiscal, la cual le pone énfasis a la deuda de pensiones.

"La política fiscal debe convertirse en una herramienta indispensable para el crecimiento económico, garantizando la estabilidad y una estructura de finanzas públicas sostenibles, con un ejercicio razonable del gasto público y una trayectoria de deuda pública con pensiones sostenibles a largo plazo", dice en la normativa.

En dicha ley, se plantea que la deuda pública del Sector Público No Financiero (SPNF) incluirá el saldo de pensiones y no como está actualmente que se pone por separado.

De hecho, la nueva normativa exigida por el FMI debe elaborar un Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), en el cual se incluirán las proyecciones del balance fiscal y la trayectoria de la deuda con pensiones, cuyos datos deberán ser consistentes con las metas establecidas en la ley.

De acuerdo al texto, la razón de la deuda con pensiones como porcentaje del PIB no podrá ser mayor a 80% del PIB en 2030, ni mayor al 75% del PIB en 2035. La meta de endeudamiento a largo plazo se espera alcanzar en 2045 con el 70% del PIB.

El economista Rommel Rodríguez consideró que "al incluir el tema de pensiones (en la nueva ley) se asume que se va a buscar bajar de la mejor manera posible el costo de pensiones. Entonces me parece que esto es un aspecto favorable".

A juicio de Rodríguez, un aspecto a destacar de la deuda de pensiones es que "también contribuyen a pagar las pensiones de los jubilados del sistema anterior".

Otros puntos que señala Moody's

De acuerdo al análisis de la calificadora, el perfil crediticio de El Salvador refleja una "fortaleza económica moderada", con perspectivas de crecimiento e inversión mejoradas debido a las condiciones de seguridad, "aunque a expensas de los controles y equilibrios con otras ramas del gobierno".

Moody's destaca que el crecimiento económico anual desde 2017 a 2023 ha sido en promedio del 2.5% del  PIB. En 2024 la economía creció 2.6%, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) y para 2025 rondaría la misma cifra, de acuerdo a organismos internacionales.

También menciona que sigue siendo una economía pequeña y relativamente poco diversificada, con alta dependencia de Estados Unidos para las exportaciones y las remesas.

De hecho, uno de los puntos fuertes que destaca la calificadora es que El Salvador tiene un flujo de remesas familiares r"obustas" que apoyan la actividad económica. Agrega que la dolarización proporciona estabilidad macroeconómica y financiera al país.

Asimismo, considera que las operaciones de recompra de deuda que realizó el gobierno en 2024 y la gestión de pasivos han reducido el riesgo de reembolso a corto plazo y el indicador que mide el riesgo crediticio de los países a nivel mundial, conocido como EMBI, ha disminuido significativamente.

Sin embargo, la agencia plantea, entre otros riesgos, la exposición del país al cambio climático debido a su tamaño pequeño, nivel de ingresos relativamente bajo y el importante papel de la agricultura, lo que puede afectar la volatilidad del crecimiento y la producción agrícola.