Fiscalía acusó a detenidos de cooperativa El Bosque de tener intención de ingresar a residencial Los Sueños
La Fiscalía General de la República ha solicitado la detención provisional para ambos imputados.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla el requerimiento fiscal (acusación) contra los dos detenidos por un plantón realizado el pasado lunes 12 de mayo, en las cercanías de la residencia del presidente Nayib Bukele.
El abogado Alejandro Antonio Henríquez Flores y el presidente de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El Bosque, José Ángel Pérez Godínez, fueron acusados por los delitos de resistencia agresiva y desórdenes públicos en grado de coautores. La Fiscalía ha solicitado que sean enviados a prisión mientras sigue el proceso judicial.
Pérez Godínez, quien también es pastor de la Iglesia Elim, fue capturado por elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) la noche del lunes 12 de mayo, durante la concentración donde residentes de la Asociación Cooperativa El Bosque pedían la intervención del presidente Bukele para detener una orden de desalojo que estaba programada para el 22 de mayo.
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En el procedimiento también participaron agentes de la Policía Militar, que no está avalada para labores de seguridad pública, sino que es parte de la Brigada Especial de Seguridad Militar, de la Fuerza Armada, y está para otras funciones.
El ente fiscal señala que los imputados junto a otras personas "tenían la intención de ingresar a la residencial Los Sueños", lugar de residencia del presidente, por tal motivo los agentes de la Policía intervinieron para evitar mayores incidentes, pero que ante la agresividad de los manifestantes, uno fue capturado.
Mientras que Henríquez Flores fue capturado un día después, el 13 de mayo, en las instalaciones del Foro del Agua, según la Fiscalía dentro del término legal de las 24 horas de flagrancia.
Entre los indicios de prueba ofertados por la Fiscalía están los videos que circularon en la redes sociales del forcejeo entre manifestantes y agentes de la UMO, entrevistas a personas de las comunidad e informes del ministerio de Gobernación sobre la inexistencia legal de la organización denominada "ReverdES" y la existencia de legal de la Asociación Ecos de El Salvador.
Pese a que ambos imputados han sido acusados por delitos comunes, las autoridades les aplicaron los términos del régimen de excepción, que establece un plazo de 15 días para que la Fiscalía pueda presentar la acusación ante un juez.
El 16 de mayo, la directora del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, informó que esa organización había notificado a Naciones Unidas la captura Pérez y Henríquez.

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