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EE.UU. confía deportados a funcionario cuestionado y sancionado, señala The Wall Street Journal
El medio estadounidense publica un reportaje sobre Osiris Luna, director de Penales, sancionado por EE.UU. y principal operador de la estrategia.
El prestigioso periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un largo reportaje en el que explicita que la estrategia de la Casa Blanca de enviar migrantes, y presuntos pandilleros, a El Salvador descansa sobre un hombre que el mismo Gobierno de Estados Unidos (EE.UU) ha sancionado por haber negociado con las pandillas a las que, supuestamente, está buscando combatir con estas acciones.
Se trata de Osiris Luna, director general de Centros Penales.
El periódico recordó que Luna fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente organizar negociaciones secretas con líderes de pandillas para reducir los homicidios y obtener respaldo político para el presidente Nayib Bukele. A cambio, señala, los líderes de pandillas encarcelados recibieron teléfonos celulares, acceso a trabajadoras sexuales y otros privilegios, según informaron los fiscales estadounidenses en una acusación formal contra los líderes de la MS-13.
También cuenta con una sanción del Departamento del Estado.
"Luna ayudó a crear dicha alianza, según la fiscalía estadounidense", dice The Wall Street Journal.
Según publicaciones del periódico digital El Faro, el funcionario era investigado por el Grupo Especial Antimafia (GEA) de la Fiscalía General de la República, que presentó sus hallazgos al anterior titular de esa entidad, Raúl Melara, a finales de abril de 2021. El caso fue bautizado como Catedral.
Dicha unidad fue desmantelada por el actual fiscal general, Rodolfo Delgado, afín a Bukele y colocado en el puesto, en su primer periodo a cargo, de manera irregular por la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas el 1 de mayo de 2021. Los fiscales que la conformaban tuvieron que salir del país ante la amenaza de procesos penales capitaneados por la nueva administración.
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Los insumos de esa investigación, ahora archivada, fueron la base de las sanciones que ahora pesan sobre Osiris Luna.
La paradoja del funcionario
Juan Francisco Sandoval es un fiscal guatemalteco que también perteneció a una unidad especial dentro del Ministerio Público de su país y que tuvo que huir ante amenazas de prisión como represalia en contra de su trabajo en casos de alto impacto.
Opina que lo que ocurre en esta situación es una paradoja: Se facilita enviar a presuntos miembros de pandillas a un país donde el principal operador de la estrategia, el jefe de prisiones, ha sido señalado por el mismo gobierno estadounidense de negociar con las estructuras.
Para Sandoval, este hecho compromete toda la integridad de los procesos de colaboración penal entre los países, pues estos requieren de instituciones confiables, que no estén capturadas por agentes corruptos.
"Si desde el Gobierno de Estados Unidos se señala que ese funcionario ha pactado con las pandillas, ¿cómo se puede confiar en ese mismo aparato estatal para la reinserción de personas? Carece de fundamento lógico y legal. No se evalúan las condiciones jurídicas y éticas del país receptor", comenta.
Para el exfiscal, también es un problema que, al mismo tiempo, se venda que se está trabajando de forma transnacional en el combate al crimen basados en conceptos como la justicia, la transparencia y los derechos humanos.
"Esto no solo representa un riesgo de revictimizar a las comunidades salvadoreñas, sino que fortalece un modelo de gobierno autoritario, que hace pactos con el crimen", comenta Sandoval.
El Wall Street Journal describe a Luna como un "leal ejecutor cuyo destino político está estrechamente ligado al del presidente". Rememora que fue elegido miembro de la Asamblea Legislativa de El Salvador en 2018 y lideró la rama juvenil de GANA, el partido que catapultó a Bukele a la presidencia un año después.
Señala que el gobierno de Bukele y Luna han negado las acusaciones estadounidenses y que este último no respondió a sus solicitudes de comentarios. Agregan que una portavoz de Bukele tampoco respondió a una solicitud de entrevista.
"Agradecemos la colaboración del presidente Bukele y a Cecot, una de las instalaciones más seguras del mundo", declaró al WSJ la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, refiriéndose al Centro de Confinamiento para Terroristas de El Salvador, la megaprisión que Luna supervisa . "No hay mejor lugar para estos criminales enfermos".
Además de su papel en la negociaciones con las pandillas, el medio estadounidense menciona las acusaciones de corrupción contra Luna.
"Malversó millones de dólares del sistema penitenciario de El Salvador, distribuyendo cheques de pago a empleados falsos y destinando la mayor parte del dinero a él y a su madre, Alma Yanira Meza, según las autoridades estadounidenses. También robaron y revendieron suministros de ayuda para la pandemia", escribe.
La presencia continua de Luna en el gobierno después de organizar las negociaciones sugiere que actuó bajo las instrucciones de Bukele, dijo a ese periódico el abogado salvadoreño Luis Parada, quien se postuló como candidato del partido Nuestro Tiempo en las elecciones presidenciales de 2024 y perdió frente a Bukele.
El otro objetivo
El WSJ cita que la Casa Blanca afirma que Estados Unidos está pagando a El Salvador $6 millones para encarcelar a los presuntos pandilleros. Recalca que la administración de Donald Trump ha devuelto a El Salvador a 23 salvadoreños acusados de pertenecer a pandillas, como César Humberto López, conocido como "El Greñas" o "Mophead", líder de la MS-13, quien se esperaba que testificara ante un tribunal federal sobre una alianza clandestina con el gobierno de Bukele.
"Deportarlos a El Salvador significaría que no podrían testificar ante un tribunal estadounidense, lo que protegería a los testigos con conocimiento directo de las negociaciones secretas que Luna supuestamente negoció", publica.
En efecto, una de los beneficios que ha buscado obtener el Gobierno de Bukele con este servicio de "alojamiento penitenciario", como lo calificó el vicepresidente de la República Félix Ulloa, es el de repatriar a líderes pandilleros que puedan testificar sobre la existencia del pacto entre esas estructuras y las autoridades salvadoreñas.
Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en Estados Unidos, reveló en febrero de este año que Nayib Bukele pidió al secretario de Estado Marco Rubio deportar a los cabecillas de pandillas que están detenidos en esa nación.
"Se lo dijo exactamente: queremos los cabecillas que están en Estados Unidos, queremos que nos los deporten, creo que es un tema de honor", dijo Mayorga.