Aplican plazos del régimen de excepción a detenidos de cooperativa El Bosque
Abogados consideran que aplicar plazos del régimen de excepción a casos de delitos comunes viola el debido proceso.
Las dos personas detenidas luego de participar en una manifestación por la orden de desalojo de la cooperativa El Bosque, en La Libertad, están siendo procesadas judicialmente bajo los plazos del régimen de excepción, pese a que el caso no tienen relación con pandillas o crimen organizado.
El pastor de la Iglesia Elim José Ángel Pérez fue detenido el pasado 12 de mayo, durante la protesta en las cercanías de la vivienda del presidente de la República, Nayib Bukele; mientras que el abogado y defensor ambiental Alejandro Henríquez fue capturado el 13 de mayo en las instalaciones del Foro del Agua. Ambos fueron detenidos por el delito de desórdenes públicos.
El abogado defensor Oswaldo Feusier confirmó que sus defendidos serán acusados según el término del decreto del régimen de excepción, que establece un plazo de 15 días para que la Fiscalía General pueda presentar la acusación ante un juez.
Feusier explicó que utilizar los términos o cualquier regulación del régimen a casos de delitos comunes "es una violación de garantías que erosiona el debido proceso, que se le debe seguir a estar personas".
"Es aplicar restricción de garantías para casos que no son los pensados para dichas restricciones, y extender una medida tan extrema para libertades básicas a otros ámbitos que deberían regirse por una regulación democrática", declaró el abogado.
La directora del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, quien ha denunciado públicamente la capturas relacionadas a la cooperativa El Bosque, manifestó que es preocupante que en casos como estos "están haciendo de la costumbre la norma".
"Eso no es legal, los delitos comunes se deben presentar en tres días hábiles, máximo cinco por el término de inquirir, ahora en el caso que les están aplicando el protocolo régimen nos dice que hay una posibilidad que adicionalmente les imputen agrupaciones ilícitas", señaló.
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Representantes de diferentes organizaciones han calificado las recientes capturas de defensores de derechos y personas líderes de sus comunidades como "criminalización y persecución".
La Asociación Tutela Legal Dra. María Julia Hernández manifestó en un comunicado que las recientes capturas de los ambientalistas de El Bosque y la abogada Ruth Eleonora López "revela la total instrumentalización del aparato estatal para perseguir, atacar, obstaculizar y reprimir a las personas defensoras de derechos humanos solo por el hecho de realizar su trabajo".
Por otra parte, la el Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático y las Corporaciones (MOVIAC) afirmó que "la labor de defensoras y defensores sociales y ambientales está siendo criminalizada, y con el respaldo del aparato estatal, son objeto de acoso, persecución y, en muchos casos, con detenciones arbitrarias".
Los habitantes de la cooperativa El Bosque se manifestaron el 12 de mayo porque enfrentaban una orden judicial de desalojo. La concentración fue contenida por la Unidad de Mantenimiento del Orden y por la Policía Militar. Después, el juzgado del caso se retractó y dejó sin efecto la orden.

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