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Juzgado programa audiencia inicial contra transportistas para el 23 de mayo
Los transportistas son acusados por la Fiscalía por los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Los transportistas acusados de no prestar con regularidad el servicio de transporte público durante la crisis por el cierre de la carretera Los Chorros enfrentarán una audiencia inicial el próximo 23 de mayo en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los imputados fueron liberados, luego que durante la presentación del requerimiento el mismo ente fiscal solicitó las medidas alternas a la detención.
"Luego que el día de ayer, la @FGR_SV presentara requerimiento solicitando medidas alternas a la detención para los transportistas capturados, por no prestar con regularidad el servicio de transporte, estos ya han recuperado su libertad", publicó la Fiscalía en su cuenta de X (antes Twitter).
#Audiencia | Luego que el día de ayer, la @FGR_SV presentara requerimiento solicitando medidas alternas a la detención para los transportistas capturados, por no prestar con regularidad el servicio de transporte, estos ya han recuperado su libertad.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 20, 2025
El proceso continuará y… https://t.co/6LhUnICkiI
A este hecho le antecede la muerte bajo custodia del Estado del gerente de SEISABUS, José Roberto Jaco Carranza, de 64 años, uno de los 16 transportistas detenidos luego de que el presidente Nayib Bukele ordenara la detención de los dueños de buses que no estaban prestando el servicio, el cual había sido anunciado que sería gratuito a nivel nacional.
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En su acusación, la Fiscalía sostiene que los días 5, 6 y 7 de mayo pasados, los empresarios no prestaron el servicio de transporte público de forma regular, "por lo que se procedió a la detención en flagrancia, siendo este un servicio público y subsidiado con fondos del Estado."
Los acusan de peculado (apropiarse de dinero público) e incumplimiento de deberes. El peculado es un delito que, según abogados consultados, solo puede ser imputado a funcionaros o empleados públicos.
La detención de los transportistas fue muy criticada por diferentes sectores que califican la acción como un "abuso de poder".