Multan con más de $1.8 millones a una inmigrante hondureña que no acató la deportación

Una hondureña, que ha residido ilegalmente en Estados Unidos durante tres décadas y madre de tres hijos estadounidenses, enfrenta una multa de más de $1.8 millones por no acatar una orden de deportación emitida hace 20 años, según informó el canal CBS.

La millonaria sanción sería una de las primeras emitidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en sus siglas inglés) como parte de la estrategia del Gobierno del presidente Donald Trump de disuadir a los indocumentados a autodeportarse.

La hondureña, de 41 años y residente de Florida, recibió el pasado 9 de mayo un cobro del departamento de multas civiles de ICE por $1,821,350.

Las autoridades de inmigración explican que la sanción se dio porque la mujer no acató una orden de deportación en ausencia emitida en su contra en abril de 2005.

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La mujer volvió a estar en la mira de las autoridades de inmigración tras someter el año pasado una moción de reapertura de su caso, acogiéndose a la Ley de los 10 Años, también conocida como Cancelación de Deportación, que permite a inmigrantes evitar ser deportados si cumplen con ciertos requisitos.

Michelle Sánchez, abogada de inmigración que la representa, dijo a CBS que la hondureña cumple con los requisitos para ampararse a esa ley, ya que ha vivido más de 10 años en el país, tiene buen carácter moral y que su deportación causaría dificultades excepcionales para un familiar cercano ciudadano estadounidense.

Esta no es la primera vez que ICE pone en práctica las multas civiles estipuladas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952.

En el primer periodo de Trump (2017-2021), las autoridades migratorias enviaron multas por cientos de miles de dólares a indocumentados que se habían refugiado en santuarios para evitar su deportación.

En ese primer mandato, las sanciones fueron de cerca del medio millón de dólares. Por ejemplo, la mexicana Edith Espinal enfrentó en 2019 una sanción de $497,777 por no haber acatado una orden de deportación emitida en septiembre de 2017. Tras una batalla jurídica ICE finalmente canceló el cobro.