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El CECOT es el rostro visible de la propaganda del gobierno de Bukele, según expertos
Especialistas señalan que la mega cárcel es usada como un instrumento de disuasión a la migración en las actuales políticas antimigratorias del gobierno de Donald Trump, además de señalar el vacío legal en el encarcelamiento de deportados
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la mega cárcel que el gobierno de Nayib Bukele construyó en 2022, se ha convertido en la cara más visible de su propaganda de seguridad y en el instrumento de la política inmigrante del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos.
En estos años, el gobierno ha promocionado las instalaciones del CECOT como cárcel de máxima seguridad para recluir a miembros de pandillas y ha abierto sus puestas a visitas para funcionarios estadounidenses y creadores de contenido extranjeros, como parte de su promoción del régimen de excepción y que el país ha mejorado sus niveles de seguridad.
"EL CECOT ha sido la cara pública, el rostro de la propaganda del gobierno sobre el modelo estado de excepción. Se ha presentado caras de personas privadas de libertad allá, que son las caras de pandilleros que tienen en nombre de su pandilla tatuada en su cara y en su pecho. Y esta óptica de esta imagen sirve para justificar y respaldar la narrativa de quienes han perdido derechos han sido criminales", expresó Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.
Sin embargo, señala que esa imagen no necesariamente representa la imagen de la mayoría de las 85,500 personas detenidas en el régimen de excepción, pues en registro de algunos casos que realizaron se conoció que muy pocos tienen tatuajes alusivos a pandillas.
"Entonces, esta óptica lo han vendido al presidente de Estados Unidos para el mismo fin, para justificar la negación de derechos, la anulación de derechos hacia una población, dirigido justificando o tratando de eliminar la duda de que si han inocentes en esto", señaló Bullock.
Pero desde mediados de marzo de 2025, es usado para recluir a migrantes deportados de Estados Unidos, en su mayoría venezolanos, como parte de un acuerdo entre ambos mandatarios que implicaría un pago millonario anual. Lo que generó alarmas a nivel nacional e internacionales por la falta de legalidad en el encarcelamiento de migrantes, considerándose como "desaparición forzada".
Aunque no se ha informado de más personas que hayan sido deportadas por el gobierno de Trump a la prisión salvadoreña, políticos de la nación norteamericana afines mantienen su respaldo al acuerdo con Bukele.
El pasado 9 de mayo se dio a conocer en redes sociales que un grupo de congresistas estadounidenses visitaron el CECOT y respaldan el acuerdo de envío de deportados a dicha cárcel.
Participaron la congresista de Florida y presidenta del Caucus El Salvador, Anna Paulina Luna (republicana), el congresista por Texas, Vicente González (demócrata), el congresista de Tennessee, Andy Ogles (republicano), el excongresista Matt Gaetz (fundador del Caucus El Salvador) y el asesor del presidente Donald Trump, Alex Bruesewitz.
"No se deje llevar por el teatro mediático: La mayoría de los estadounidenses apoyan la deportación de criminales extranjeros a El Salvador", expuso Luna.
"Es un honor reunirme con el Presidente Nayib Bukele y recorrer la legendaria mega prisión CECOT, donde El Salvador encierra a pandilleros, traficantes e invasores ilegales", expuso Ogles.
"CECOT y los otros centros penales de máxima seguridad se han convertido en sistemas de detención permanente y castigo permanente y esto para una democracia debería ser muy preocupante",
Noah Bullock, director Cristosal
A finales de marzo, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, recorrió el CECOT y envió desde ahí un mensaje a los migrantes, que si llegan de manera ilegal "esta es una de las consecuencias que podrían enfrentar".
"Fue muy interesante que no hizo su conferencia de prensa parada enfrente de estilistas, de trabajadores de construcción, de cantantes, de músicos venezolanos recién ingresados al CECOT. Quizá esta imagen hubiera sembrado más la duda de si es justo lo que está pasando", analizó Bullock.
Medida disuasiva
Aunque mediáticamente se dijo que los deportados al CECOT pertenecían a la banda criminal Tren de Aragua, investigaciones posteriores revelaron que la mayoría no tiene nexos con dicha estructura, sino que fueron deportados por su situación migratoria.
"El CECOT se ha convertido en un instrumento de disuasión a la migración en las actuales políticas antimigratorias estadounidenses, basada en el miedo y en la violación sistemática de los derechos humanos como política de Estado, tanto en Estados Unidos como en El Salvador", señaló la especialista en derechos humanos, Celia Medrano.
Retomó el mensaje de Noem cuando declaró públicamente "…el presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para los inmigrantes ilegales criminales: VÁYANSE AHORA. Si no te vas, te cazaremos, te arrestaremos y podrías terminar en esta prisión salvadoreña".
Lo que evidencia esta política antimigrantes de la segunda administración del presidente republicano.
Hasta la fecha, no se ha hecho público el contenido del acuerdo entre Bukele y Trump ni la base legal que sustente que personas migrantes sean etiquetadas como terroristas o criminales, expulsadas y trasladadas en aviones militares a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
"Expertos de Naciones Unidas también han manifestado preocupación por la falta de claridad en las bases jurídicas que sustentan la detención de los deportados en El Salvador y por la falta de recursos efectivos, incluidas las dificultades para acceder a representación legal, visitas familiares, acceso consular y revisión judicial", expuso Medrano.
Enfatizó que tampoco se conoce realmente cuál es el beneficio para El Salvador en recibir a personas migrantes expulsadas desde los Estados Unidos e incluso la posibilidad de recibir a ciudadanos estadounidenses que cumplen condenas o prisión bajo procesos criminales en dicho país.
Consecuencias jurídicas
Sobre este acuerdo, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, dijo a un medio francés que se trata de un servicio de "alojamiento penitenciario" que ofrece el país, comparándolo incluso con el turismo médico.
"Cualquier país puede requerir los servicios de las instalaciones penitenciarias de El Salvador. Tenemos la capacidad para poder brindar ese servicio. Es una relación de carácter estrictamente comercial o financiero. Es una relación de prestación de servicio; es decir, no se trata de una exportación —como muchos lo han dicho— de un sistema carcelario", expuso Ulloa al Grand Continent.
Medrano recordó que se conoció que cada persona migrante, tenga registros de cargos criminales o no, que sea encarcelada en el CECOT representa para el gobierno salvadoreño un pago de $20,000 al año por parte de Estados Unidos.
Para el abogado Mauricio Maravilla, el vicepresidente intenta justificar legalmente algo que el gobierno no ha podido resolver.
"La Constitución de la República señala que ningún funcionario tiene más atribuciones que las que expresamente les da la ley y en el caso de los extranjeros enviados para ser encarcelados en El Salvador, no tenemos noticia de ninguna legislación que habilite a los funcionarios salvadoreños a proceder como lo están haciendo, por lo que están fuera del marco legal", expuso.
Agregó que hablar de "alojamiento penitenciario" da la idea de que estas personas vienen voluntariamente al país, sin embargo, no es así.
Maravilla reitera la pasividad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no solo a través de la Sala de lo Constitucional que debiera pronunciarse sobre la constitucionalidad de estos encarcelamientos, sino porque "no está claro bajo qué jurisdicción están".
Es decir, no se tendría claridad quién puede disponer de las personas enviadas a El Salvador, si los jueces estadounidenses o, estando en territorio nacional, los jueces de El Salvador que vigilan las condiciones en las cárceles salvadoreñas, según la Ley de Vigilancia Penitenciaria.
El presidente Bukele incluso ofreció canjear a los 252 venezolanos detenidos con el régimen de Nicolás Maduro a cambio que libere a igual número de presos políticos, lo que fue rechazado por Caracas y denunció que se trata secuestro y violación del derecho internacional.
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Según Ulloa, no ven que sea un tema de derecho internacional ni de conflicto internacional "en la medida en que está respaldado por la prestación de un servicio". Y dio a entender que la atribución de delito la establece el gobierno estadounidense. "La calidad de los internos o de la persona que viene no la califica El Salvador; la califica el Estado que pide la prestación de servicio", dijo.
Para el abogado constitucionalista, Enrique Anaya, la declaración de Ulloa "desbarata la defensa" que la administración Trump hace ante las cortes de EE.UU. respecto a que no tiene responsabilidad sobre los detenidos.
"Pues asegura que la "calidad" los prisioneros está dada por el "Estado que pide la prestación del servicio", es decir, para Ulloa, los prisioneros están bajo jurisdicción de EE.UU.", expuso Anaya en la red social X.
Cuestiona motivos
En términos políticos, Maravilla analiza dos escenarios: El primero es que "Bukele no tiene capacidad de oponerse si Donald Trump decide imponerle recibir extranjeros y meterlos en prisiones locales, aunque esto suponga para Bukele altos costos políticos y deterioro de su imagen a nivel nacional y extranjero".
El segundo escenario es que dada esa imposición, Bukele busque lograr algún tipo de beneficio, como el retorno de líderes pandilleros que salieron de El Salvador y hoy están bajo custodia de EE.UU.
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Medios internacionales revelaron el interés de Bukele de que envíen a cabecillas de pandillas y hasta ofrece un descuento del 50 % en el servicio carcelario a EE.UU.
"De cualquier manera, aunque en la interna salvadoreña hoy día parezca no haber ninguna consecuencia jurídica, los funcionarios involucrados en estas prácticas sí deberían tener en cuenta que sus conductas pueden estar violando tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos", expuso Maravilla.
La organización internacional Human Rights Watch (WRH) manifestó que podría estarse cometiendo desapariciones forzadas.
Maravilla también opinó sobre la declaración del vicepresidente cuando descarta que con la prestación de las cárceles salvadoreñas se esté cediendo soberanía a EE.UU.
"Si estamos cediendo soberanía en tanto permitiremos que jueces extranjeros decidan sobre personas encarceladas en El Salvador, también debería estar regulado, aunque sería un absurdo jurídico, al menos deberíamos tener claro los alcances y las limitaciones de los acuerdos firmados entre el gobierno de El Salvador y el de Estados Unidos", sostuvo Maravilla.