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El Salvador debía recibir segundo desembolso del FMI por $113 millones este 5 de mayo
Tenía que cumplir con los compromisos definidos con el FMI para marzo, que incluyen mejoras en transparencia y procesos de compras públicas. La Asamblea debe aprobar una nueva Ley de Sostenibilidad y Responsabilidad Fiscal este viernes.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) debía entregar este 5 de mayo al gobierno de El Salvador el segundo desembolso de unos $113 millones dentro de su programa de 40 meses, según el cronograma propuesto en el documento que el equipo de esa multilateral publicó a inicios de marzo, en el que se incluye información detallada sobre el programa.
Ni el FMI ni el Gobierno de Nayib Bukele anunciaron dicho desembolso en la jornada de ayer. El Diario de Hoy intentó comunicarse con el área de Prensa del Fondo. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no obtuvo respuesta. Este periódico también consultó a una persona ajena a la institución, pero que ha mantenido reuniones con el staff encargado de evaluar el programa con El Salvador y aseguró que no ha escuchado novedades al respecto.
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A finales de abril, Rodrigo Valdés, director del Hemisferio Occidental del FMI, aseguró en conferencia de prensa con medios internacionales que el gobierno de El Salvador ha estado haciendo "muchos progresos" por cumplir con sus compromisos en el marco del programa.
"Hay un importante ajuste fiscal que las autoridades están implementando. Al final se espera que este programa cree las condiciones para una mayor inversión privada y un mayor crecimiento en El Salvador", comentó.
Los compromisos
Para acceder a ese monto, la primera revisión exigía al Estado salvadoreño cumplir con varias obligaciones, como publicar la información fiscal integral de las empresas estatales y "los nombres y nacionalidades de los beneficiarios de todos los contratos públicos, junto con la información respectiva de los contratos".
Además, le solicitaba emitir regulaciones que limiten las excepciones que permitan la compra de bienes y servicios sin procesos de compra.
A juicio de expertos, el gobierno ha cumplido a medias estos requerimientos, pues dicha información fiscal de las empresas estatales se ha limitado al detalle de su estructura accionaria. En el caso del segundo punto, el sitio de COMPRASAL sí incluye ahora la información de un beneficiario final, pero solo se enlista si la persona es salvadoreña o extranjera. Fuera de eso no es posible descargar ningún expediente.
En el tercer punto solo se ha emitido un lineamiento por parte de la Dirección de Compras Públicas (DINAC), el cual no tuvo que pasar por aval de la Asamblea Legislativa. Tampoco han sido modificadas las leyes especiales que eximen a una institución o a un proceso específico de cumplir con la Ley de Compras Públicas. Por el contrario, la Asamblea Legislativa aprobó la semana pasada de manera exprés una reforma a esa normativa para excluir de su cumplimiento a las federaciones y asociaciones deportivas registradas en el Instituto Nacional de los Deportes (INDES).
El gobierno también debía adoptar y publicar un nuevo plan de negocios para detener el uso de fondos públicos por parte de Chivo Wallet, el que se debe hacer efectivo para finales de julio. Pero no ha sido posible ubicar dicho plan de negocios en alguno de los sitios oficiales públicos.
Por otro lado, la administración de Nayib Bukele debía enviar al personal del FMI una declaración firmada que liste e identifique "todas las direcciones públicas de billeteras frías y calientes y las cantidades correspondientes en propiedad o bajo el control del sector público".
Desde el FMI no se han manifestado si esta información fue entregada o no. Sin embargo, en la esfera pública, el Gobierno ha sostenido que sigue adquiriendo Bitcoin a pesar de que su acuerdo con el Fondo se lo impide.
El Diario de Hoy también ha ilustrado que esta aparente contradicción mediática se debe a que es muy probable que la billetera de Bitcoin que el presidente Bukele ha atribuido al Estado salvadoreño en realidad le pertenezca a Bitfinex, empresa origen de casi el 100% de las monedas alojadas en esta. No se ha hecho pública otra dirección por parte del Gobierno local.
Una nueva ley
El cronograma del FMI indica que la Asamblea Legislativa debe aprobar el 9 de mayo, este viernes, una nueva Ley de Sostenibilidad y Responsabilidad Fiscal.
Esta debe "incluir normas fiscales, cláusulas de escape claras, una vía de transición coherente con los objetivos del programa y normas para mejorar la credibilidad del presupuesto, incluido el análisis y la notificación anuales de los gastos fiscales".
Tiene como objetivo "mejorar el presupuesto, la credibilidad, la transparencia y la rendición de cuentas". En El Salvador, según expertos, el Presupuesto General de la Nación ha dejado de ser un instrumento de planeación y control de gastos, pues la administración Bukele, gracias a una asamblea de mayoría oficialista, hace decenas de modificaciones a lo largo del año.
No se ha informado si alguna comisión de la Asamblea Legislativa ha recibido alguna propuesta de una nueva ley como esta o de reforma de la existente.