Organizaciones exigen restablecer prohibición de la minería metálica

Diversas organizaciones y sectores sociales reiteran su demanda para que se restablezca la Ley de Prohibición de la minería metálica en El Salvador, que se aprobó el 29 de marzo de 2017 y se derogó con la nueva Ley General de Minería Metálica en diciembre de 2024.

Recordaron que la ley de prohibición fue el producto de años de lucha social e incluso ambientalistas que fueron asesinados.

“Consideramos válido recordar y reivindicar aquella gesta nacional que puso al país en vanguardia de la protección ambiental y nos convirtió en un ejemplo para el mundo por priorizar el agua, los ecosistemas, la agricultura, la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones por encima de los intereses de las corporaciones transnacionales mineras y sus apátridas socios locales”, dice el comunicado.

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Organizaciones sociales han presentado demandas de inconstitucionalidad contra la ley de minería ante la Corte Suprema de Justicia, acompañadas de miles de firmas de ciudadanos; se han realizado concentraciones frente a la Biblioteca Nacional (BINAES), se han lanzando campañas mediáticas, “plantones digitales” y diversas manifestaciones en Chalatenango, Cabañas, Morazán y La Libertad.

Dichas organizaciones han solicitado al gobierno y a la Asamblea Legislativa atender la postura de sectores científicos, expertos universitarios, líderes religiosos y grupos ambientalistas que han expresado su oposición a la minería metálica.

“Exigimos al gobierno escuchar las múltiples voces, así como dice escuchar la opinión de la población en otros temas”, agregaron.

Cabe destacar que pese a las notoritas manifestaciones de rechazo a la minería en redes sociales, el presidente de la República, Nayib Bukele, hace caso omiso a dichos comentarios.

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Tampoco la Asamblea Legislativa ha emitido comentarios sobre si estudiará o no la petición que le entregó la Iglesia Católica, acompañada por 150,000 firmas, para que se derogue la Ley de minería.

ADES Santa Marta y otras organizaciones exigen el cese a lo que consideran persecución contra los cinco ambientalistas de Cabañas, quienes enfrentarán la vista pública del segundo proceso judicial los días 9, 10 y 11 de abril de 2025.