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“Me siento perseguido, la Policía andaba mis datos” denuncia vocero de Movir
El dirigente de Movir, Alfredo Mejía, denunció una presunta persecución por parte del Estado. Esta es la segunda denuncia por parte de defensores de derechos humanos, en menos de 15 días.
El dirigente del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir), Alfredo Mejía, denunció a través de un video compartido en redes sociales que está siendo víctima de una presunta persecución por parte del Estado.
“Hago esta denuncia porque me siento perseguido ya que la Policía andaba todos mis datos, los datos de mi familia, tomaron fotos en el lugar (...) los motivos no lo sé, porque yo no le debo a la justicia”, manifestó.
Mejía relató que el pasado 13 de marzo llegaron a buscarlo al menos ocho policías a la dirección que tiene establecida como residencia, en la lotificación Miramar, jurisdicción de Nahulingo, Sonsonate.
“Si estoy en el Movimiento de Víctimas del Régimen no es que estoy defendiendo delincuentes, estoy defendiendo a mi hija que es inocente y por eso le he dado la cara a todos los medios de comunicación y nunca me he tapado el rostro”, manifestó.
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Mejía expresó su preocupación con relación a la criminalización por parte del gobierno de las organizaciones y movimientos sociales que no están legalizados.
“A nadie, a estas alturas, (el ministerio de) Gobernación le dará una legalidad de cualquier movimiento, por tanto, como el caso de Unidehc (Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios) que lo están acreditando como asociaciones ilícitas, a Movir lo pueden poner de esa misma forma” denunció.
El integrante de Movir aclaró que ese movimiento nunca ha recibido apoyo económico de ningún organismo internacional o de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), solamente el soporte de otras organizaciones de derechos humanos, que les han brindado asesoría jurídica y atención psicológica.
“Jamás a nosotros nos han ayudado económicamente, Movir se moviliza por sus propios medios por el dolor de sus familiares detenidos”, aseguró.
#URGENTE
— Movimiento de Víctimas del Régimen, El Salvador (@MOVIRSV) March 26, 2025
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Mejía se unió a Movir luego que en abril de 2022, la Policía detuvo a su hija luego que le pidieron el DUI y ella no lo portaba.
Los agentes le dijeron a la mujer que los acompañara al puesto policial más cercano para hacerle unas preguntas, pero hasta ahora sigue detenida.
“En la misma Constitución dice que yo tengo derecho a organizarme, todo y cuando lo haga pacíficamente y sin violencia, por eso yo ahora responsabilizo al gobierno central si hubiese una persecución o un atentado contra mi familia al no encontrarme a mí en la casa, ya que por motivos de seguridad y para investigar qué está pasando no estoy habitando en mi casa en estos momentos”, señaló.
El denunciante explicó que en su comunidad también tiene un liderazgo como presidente de la Asociación de desarrollo comunal (Adescomi), aunque por el momento no reside en el lugar, debido a que se ha mudado a la vivienda de una de sus hijas que tiene problemas de salud.
Esta es la segunda denuncia en menos de 15 días de presunta persecución a defensores de derechos humanos.
La directora del Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, denunció el jueves pasado la presencia sospechosa de dos agentes policiales afuera de su vivienda realizada la mañana del martes 18 de marzo.
Escobar relató que los policías le preguntaron cómo llegar caminando a una colonia de la zona, pero en realidad se transportaban en una patrulla, por lo que le pareció sospechoso y cree que la única intención era ubicar su lugar de residencia.
Por otra parte, detalló que el hecho sucedió un día después que ella había participado en un programa de una plataforma de comunicación en el que denunció que “el actual gobierno pactó con las pandillas en la implementación del plan Control Territorial y esa negociación se les cayó”.
“Yo quiero hacerle la pregunta al Estado, ¿Ustedes andaban queriendo confirmar mi lugar de vivienda o tienen pensado capturarme este día? Si es así ¿Por qué?”, cuestionó la defensora de derechos humanos.
Ingrid Escobar del @SJHumanitario denunció la presencia de dos agentes de la PNC a su vivienda, la cual considera sospechosa debido a las denuncias que ella ha realizado por presuntas violaciones a derechos humanos. @elsalvadorcom pic.twitter.com/wuRrWjSRNE
— Lissette Lemus ?? (@lissettelemusSV) March 20, 2025
En otro caso, la Fiscalía General de la República (FGR) capturó el 25 de febrero a Fidel Zavala, vocero de Unidehc, y posteriormente presentó una acusación contra la abogada Ivania Cruz y su colega Rudy Joya, encargados de esa organización.
Zavala está siendo juzgado en tres procesos distintos por delitos relacionados a estafa, mientras que los abogados han sido imputados por agrupaciones ilícitas y venta ilegal de inmuebles.
La Fiscalía sostiene que los tres defensores de derechos humanos junto con los habitantes de la finca La Floresta, que se habían organizado para no ser desalojados de un inmueble, constituyen una agrupación ilícita por no estar inscritos en el Ministerio de Gobernación.
?️#Video 3: Para el "operativo" de la captura de Fidel Zavala y los allanamientos ocuparon altos funcionarios de la @FGR_SV:
— Ivania Cruz (@IvaniaCruz15) March 4, 2025
✅La señora de vestido verde, era la que llamaban "Jefa" quién siempre mostró una aptitud hostil y prepotente.
✅La segunda señora es Sandra María Guidos… pic.twitter.com/DxsRja9DQw