El Salvador pagará más de $2,000 millones solo en intereses a partir de 2027, según FMI
Es año deberá desembolsar $2,198 en intereses de la deuda pública, el 5.4% del PIB. El factor clave es que el Gobierno deberá volver a pagar los relacionados con la deuda de pensiones.
El Salvador deberá pagar más de $2,000 millones cada año solo como intereses de su deuda pública a partir de 2027, según lo sostiene el equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que realizó un informe sobre las finanzas de la administración de Nayib Bukele, en el marco de un acuerdo por un crédito de $1,400 millones.
En 2027, El Salvador deberá destinar $2,198 millones de su presupuesto solo para cubrir esos intereses, lo que marca un aumento de $281 millones con respecto a 2026, según las previsiones del FMI.
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Esa alza se deberá en su gran mayoría al hecho de que el Gobierno volverá a pagar ese año los intereses relativos a la deuda con el Fondo de Pensiones, pues culminará el periodo de gracia de 4 años que inició en 2023.
Eso es lo que concluye Rommel Rodríguez, director del Área de Macroeconomía y Desarrollo de FUNDE, pues los intereses de la deuda externa aumentarán solo unos $30 millones. Sin embargo, los de la deuda interna (conformada, sobre todo, por aquella que se tiene con los bancos y con el Fondo de Pensiones) lo harán en $250 millones.

Que se deba pagar ese monto solo en intereses en un país como El Salvador es preocupante, dice Rodríguez, pues esa cifra es, por ejemplo, superior en $1,000 millones al presupuesto destinado al Ministerio de Salud en 2025.
"Es desproporcionado. Solo hay que revisar el mismo documento del FMI, que estima que ese pago de intereses equivaldrá al 5.4% del PIB en 2027… para comprender la magnitud de esto, creo que una persona puede hacer el ejercicio de imaginar cómo sería que tuviera que destinar el 5% de sus ingresos mensuales solo al pago de intereses", apunta Rodríguez.
Lo destinado solo al pago de intereses se alzará aún más en 2028, llegando a los $2,461 millones. Al siguiente ejercicio, aumentará en $2 millones. En 2030, decrecerá apenas en $50 millones, llegando a los $2,413 millones, que equivale al 5.2% del Producto Interno Bruto (PIB).
Para Carlos Acevedo, economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), esto representa un problema, pues en 2024 se destinaron unos $1,500 millones para el pago de intereses. Ya con esa cifra, ese pago se comió 36 centavos de cada dólar de lo recaudado por el Estado salvadoreño, sostiene.
"Lo más probable es que al superar los $2,000 millones se vayan a tener que destinar unos 40 centavos por cada dólar de lo que se recauda. Si no es que más",
Carlos Acevedo, economista
Esta realidad en el contexto de un programa como el suscrito con el FMI, de un ajuste fiscal en torno al 3.5% del PIB, plantea preguntas sobre si el Gobierno utilizará la obligada reforma de pensiones que realizará en 2026 para aminorar el peso de esos intereses.
Para Acevedo, esta opción no se mira tan clara en el horizonte, pues no pagar dichos intereses se traducirá en menos fondos para el sistema de pensiones.
"No le conviene al Gobierno hacer eso. Si hay descontento con solo que se tome prestado del Fondo de Pensiones, no me imagino que pasará si se hace una reforma para pagar menos en intereses", dice.
Rodríguez apunta a que el pago de estos intereses es lo que le da liquidez a las AFP para poder cancelar las jubilaciones. Sin embargo, no descarta que se pueda hacer algún tipo de reforma para que el Gobierno no tenga que destinar tamaña cantidad de dinero para ese concepto.
"Las administradoras de pensiones y el gobierno siempre llegan a un acuerdo. Pero tendría que haber un mayor flujo de recursos en favor de las AFP, como que se aumenta la edad de retiro o el tiempo de cotización. O que haya un boom en el mercado laboral salvadoreño", explica Rodríguez.
El problema fiscal de El Salvador podría ser todavía peor de lo que se avizora, según Acevedo, porque lo más probable es que todas las economías del mundo crezcan menos de lo esperado, como consecuencia directa de las decisiones tomadas por Donald Trump relativas a la imposición de aranceles. El Salvador no será la excepción.
Por ello, con una economía que crece menos habrá un flujo menor de ingresos para el Estado, lo que hará aún más complicado afrontar ese enorme peso de los intereses.
Una reforma obligada
Dentro del documento que el FMI divulgó sobre el acuerdo con el gobierno, el organismo señaló que la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) se agotarían en 2027, como consecuencia de la reforma de pensiones vigente desde enero de 2023.
La CGS es el fondo común con el que se pagan las jubilaciones cuando se agotan los saldos de las cuentas individuales de los pensionados. Todo trabajador aporta el 6% de su salario a alimentar dicha cuenta mediante su cotización.
Según el equipo del FMI, al aumentar las pensiones, la reforma puso los beneficios de las pensiones privadas, en promedio, por encima de los ahorros acumulados en las cuentas individuales, por lo que estas comenzaron a agotarse más rápidamente.
La reforma planteó un aumento del 30% a todas las pensiones, sin que para ello mediara ningún otro tipo de modificación, como garantizar una mayor rentabilidad en las inversiones.
"Como resultado, las AFP ya han comenzado a recurrir a la CGS para pagar las pensiones y el stock de activos en la CGS comenzó a disminuir en 2023. Según las proyecciones del staff, los activos de la CGS se agotarían alrededor de 2027", dice el informe publicado por la multilateral el 3 de marzo.
Ante ello, plantea que debe haber una nueva reforma, que tendrá como misión atacar el problema de las pensiones, al que Carlos Acevedo califica como el principal problema fiscal que tiene El Salvador.
Lo más probable, según múltiples expertos en el tema, es que se aumente la edad de retiro o el tiempo necesario de cotización, lo cual garantizaríaun mayor flujo de recursos.

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