La Corte de Cuentas debe ser independiente para combatir la corrupción, según el acuerdo con el FMI

Fortalecer la autonomía y la independencia de la Corte de Cuentas de la República (CCR) es parte de las acciones que exige el acuerdo al que llegaron el gobierno de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De acuerdo al documento divulgado por el Fondo "las mejoras en el clima empresarial dependerán del fortalecimiento de los marcos de gobernanza y de lucha contra la corrupción".

Justamente en el tema de la CCR, que es la entidad que por Constitución está encargada de la fiscalización de las entidades que administran fondos públicos, el acuerdo define que se debe trabajar en una reforma legal que le otorgue "un mandato claramente articulado de independencia y lucha contra la corrupción".

Exige alinear el mandato de la CCR con las mejores prácticas internacionales, como por ejemplo la Declaración de México de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), la cual consta de ocho principios básicos, entre esos la independencia de la autoridad superior de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), un mandato los suficientemente amplio para hacer auditorías, acceso irrestricto a la información, entre otros.

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Pero no solamente se debe alinear a esos principios, sino también seguir las indicaciones de la Declaración de Abu Dhabi, de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC), sobre el papel de las EFS en la prevención y la lucha contra la corrupción.

Esta nueva legislación tendría que presentarse a más tardar en diciembre de este año, según el plazo de vencimiento establecido en el acuerdo.

Cooptación de instituciones

Para especialistas, el tema la cooptación que existe de las instituciones de control de parte del gobierno hace difícil el cumplimiento de esta exigencia del FMI.

"Uno de los factores que condicionan la lucha contra la corrupción es la existencia de instituciones de control independientes que cumplan con las funciones establecidas constitucional y legalmente. Esta ausencia ha sido reiteradamente denunciada por la sociedad civil y organizaciones como Cristosal y no se resuelve con nuevas estructuras o más sanciones, sino con que los aplicadores de la fiscalización, independientemente de quien sea quien esté bajo la lupa, apliquen la ley", dijo la abogada Ruth López, jefa de Transparencia y Anticorrupción de Cristosal.

Advierte que el Ejecutivo no tendría la voluntad política de ceder ese control a personas técnicas e independientes.

"Porque el mantenerse en el poder implica que la corrupción en la gestión no sea investigada, revelada, sancionada y, sobre todo, que la población se mantenga al margen de esa información", dijo.

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, también señaló que en el país existe un problema de cooptación de las instituciones por parte del gobierno. "Lo que hace difícil que se pueda pensar que puedan actuar con cierto nivel de independencia y hacer su labor", dijo.

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Por su parte, el abogado Mauricio Maravilla recordó que desde 2021 la Asamblea Legislativa dominada por el partido oficial ha incumplido los estándares internacionales en el nombramiento de los funcionarios en elecciones de segundo grado, de que estos procesos sean abiertos y transparentes, con acceso de la ciudadanía a las hojas de vida de los aspirantes a cargos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General de la República, magistrados de la Corte de Cuentas de la República, entre otros. Tampoco se transparenta por la Comisión Política de la Asamblea los criterios de evaluación y elección para el nombramiento de estos funcionarios.

"Me temo que la búsqueda del acuerdo con FMI hizo al GOES prometer cosas que no serán posibles de cumplir, porque lo demostrado por esta administración desde sus primeros años va en contra de lo que ahora aparentemente quieren cumplir", expuso Maravilla.

También recordó que en la pasada elección de Fiscal general solo participaron dos personas: el actual fiscal, quien fue reelecto y otro abogado quien, según una veeduría de la elección, apoyó a una candidata de Nuevas Ideas en la elección municipal.

"Este ejemplo da cuenta del descrédito que estas elecciones tiene ahora y fortalece la percepción de que los nombramientos se dan a partir de intereses políticos. Es difícil pensar que en un entorno institucional con estas características las instituciones como la CCR, FGR y la misma Sección de Probidad de la CSJ puedan actuar con independencia y fortalezcan sus mecanismos anticorrupción", dijo Maravilla.

Ley anticorrupción

El FMI destaca como otro punto trascendental la lucha contra la corrupción y que como acción previa del acuerdo la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Anticorrupción el pasado 7 de febrero, pero entrará en vigor hasta agosto de este año. Dicha ley creó un Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (SINAC), integrado por las mismas entidades de control que ya existen.

De acuerdo al FMI, esta ley debe cumplir con estándares internacionales y principios establecidos por el G-20 sobre las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos. "Será fundamental garantizar que la ley se implemente rápidamente y que las declaraciones se publiquen de manera efectiva", dice el documento.

La ley obliga a funcionarios y empleados públicos a presentar una Declaración Jurada denominada "Informe de Activos y Pasivos" junto con su declaración de Renta cada año y no solo al inicio y fin de su periodo en la función pública.

Escobar comentó que algunas de las cosas que contiene esa ley "son cosas que el gobierno no está cumpliendo", como el acceso a la información.

"El punto es cómo va a poder implementar adecuadamente esta ley y cumplir con esa ley si la regulación actual que está vigente, la LAIP, no la cumple. Lo mismo con el tema de las declaraciones de patrimonio que no han presentado", expresó.

Por lo que considera más difícil que presenten declaraciones anuales y cuestiona quién las revisará y dará fe que estén correctas. El experto advierte que se emitió la ley "para salir del compromiso" con el FMI.

Y también se hizo una reforma al Código Penal para incrementar los años de prisión a los delitos relacionados a corrupción.

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Maravilla mencionó que la reforma introdujo un mecanismo de reducción de la mitad de la pena para imputados que proporcionen información sobre autores, cómplices o bienes obtenidos ilegalmente. "Sin embargo, se advierte que este tipo de beneficios podrían derivar en una justicia negociada y utilizada con fines políticos en un contexto donde la independencia judicial y fiscal es cuestionable. Una de las principales preocupaciones es que esta reforma podría fomentar la manipulación de denuncias", agregó.

La abogada López recordó que el gobierno terminó con la CICIES, se desarticuló el grupo anticorrupción de la Fiscalía, "y no actúan frente a las denuncias y avisos que la sociedad civil presenta ante la Sala de lo Constitucional en materia de compras públicas". Añadió que la CCR no investiga el uso indebido de recursos en PPI, caso Pegasus, Bitcoin y Chivo wallet y que el Tribunal de Ética Gubernamental no actúa ante casos de nepotismo.

El acuerdo con el FMI dice que "el fortalecimiento de la independencia de las instituciones de rendición de cuentas ayudará a reforzar un entorno empresarial propicio y a mejorar el Estado de derecho. Por último, es igualmente importante mejorar la transparencia y el acceso a la información, incluso mediante una aplicación más eficaz de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP)".

Divulga auditorías a alcaldías

El documento del FMI menciona algunas acciones que el gobierno reportó como realizadas, como la divulgación de auditorías de fondos asignados a la emergencia por COVID-19 y del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) en el sitio web de la CCR.

Sin embargo, al revisar el enlace proporcionado solo se encuentran exámenes a los fondos asignados a municipios por medio de dos decretos legislativos de 2020 para atención de la emergencia y no hay ningún informe del uso de cantidades millonarias por medio del FOPROMID por parte de instituciones del gobierno.