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Comité informa a la ONU sobre retrocesos en derechos sociales y ambientales en el país
Un comité formado por 11 organizaciones civiles envió un informe a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el retroceso de los derechos ambientales, sociales y culturales en el país.
El Salvador presenta múltiples retrocesos en derechos laborales, sociales y culturales, señaló el Colectivo EPU-DESC en un informe alternativo enviado esta semana al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El documento realizado por 11 organizaciones civiles fue enviado previo al cuarto Examen Periódico Universal (EPU), donde el Estado salvadoreño será evaluado en materia de derechos económicos, sociales y culturales (DESC).
En una conferencia de prensa, las organizaciones que conforman el colectivo EPU-DESC, explicaron que el documento enviado al Consejo de la ONU abarca el periodo de 2019 al 2024.
“El informe se basa en las recomendaciones que hicieron los diferentes Estados en el marco del tercer ciclo de la revisión del Estado salvadoreño, las cuales en su mayoría no han sido cumplidas”, declaró Elizabeth Estrada, integrante del colectivo.
Asimismo Estrada explicó que en el informe ha evidenciado la política de opacidad que hay en el país, en cuanto a la limitante de acceso a información pública.
El comité mostró su preocupación ante la ONU por el desmantelamiento progresivo de sindicatos, los cuales después de denunciar vulneraciones a derechos laborales, han sufrido amedrentamientos y despidos.
Por otra parte, señalaron los retrocesos en el sector agrícola, la nula aplicación de leyes ambientales, la precariedad en el sistema de salud y la baja tasa de asistencia escolar de la niñez, adolescencia y juventud, entre otros.
Alex Chavarría expuso sobre los retrocesos en los programas sociales enfocados en la agricultura familiar y abandono de las políticas públicas en beneficio del sector campesino, lo cual ha provocado un aumento de la pobreza rural.
En cuanto a las afectaciones al medio ambiente el colectivo denunció la inaplicabilidad de las leyes marcos normativos para la protección de los bienes ambientales y de las personas que los defienden.
“Ha sido necesario colocar dentro de este informe EPU los señalamientos ante la violación de derechos ambientales que estamos experimentando, que estamos viviendo, los despojos de nuestras tierras, de nuestros espacios”, expresó Claudia Rodríguez, sobre las afectaciones ambientales.