Evadir los controles de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) e implementar nuevos tipos de contratos con las empresas que hagan obras de infraestructura del Estado, así como consultorías, prestación de servicios profesionales, estudios de prefactibilidad, e investigación de suelos, entre otros, es seguir con el mismo modelo de “corrupción” que el actual gobierno de Bukele tanto ha criticado, cuestionaron diputados de la oposición.
Lo anterior lo señalaron al denunciar que esto mismo es lo medular que contiene la “Ley Especial para la contratación de obra pública con financiamiento incluido”, aprobada este miércoles en la Asamblea Legislativa con 65 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones.
El Congreso recibió la propuesta el pasado 15 de noviembre y en menos de 15 días la comisión de Hacienda legislativa tomó el acuerdo de aprobarla. Los diputados ratificaron el dictamen ayer.
Según lo aprobado, las obras públicas que estarán bajo la sombrilla de esta nueva ley especial son los proyectos de ingeniería civil y arquitectónicas como edificios, puentes, caminos, puertos, aeropuertos, presas, abastecimientos de agua, desagües y redes ferroviarias, entre otras de similar naturaleza.
$245 millones
ES EL MONTO APROBADO DE UN PRÉSTAMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO DEL TRAMO LOS CHORROS.
Se incluyen obras de ingeniería industrial tales como suministros, montaje e instalaciones eléctricas, mecánicas, comunicaciones y electromecánicas, plantas industriales y de tratamiento, motores y maquinarias industriales, estaciones generadoras, transformadoras, líneas de transmisión y distribución, instalaciones de circuitos de luz y fuerza centrales y redes radiotelefónicas, equipos de control, comando y señalización e instalación de aire acondicionado y redes hidráulicas, construcciones navales como barcazas, puentes provisionales y remolcadores fluviales.
Cabe mencionar que solo para el viaducto de Los Chorros y obras viales desde ese punto y a lo largo de la carretera Panamericana hasta el Sitio del Niño, la Asamblea ha aprobado al gobierno dos préstamos por un total de $411.8 millones.
$166 millones
ESTE DINERO TAMBIÉN PROVIENE DE OTRO CRÉDITO RECIÉN APROBADO PARA OBRAS ADICIONALES EN LA CARRETERA PANAMERICANA
Y que además, los diputados del oficialismo pretenden exonerar de impuestos a todas las empresas que participen de la ejecución de estos trabajos. (Ver nota aparte).
Para los parlamentarios Claudia Ortiz, de VAMOS, y Johnny Wright, de Nuestro Tiempo, este mecanismo sigue fomentando la “corrupción” que tanto ha cuestionado el actual gobierno.
Pasar por alto la LACAP es abrir la puerta para que funcionarios del gobierno otorguen contratos a “sus cheros y familiares”, lamentó Ortiz. Añadió que la LACAP fue diseñada precisamente para evitar ese tipo de acciones. “Gobiernos anteriores le dieron contratos a sus cheros y familiares ¿pero cual fue la solución del oficialismo? En lugar de hacer cumplir la ley, la dejaremos de usar”, criticó Ortiz.
Añadió que obliga a las empresas a asumir los costos del financiamiento de la obra pública, cuando estos montos ya deberían estar presupuestados en las cuentas del Estado.
“¿Acaso no hay dinero? Además se podrían estar comprometiendo flujos futuros, esto podría ser un problema. Parece que se están buscando formas de financiamiento cuando se dice que sí hay dinero y que sí alcanza, esto demuestra que el dinero no alcanza y que esta administración sigue insistiendo en no ser transparente, eso no le hace bien a nadie más que a la corrupción”, apuntó Ortiz.
El diputado Wright observa que en esta ley especial se están fomentando medidas anticompetitivas que podrían favorecer a ciertas empresas. “No hay igualdad de condiciones para competir, podría darse contratos a amigos dentro del gobierno o al mismo gobierno que tenga interés. Se aprobó de manera muy exprés por lo que representa, puede convertirse en una herramienta para contratos corruptos.”, señaló.
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Añadió que el gobierno asume un riesgo al permitir que sean las empresas oferentes las que decidan el costo de las obras, ya que el financiamiento de los proyectos proviene de deuda del Estado.
Esto se debe a que en el proyecto se establece que las empresas interesadas en ejecutar obras públicas, podrán proponer al MOP el monto de lo que necesitarán para ejecutar la obra, de dónde obtendrán los fondos y cómo los gastarán.
El economista Rafael Lemus apuntó que lo anterior da mucha flexibilidad a la empresa que se le asigne el proyecto; prácticamente es decirle al ofertante que el proyecto se le dará “a dedo y éste puede cederlo a un tercero”, expresó.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, explicó a los diputados que este nuevo modelo de contratación les permitirá “formular normativas especiales, extraordinarias y novedosas para financiamiento de las obras”.