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¿Cómo vamos a hacer nuestra vida en otro lugar? Residentes de Cuatro Vientos amenazados por desalojo

Unas 40 familias que están en riesgo de desalojo piden ayuda del gobierno para no perder sus casas y denuncian irregularidades en el proceso judicial.

Por Lissette Lemus | Oct 27, 2022- 06:00

Residentes de Cuatro Vientos amenazados por desalojo

María Julia Guillén y sus tres hijos se encuentran con la incertidumbre que no tienen a dónde ir, ante el riesgo de desalojo de su vivienda que han construido con mucho esfuerzo en la comunidad Cuatro Vientos, en el Cantón El Zapote, en el municipio San Luis La Herradura, departamento de La Paz.

Alba Díaz, presidenta de la Asociación de Desarrollo Comunal (Adesco) de Cuatro Vientos, explicó que son alrededor de 40 familias que se encuentran bajo amenaza de desalojo tras ser demandados judicialmente por una sociedad (empresa) privada que alega ser la propietaria de los terrenos, donde ellos han habitado por más de 40 años.

María Julia dice que no tiene otro lugar donde vivir. Foto/ Lissette Lemus

El 27 de mayo, los habitantes de Cuatro Vientos fueron citados al Juzgado de Paz de San Luis La Herradura por la demanda impuesta por la empresa que se ampara en la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles del 2009.

Un mes después de esa citación la empresa inició la inspección y medición topográfica de los inmuebles a solicitud del juzgado, para marcar los linderos según escritura presentada por los demandantes.

Los afectados a su vez, también hicieron una medición con el apoyo de peritos proporcionados por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD). En ambos casos, el terreno que la empresa reclama abarca una zona de manglares. “Lo que nos dicen los peritos es que las escrituras (con las que se ha demandado) fueron realizadas sin que viniera el CNR (Centro Nacional de Registro) a comprobar”, aseguró Díaz.

Irregularidades

Los afectados denuncian que han sido víctima de una serie de irregularidades en este proceso judicial, entre ellos, la manera en que una empresa obtuvo sus datos.

La presidenta de la Adesco relata que meses antes que fueran citados al juzgado, un grupo de policías encapuchados pasaron pidiendo datos de casa en casa, para ofrecer mejoras de viviendas y víveres, pero a cambio les pedían sus Documentos Únicos de Identidad y tomaban sus datos.

Santos Martínez, una señora de 84 años, explicó que a su casa llegaron varios policías a pedirles datos porque el gobierno les iba a ayudar a mejorar sus casas, por lo que la anotaron a ella y a sus dos hijos, ahora los tres se encuentran en lista de demandados por la empresa.

Gladis muestra donde pasa el lindero marcado por los últimos peritos. Foto/ Lissette Lemus

Gladis Sánchez Roque, quien tiene una propiedad en Cuatro Vientos que le fue donada en 2019 por las personas con las que trabajó su padre y ella, según consta en la escritura en su poder, también fue demandada por la empresa.

Gladis relató que igual ellos dieron sus datos porque les ofrecieron ayuda y ahora varios de su familia están demandados. La señora de 68 años explica que en la medición que hizo la empresa, su terreno no sale afectado, pero según la medición que hizo la Adesco con el apoyo de Fespad pierde la mitad de la casa de su hermana, en el mismo terreno.

Piden ayuda al gobierno

La presidenta de la comunidad explicó que ellos lo que piden es la ayuda del gobierno para que interceda para no ser desalojados. “El Estado puede comprarnos estas propiedades y tal vez no donarlas, si no venderlas a nosotros mismos”, dijo.

Los habitantes de Cuatro Vientos en su mayoría viven de la pesca, de la búsqueda de curiles, de hacer limpieza en ranchos privados o hacer trabajos en restaurantes de la zona. “Tenemos más de 40 años viviendo aquí ¿cómo vamos a hacer nuestra vida en otro lugar?”, agregó la presidenta de la Adesco.

María Julia igualmente relata con tristeza que como madre soltera ha hecho un esfuerzo enorme para construir su casa de ladrillo en la que vive con sus tres hijos y le preocupa pensar que se quedará sin casa.

“Nos vienen a arrebatar lo que hemos construido desde hace años”, se lamenta. La Adesco envió una carta a la ministra de Vivienda Michelle Sol, quien les respondió que “existen otras instituciones vinculadas a la problemática (…) las cuales deberán dar la asistencia debida a ello”.

Zona de manglar que será afectada. Foto/ Lissette Lemus

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