El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, vetó por “inconveniente” un pliego de reformas que fueron aprobadas por la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa para facilitar el comercio internacional en las Aduanas; un acto que según el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, es muy “íntimo” de Sánchez Cerén; del Secretario Jurídico, Francisco Rubén Alvarado Fuentes y de la Presidencia como tal.
La Comisión Intergremial para la Facilitación de Comercio (Cifacil) lamentó la decisión del presidente y la catalogó como un “grave error” que denota la “falta de interés por la ejecución de medidas para agilizar y simplificar las operaciones de comercio en las Aduanas”.
Cifacil aglutina a siete gremiales productivas como la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales y la Corporación de Exportadores, entre otras.
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El objetivo de las reformas era simplificar los trámites que realizan los comerciantes que trasladan sus mercaderías en los puestos fronterizos de El Salvador, debido a las quejas constantes del sector de que hay mucha burocracia en los tiempos de permanencia en las Aduanas, lo cual les genera grandes pérdidas económicas.
“Ante una situación económica tan crítica que estamos atravesando los salvadoreños, agravada por la actividad productiva que se ha visto vulnerada, generando el retiro de diferentes líneas de producción y cierre de empresas, debido a la pérdida de competitividad y la engorrosa tramitología en el comercio, guardábamos la esperanza que se hubiera sancionado el decreto y contribuir a la tan esperada generación y retención de empleos que tanto demanda nuestro país”, lamentó Cifacil en un comunicado.
Razón del veto
En el documento enviado por el presidente a la Asamblea, el mandatario consideró que el Decreto Legislativo 654 es “inconveniente” porque introduce supuestos que podrían facilitar el cometimiento de ilícitos, tiene inconsistencias en el proceso simplificado para la exportación de muestras comerciales y es incongruente en algunos plazos y reformas establecidas.
Además, detalla el documento, hay contradicciones por mal empleo de términos y también se generan conflictos entre las reformas, entre otros. “Es oportuno manifestar que el país necesita de reformas más profundas que incluyan un análisis técnico sobre alternativas que mejoren todos los aspectos vinculados al comercio internacional”, expresó Sánchez Cerén en el documento.
Ayer, el ministro Cáceres, quien fue convocado de urgencia al pleno legislativo por la comisión ad hoc a raíz del veto, objetó de que la Asamblea no debe “confundir” el tema de la facilitación de los trámites con el hecho de que algunos transportistas se rehusan a pagar los 18 dólares por las inspecciones de rayos X para evitar el contrabando.
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Según el funcionario, el veto presidencial pudo deberse a que siendo un tema hacendario, los diputados de la comisión especial no pidieron la opinión técnica a las instancias correspondientes, pese a que es un proceso que siguen todas las comisiones legislativas antes de aprobar reformas a los cuerpos de ley vigentes.
Agregó que si bien Hacienda tiene la mayor parte de la responsabilidad sobre los procesos aduaneros, también hay otras instituciones relacionadas en el quehacer fronterizo que deben participar, entre ellas Migración, Sanidad Animal y Vegetal, la Policía, la DEA, los ministerios de la Defensa y Agricultura.
El ministro Cáceres aseguró ayer que los ejes bajo los que se desempeña el trabajo de la Dirección General de Aduanas (DGA) consisten en la facilitación del comercio, controles de las mercancías y la garantía de la cobranza correspondiente; y “ninguno de los ejes puede tener énfasis sobre otro”.
El paso por la frontera ha sido agobiante para los transportistas por todos los problemas que se presentan debido al mal servicios de aduanas.
Goes envía mal mensaje
La presidenta de Cifacil, Carmen Aída de Meardi, explicó que es un mal mensaje el que envía el mandatario al no aprobar un proyecto que había sido consensuado con todo el sector privado, y que asegura contiene reformas encaminadas a avanzar en la adopción de medidas concretas para facilitar la actividad importadora y exportadora, y ayudaría a superar el estancamiento del comercio exterior en todo el país.
Para la directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), Silvia Cuéllar, “si la reforma tenía algunos errores, que no estaba bien hecha”, lo más oportuno que podía hacer Sánchez Cerén era observarlas, porque con el veto, dijo, es “como volver al principio, a como estábamos”.
“En todo caso, se hubiera observado, dando así una señal de apoyo a este tipo de iniciativas”, señaló.
Para los diputados, el veto del presidente perjudica la inversión y la generación de empleos y, además, contraviene tratados para la facilitación del comercio internacional que el país ha firmado como la Convención de Bali.
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Cifacil también advirtió que mayores obstáculos al comercio internacional también repercuten en el congelamiento de proyectos de ampliación de inversiones, la posibilidad de cerrar empresas y, de manera eventual, en el consecuente desempleo de mano de obra salvadoreña.
La cámara de gremiales, que en reiteradas ocasiones ha denunciado la falta de comunicación y cooperación de la nueva administración de Aduanas, insistió en que el objetivo de las reformas es hacer más expeditos los procesos en las aduanas y enfatizó que “de ninguna manera sacrifican la recaudación fiscal ni el control aduanero”.
De acuerdo con Cifacil, las mejoras logradas a través de esta reforma se concentran en el procedimiento simplificado, en el servicio aduanero prestado a través del uso de equipos de inspección no intrusiva o invasiva y en el proceso de emisión de resoluciones, entre otros.
En reiteradas ocasiones, los representantes de las instituciones agremiadas a Cifacil han expuesto sus quejas contra Aduanas.
Reiteran llamado
El sector privado reiteró su llamado al gobierno para que “asuma con responsabilidad la necesidad imperiosa de establecer acciones concretas en materia de facilitación del comercio exterior”.
Para los empresarios, es fundamental “pasar del discurso a la acción”, pues solo así el país logrará mayor crecimiento económico y desarrollo social.
Esta misma semana, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centro América y el Caribe (FECAEXCA), que agrupa a más de cinco mil exportadores del Istmo, hizo un fuerte llamado a los Gobiernos de la región, especialmente a Guatemala y El Salvador, para que tomen medidas definitivas que agilicen el problema de retrasos en las aduanas.
LOS ALEGATOS DEL VETO PRESIDENCIAL AL DECRETO 654
VENCIMIENTO DE PLAZO EN DÍA INHÁBIL En el documento, el Presidente señala que según la reforma Propuesta, las mercancías deben ser despachadas dentro del plazo de las 24 horas posteriores a su llegada, sin importar si el plazo vence en día inhábil.
CONTRADICCIÓN EN ART. 11-A
Presidente dice que al modificar término de “ingresarán” por “asignarán” en el tipo de mercancía que solicitan retirar, es imposible cuantificar y por lo tanto “obscurece el texto de la ley”.
EN PROCESOS DE EXPORTACIÓN DE MUESTRAS COMERCIALES
Si las muestras comerciales cuyo valor sea inferior a $500 se liquidan 3 días después de la exportación, se anula el control aduanero e imposibilita la revisión física, favoreciendo al contrabando.
FACILITARÍAN COMETER ILÍCITOS
Las nuevas maneras para saber si se hará verificación inmediata de lo escrito en la declaración de mercancías y dar 24 horas para todo el proceso, podría fomentar cometer ilícitos y un retroceso en buenas prácticas adoptadas
INCONGRUENCIA DE PLAZOS
Reformas agregan plazo de 5 días hábiles para emitir las resoluciones sobre verificación inmediata pero no define qué tipo de resoluciones, ya que en los procesos de despacho no se emiten a menos que inicie proceso sancionador.
CONFLICTO DE REFORMAS
Plantea reducir a la DGA plazos para responder, y al declarante el plazo para presentación de alegatos y pruebas de descargo de 15 a 5 días, pero no considera la complejidad de las pruebas que incluso pudieran ser requeridas al extranjero.