El grupo de sindicalistas que durante la marcha del 1 de mayo presentaron su propuesta para la reforma de pensiones , propusieron un sistema mixto, igual que el proyecto presentado por el gobierno en febrero de 2016.
El sistema mixto planteado tendría dos componentes: uno privado que seguiría administrado por las AFP y uno público administrado por una “institución autónoma financiera” denominado “INAPS”.
“La propuesta tiene tres ejes básicos como son la ampliación de la cobertura, mejorar las pensiones y darle sostenibilidad financiera”, aseguró el directivo del Sindicato de Trabajadores del INPEP, Patricio Pineda, durante la entrevista matutina de Canal 10.
De acuerdo con el sindicalista, la única forma para ampliar la cobertura del sistema es incorporando al sector informal, por lo que se propone que para darles “un incentivo” para cotizar, el Estado adoptaría el rol de empleador aportaría parte de dicha cotización.
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Según Pineda, por ejemplo, en un primer año se incluirían unas 50,000 personas de la informalidad en el subsector de cuenta propia, que si ganan $300 al mes, se les “retendría” un 6% (5% para la cotización y 1% para el seguro social) y el Estado podría el otro 5%.
Estiman que las cotizaciones de los informales en conjunto sumarían $9 millones al año y la cobertura pasaría del 23% actual al 32%.
“Esta propuesta es la única de todas las propuestas, incluso la del gobierno, que habla específicamente cómo incorporarlos con el respectivo incentivo. La manera de asegurar esto es la asociatividad”, añadió Pineda.
Otras de las propuestas de los sindicalistas incluyen elevar cotización del 13% al 14%, retomar la “pensión anticipada” (en la que pese a no contar con edad biológica de jubilación, si cuenta con 35 años de cotización la persona se puede pensionar) y que el fondo de ahorro de pensiones esté disponible solo para inversiones locales porque las tasas de interés rondarían en el 10%.
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Además, las mujeres en etapa post parto no perderían los meses de cotización al tener licencia de maternidad y las viudas, pese a casarse de nuevo, tampoco perderían la pensión de su primer esposo.
Los sindicalistas esperan llevar el proyecto a la Asamblea Legislativa “lo más pronto posible, en un par de semanas”.