El expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), Nicola Angelucci, está en desacuerdo con que se haya abierto un proceso judicial partiendo de “una novela radial que se inventó el expresidente Mauricio Funes”, así como con la resolución a la que arribó en cinco días de audiencia, el juez interino Cuarto de Instrucción.
Inconforme con el fallo, Angelucci asegura que ha apelado ante la Cámara Primera de lo Penal la resolución que lo manda a juicio a él y a Sigfredo Armando Figueroa Salinas, exdirector de Infocentros, acusados de los delitos de peculado (desvío de fondos públicos) y negociaciones ilícitas. El sistema de justicia salvadoreño le pide cuentas por el supuesto desvío de 6 millones 173 mil dólares cuando estaban a la cabeza del BMI y la red de Infocentros, respectivamente, entre 2002 y 2008.
A juicio de la Fiscalía no hay registros de las inversiones de esos fondos y que la Asociación de Infocentros no estaba facultada por ley a recibir recursos públicos. Pero Angelucci dice que las pruebas contables de la inversión sí fueron presentadas pero que la Fiscalía las retiró porque no le convenían.
¿Cual fue el planteamiento de la Fiscalía?
La Fiscalía pidió al juez que no se admitiera uno de los informes periciales contables. Fiscalía entregó actas en que el Banco Central de Reserva aprobó el presupuesto y las memorias del proyecto de los Infocentros, pero después, al ver que no le favorecía pidió retirarlas. En esas pruebas (retiradas) quedó demostrado que todo era de dominio público y de otras instituciones.
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El juez Cruz Vásquez Ramírez, suplente de los tribunales especializados de sentencia de San Salvador, será quien conozca el caso.
En un interrogatorio preguntó al exministro de Educación, Franzi Hato Hasbún si se cumplió el proyecto: él contestó que no, ni me interesa, porque no tenemos registro. Después, preguntó al ministro que sustituyó a Hasbún, Carlos Canjura: usted reitera lo dicho por Hasbún? Canjura contestó: No, el proyecto se cumplió en forma como lo pactaron, aquí están las listas de más de 3 mil personas que fueron certificadas en formación digital.
Más adelante del proceso, Fiscalía solo tomó las declaraciones de Hato Hasbún y no las de Canjura porque nos beneficiaba a nosotros.
¿Cómo valora los argumentos del juez que los envía a juicio a usted y a Sigfredo Figueroa?
Es lamentable lo que pasó en esa audiencia, además, un poco decepcionante. Estuvimos cinco días en audiencia y con los argumentos vertidos por la defensa, abrigábamos la esperanza de que el juez se atreviera a dar un sobreseimiento , sin embargo, no fue así. Los fundamentos del juez para dictar su resolución fueron muy breves, en tres minutos dijo que decidía pasar el proceso a la siguiente instancia de Sentencia, porque veía indicios de un posible delito, sin más o menos argumentos. Pero algún argumento o valoración que refleje un profundo análisis del porqué tenía que pasar el caso a juicio, no la vi.
¿Cómo valora al juez que conoció y resolvió su caso a última hora?
El juez Rigoberto Chicas, del Cuarto de Instrucción, fija una fecha para la audiencia preliminar, nos enteramos el día (de la audiencia), que el juez Chicas había decidido cubrir una vacante en una Cámara Especializada y dejó aventado un caso que llevaba un año en instrucción y en su lugar apareció un juez suplente de San Sebastián, San Vicente, quien en cinco días le tocó oírnos y revisar en dos semanas 120 mil páginas del caso, algo imposible. Cabe preguntarse: ¿qué juez puede echarse ese problema?, y aunque en un caso de corrupción donde no se ha perdido dinero, donde no nos acusan de habernos aprovechado de nada. Pero al ver un cuarto lleno de cajas y le toca actuar sobre ello, a cualquier juez le tiembla la mano, tomar una decisión.
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De acuerdo con los juzgadores, el titular del Ministerio Público ha realizado "injerencias, señalamientos y amenazas indebidas contra la independiencia judicial".
¿Apeló esa resolución ante un tribunal superior (Cámara). Cuáles son los principales fundamentos de la apelación?
La falta de acción de la Fiscalía que ha formulado mal la acusación. A mí, técnicamente me están acusando de peculado, pero quien tomó las decisiones por el BMI no fui yo, sino la Junta Directiva . Me acusan de que yo permití que ella tomara decisión de un acto que no era legal, lo cual es falso, porque en su momento sostuve que todo era legal y sigo sosteniendo que es legal; sin embargo, la formulación del delito por parte de la Fiscalía es equivocada y errónea. Todos los convenios cumplían los objetivos de la Ley del BMI: fomentar la inversión privada, con especial énfasis en la micro y pequeña empresa, servicios de educación y salud. Hubo fiscalización de la Corte de Cuentas, de Superintendencia del Sistema Financiero y del Banco Central y nunca observaron, los convenios.
¿Usted niega que hubo delito en su gestión?
Para mí y la defensa, este es un caso escandaloso, una novela creada por un gobierno (de Funes) que se caracterizó por difamar las políticas de un gobierno anterior, en un sistema injusto donde se cometen abusos y que denunciamos.
¿En qué consistió la Red de Desarrollo?
La red de desarrollo fue conceptualizada en el desarrollo del programa de gobierno en 1999. Destacan tres acciones: el desarrollo de infocentros, el desarrollo de una red de información financiera y otros servicios del gobierno tomando como base los convenios.