15,700 homicidios durante gobierno de Sánchez Cerén

Estos tres años del segundo gobierno del Fmln, se convierten en los más violentos en la historia reciente del país.

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Por David Marroquín nacional@eldiariodehoy.com

2017-05-27 5:00:11

A pesar de que las autoridades de Seguridad Pública aseguran que la violencia criminal ha bajado más del 50 por ciento en los primeros cuatro meses de 2017 con respecto a los mismos períodos de los últimos dos años, la cifra acumulada del gobierno de Salvador Sánchez Cerén, de 15,704 homicidios, supera por mucho a sus antecesores Elías Antonio Saca y Mauricio Funes en sus primeros tres años de mandato.

La violencia criminal, la mayoría causada por las pandillas según las autoridades policiales, se desbordó tanto en los dos primeros años de este gobierno que los índices llegaron a niveles que nunca antes se habían registrado en la historia reciente salvadoreña, a pesar de que la seguridad pública en este gobierno de Sánchez Cerén ha recibido los presupuestos más altos desde que se creó la Policía Nacional Civil (PNC).

Todos los indicadores de medición de la violencia fueron superados con creces al menos en los dos primeros años. Cifras récord del crimen, sin registros en las estadísticas oficiales.

Según las cifras del Instituto de Medicina Legal (IML), un total de 15,704 personas murieron a raíz de la violencia desatada en 1,064 días del segundo gobierno del partido de izquierda FMLN.

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De ese total, 2,444 homicidios corresponden al período de junio a diciembre del 2014.

Al año siguiente, la violencia se profundizó tanto que causó 6,656 víctimas, un récord letal.

En el primer trimestre del 2016, la violencia se mantuvo
en niveles alarmantes. Solo en ese período se registraron 2,010 homicidios de los 5,278 que ocurrieron en ese año.
La peor época vivida por los salvadoreños por el desborde de la violencia fue justo al cumplirse el primer año de gobierno de Sánchez Cerén.

Los últimos ocho meses del 2015 se registraron 5,111 crímenes, es decir el 77 por ciento de los 6,656 asesinatos registrados en ese año.

Solo en esa época se registró un promedio por mes de 730 crímenes; mientras que el promedio por día fue de 21 homicidios, de los cuales solo el 3 por ciento se llega a encontrar a los culpables.

Agosto del 2015 ha sido el mes con la mayor expresión de la violencia. En los 31 días de ese mes, 918 personas fueron asesinadas, es decir, que 31 personas se convirtieron en víctimas de la violencia por día.

Los más de 15,700 homicidios en los tres años de Sánchez Cerén significan en promedio que 14 personas fueron asesinadas por día, una cifra muy superior a los promedios que se registraron en el mismo período de las administraciones presidenciales de Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.

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En el período de este último se tuvo 11 homicidios por día; mientras que en la gestión de Saca fue de 10 por día.
En términos generales, en los tres primeros años del gobierno de Saca, asesinaron a 11,004 personas; mientras que en el mismo período de Funes, la violencia causó la muerte de 12,351 personas.

Cifras divulgadas por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) citando como fuente el IML destaca el comportamiento de la violencia entre los años 2007 y el 2015, en el que se observa un crecimiento de este problema en el orden del 90 por ciento. En el 2016 hubo una baja con respecto al 2015, pero aún así ha sido el segundo año más violento y todavía así superó a los años anteriores al 2015 que ha sido el año en el que más homicidios se han registrado en el país.

Este mismo año la tasa de homicidios creció un 102 por ciento con respecto al 2008 que tuvo 52 homicidios por cada 100,000 habitantes.

En el año 2015, la tasa de homicidios alcanzó la cifra récord de 104 crímenes por cada 100,000 habitantes, la mayor a nivel mundial en ese año. El año pasado, la tasa se redujo a 82 asesinatos, pero aún es una “cifra muy alta” como dijo John Huvane, director de la empresa de seguridad ciudadana del exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani.
Para Huvane, quien recién estuvo en El Salvador para ratificar la importancia de impulsar las más de 50 recomendaciones del “plan Giuliani” para reducir los altos indices de violencia en el país, es mucho más preocupante que se tenga una tasa de 67 homicidios de menores y jóvenes por cada 100,000 habitantes. “Es una cifra horrorosa”, dijo Huvane .

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La semana pasada, las autoridades de Seguridad Pública aseguraron que las medidas extraordinarias en el sistema carcelario, vigentes desde marzo del 2016, han reducido los homicidios, las extorsiones y el robo de vehículos; entre otros.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, sostuvo en esa oportunidad que la reducción de la violencia obedece a una mejor operatividad de la Policía y al abordaje integral de la violencia.

Agregó que los homicidios han tenido una baja del 53 por ciento para este año con respecto al 2016. También aseguró que las extorsiones tuvieron una reducción del 27 por ciento y el robo de carros un 53 por ciento con respecto al 2016.

 

 

 

 

Avila: falta política pública sostenible
El diputado por ARENA y exdirector de la Policía, Rodrigo Avila, asegura que la falta de una política pública de seguridad consistente y sostenible y la falta de capacidad de las autoridades de Seguridad por debilitar la fuerza potencial de la violencia de las pandillas son dos de los factores que han profundizado el problema de la violencia y en especial la generada por esos grupos.

“Si lo vemos en términos de índices, la violencia no ha bajado, la violencia básicamente ha regresado a lo que fue en los años antes de 2015 que ha sido el año mas violento”, dijo Avila, y sostuvo que “ellos (gobierno) están contentos al decir que han reducido los homicidios el año pasado, sí, pero estamos mucho más altos que en el pasado. Se han reducido los homicidios pero han aumentado los desaparecidos”.

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Avila señala que El Salvador tiene una de las tasas de desaparecidos más altas del mundo. “De los países que no tienen conflicto armado interno, somos el país con mas desaparecidos en el mundo y somos un país bien pequeño”, dijo Avila.

Asegura que este gobierno “no ha tenido la capacidad de poder bajar la fuerza potencial de violencia de las pandillas, sino al contrario, la fuerza potencial de las pandillas ha aumentado enormemente”.

Esa fuerza potencial de violencia de las pandillas solo se puede desaparecer, según Avila, al recuperar los territorios ocupados por esos grupos “paso a paso y lugar por lugar. No se puede hacer en lugares que estén rodeados o haya una saturación del problema”.

Agrega que “no se tiene que hacer en grandes extensiones, se tiene que buscar municipios que puedan encapsularse y atenderse para extraer al cien por ciento a las pandillas y darle un tratamiento social a los parientes de los pandilleros”.

Avila sostiene que “es mejor liberar al 100% un lugar pequeño que liberar al 10 % un lugar enorme porque el sitio enorme inmediatamente se contamina por el entorno cuando regresan los pandilleros y al final los pandilleros del entorno generan los problemas”.

El criminólogo y columnista de El Diario de Hoy, Carlos Ponce explica el aumento de los homicidios en estos tres años en tres direcciones. “El gobierno convirtió los homicidios en una moneda de cambio en el marco de su negociación con los principales cabecillas pandilleros”, asegura Ponce y agrega que “bajo esta dinámica, la incidencia de homicidios fue utilizada por las maras como mecanismo de presión para someter al gobierno y posicionarse ventajosamente en su interacción con las autoridades”.

En segundo lugar, el criminólogo destaca que “los funcionarios del aparato de seguridad gubernamental han sido nombrados no por la idoneidad de su trayectoria, formación y capacidad para el cargo, sino por su afinidad política y partidaria”.

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Señala que “el partido oficial prioriza la consecución de sus objetivos e intereses políticos y partidarios en detrimento de la seguridad ciudadana”.

En ese sentido, Ponce considera que “la instrumentalización del tema de seguridad para lograr objetivos políticos ha sido recurrente y notoria (por parte del partido oficial)”.

El caso más emblemático y significativo -dice- “es la negociación con estructuras delincuenciales para obtener beneficios electorales. El pacto alcanzado entre el oficialismo y las pandillas para ganar elecciones ha dejado al descubierto la falta de prioridad de la que adolece la seguridad ciudadana”.