Surgen más acusaciones por alteración de decretos

ARENA no sólo pide la destitución del jefe de la Unidad Técnica, Alejandro Solano, sino que exige que los directivos acepten su responsabilidad en los hechos.

Los pecenistas Antonio Almendáriz y Dagoberto Marroquín y todas las bancadas opositoras ignoraron la petición arenera para destituir a Alejandro Solano.Foto EDH

La historia sobre los decretos legislativos alterados no se ha terminado de escribir, a pesar de que dos técnicos de la Asamblea son los responsables de esos actos.

La fracción de ARENA está convencida de que la Junta Directiva es culpable de que se favoreciera a los narcotraficantes con el manoseo del concepto de un artículo de la Ley Antidrogas.

Mientras, el diputado del PCN y empresario de buses, Elizardo González Lovo, sospecha de la participación del arenero Roberto d’Aubuisson en la alteración del decreto en favor de los buseros.

Ninguna de esas dos hipótesis está contemplada en el documento que elaboraron los vicepresidentes legislativos, Manuel Melgar (FMLN) y Francisco Merino (PCN), sobre las adulteraciones.

En el informe se recomienda la destitución de los asesores jurídicos Nelson Meléndez y Alejandro Sáenz; pero no la del jefe de la Unidad Técnica, Alejandro Solano, a pesar de que ARENA y hasta Melgar sospechan de él.

Irregularidad

Más que aclarar lo que pudo haber pasado, los resultados de la investigación dejan al descubierto el afán de los directivos por ocultar la negligencia de sus acciones y la de otros empleados administrativos.

En el informe, advierte d’Aubuisson, no se menciona la omisión que cometieron por firmar una la Ley Antidrogas que rompía el formato que deben llevar los decretos, el cual consiste en que cada hoja tenga impresa el número del decreto en la esquina superior derecha.

Ese detalle tan simple se le pasó por alto a la Unidad de Revisión, dirigida por Solano y a la Gerencia de Operaciones Legislativas, que se encarga de pedir las firmas de los directivos en los documentos aprobados y luego trasladarlos a Casa Presidencial.

De haberse percatado, apunta d’Aubuisson, el colaborador Alejandro Sáenz hubiera tenido que elaborar un texto acorde con las reglas internas.

“¿No se fijaron (de ese detalle)? ¡No puede ser! La Junta Directiva pecó por omisión. ¡O todos en la cama o todos en el suelo!”, manifestó el arenero.

Contraataque

A Elizardo González Lovo, secretario directivo, le tienen sin cuidado las acusaciones que puedan hacer los areneros sobre el trabajo de Merino y Melgar.

“¡Es sólo un informe! Ellos (los vicepresidentes) hicieron una recomendación y hacen un gran alboroto como si la Junta Directiva ya resolvió”, comenta.

Son los directivos lo que decidirán si despiden a Meléndez, Sáenz y Solano o, simplemente, les imponen una sanción por lo ocurrido, porque, a su juicio, no se ha dicho toda la verdad.

Así, González Lovo desmiente que él haya influenciado a Nelson Meléndez para que alterara el decreto a favor de los transportistas, como se deja entrever en el informe.

Y, por el contrario, sospecha de que d’Aubuisson pudo haber sido cómplice de que el técnico de la Comisión de Obras Públicas omitiera el último inciso del decreto votado.

Esa parte reforzaba la decisión que tuvo la Asamblea al derogar el decreto 739, que obligaba los buseros a firmar un contrato de concesión con el Viceministerio de Transporte.

Roberto d’Aubuisson se remite a las pruebas. “Ahí están los vídeos y el testimonio del técnico. ¡Yo no tengo nada que ver!”, expresó.

Meléndez sostuvo que elaboró el decreto según los datos que González Lovo le trasladó. Éste último sostiene que sólo le pidió que transcribiera el texto tal y como lo aprobó el pleno.