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Retomarían antigua ley contra vagos

La extinta Ley de Peligrosidad podría ser una alternativa para enfrentarse a las pandillas, aunque fue derogada porque se prestaba a abusos.

Edward Gutiérrez
El Diario de Hoy

nacional@elsalvador.com

El Fiscal General, Belisario Artiga, no descarta resucitar la Ley de Peligrosidad derogada en 1997. Foto: EDH/Franklin Rivera

Fue anulada por “considerarse una normativa impropia de países civilizados”, pero el Fiscal General, Belisario Artiga, dijo que podría considerarse para el combate delincuencial.

Se llama Ley del Estado Peligroso y fue emitida en 1948 y derogada en 1997. Estaba destinada a sancionar a vagos y sujetos propensos a delinquir.

El último que quiso aplicarla en 1992, por el auge de la criminalidad de posguerra, fue el entonces presidente de la Corte Suprema, Mauricio Gutiérrez Castro, pero se topó con la fuerte resistencia de los grupos de defensa de los derechos humanos.

La firma de convenios internacionales en esa materia inhibió también a El Salvador de aplicar la ley aunque estuviera vigente.

“La ley se derogó a raíz del nuevo proyecto de reforma penal, pero eso no quiere decir que no podamos regular esa peligrosidad que la Constitución determina en el artículo 13”, añadió el fiscal Artiga.

Aquellos que a criterio de las autoridades lucían cual vagos, ladrones o vagabundos, iban a parar directamente a la cárcel.

Para ello existía un juez especial de policía que determinaba el tiempo de los arrestos o las multas.
Agrega que para muchos la Ley del Estado Peligroso fue efectiva porque combatió a la delincuencia común, pero se prestó a abusos porque fue utilizada por unos contra otros por el simple hecho de “que alguien le caía mal”.

Arrasaba con los peludos y tatuados

La Ley del Estado Peligroso fue emitida a finales de la década de los 40.
- Dedicada al combate contra la delincuencia común, juzgaba sobre todo por la apariencia.
- Las personas que pululaban de noche luciendo cabello largo, tatuajes o sucias, eran arrestadas.
- Eran puestas a la orden de un juez de policía que establecía el arresto o una multa.

 

 

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