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Funcionaria
reconoce labor del padre Tamayo
Fiscal denuncia falta de control hacia taladores
La
historia del sacerdote salvadoreño, José Tamayo, el
defensor de los bosques, trae al ruedo la pregunta: ¿Qué
está haciendo el gobierno hondureño para preservar
sus recursos naturales?.
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| Clarisa Vega de Ferrer, fiscal especial
del medio ambiente, dice que se está trabajando. Foto:
EDH/Lissette Moreno |
La carretera ha devorado los kilómetros y la historia del
padre José Andrés Tamayo sigue su curso entre los
cerros de Salamá, Olancho.
Él continúa su lucha y planea, para los próximos
días, nuevas marchas pacíficas de protesta. Sigue
adelante, entre los quehaceres cotidianos de su parroquia.
Oficiar misas, dar talleres y capacitaciones, ensayar con el coro.
Pero también, vivir y denunciar las carencias de sus comunidades.
A un par de cientos de kilómetros de Salamá, la fiscal
Especial del Medio Ambiente de Honduras, Clarisa Vega de Ferrer,
afirma lo que su gobierno está haciendo por preservar los
recursos naturales.
Pero lo define en palabras sencillas y contundentes: “el gobierno
hondureño guarda silencio”.
Desde hace dos años, se ha tratado de impulsar la veda en
el departamento de Olancho, pero la resistencia es fuerte.
Según la fiscal, el Ejecutivo cree que se está dando
un “aprovechamiento adecuado de los recursos naturales”.
Las respuestas no llegan. En la opinión de Vega, en medio
de todo el problema ambiental hay funcionarios “de cuello blanco”
que también violan las leyes ambientales.
La funcionaria también arremete contra la Corporación
Hondureña de Desarrollo Forestal (Cohdefor), de la que repite,
es “juez y parte” del problema.
Según ella, en esta institución, y hasta en la Policía,
hay personas corruptas que colaboran con el tráfico ilegal
de madera.
Los alcaldes, salvo algunas excepciones, están dispuestos
a colaborar con los empresarios de la madera, cerrando los ojos
ante las violaciones a la ley.
“Me siento con las manos atadas, a veces, pero es que en estos
problemas hay muchos intereses de por medio”, dice Vega.
Así, el ministerio público se va encontrando con
muchos obstáculos. Esto no desespera a la fiscal, sino que
es un motivo más para seguir persiguiendo los crimenes contra
la naturaleza.
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“Este es un problema
que no sólo es de Olancho sino de Honduras y de todo
el mundo”
José Andrés Tamayo
Párroco de Salamá
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El apoyo
Vega denuncia que al padre Tamayo, algunos delincuentes ambientales
lo han amenazado de muerte. No obstante, entregará en los
próximos días un reconocimiento especial al padre
José Tamayo por su labor de más de 13 años
por preservar los recursos naturales.
Vega cree en la palabra del padre. Dice que la fiscalía tiene
pruebas fehacientes de varios de los casos denunciados.
Y, como el mismo José Tamayo dijo, ella también se
lamenta de la contaminación de las aguas por parte de los
mineros y los textileros. El problema, el exterminio, no es sólo
forestal.
Como parte de su trabajo de servidora pública, Vega le ha
manifestado a Tamayo el apoyo de la fiscalía con respecto
a las amenazas. “Le dije que si recibe más, inmediatamente
ponga la denuncia”, expresa.
La fiscal reflexiona y mira los cerros de Tegucigalpa, cubiertos
de casas. Comenta que “es una ciudad con constante racionamiento
de agua”. Como en toda gran ciudad, la forma de aprovechar
al máximo los recursos naturales es fundamental.
Pensar a corto plazo ya no es viable, porque, asegura, “estamos
en el límite entre quedarnos sin agua o preservar el recurso
para las futuras generaciones”.
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| En este lugar se preparan los árboles
talados de los bosques de Salamá, en Olancho. Foto:
EDH/Lissette Moreno |
La tarde va cayendo. Mientras tanto, allá a lo lejos, dónde
la carretera devora los kilómetros, queda prendida la presencia
del padre Tamayo, un salvadoreño que no quiere callar su
voz en contra de los asesinos del medio ambiente para que el pueblo
hondureño no pierda sus manantiales.
La fiscalía Especial de Medio Ambiente de Honduras persigue
varios de los delitos de los taladores.
Sin embargo, los obstáculos del poder dificultan la labor.
En los próximos días, publicarán nombres de
altos funcionarios implicados en delitos ambientales.
Sostiene que muchas veces la Cohdefor ha aprobado planes de manejo
en contra de los bosques.
Setenta rastras diarias transportan madera, mucha de ella ilegal.
La corrupción y las relaciones de poder complican la situación,
haciéndola casi imposible de resolver.
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