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Cuatro millones.
La información de cuatro millones de salvadoreños
estaría en la base de datos que Guatemala cerró
ayer.
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Diez países.
La información de diez naciones latinoamericanas habría
sido comprada por los Estados Unidos a intermediarios.
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Admiten.
La embajadora estadounidense en El Salvador, Rose Likins,
reconoció que su Gobierno ha comprado información.
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Seguridad.
Tanto el Ejército como un magistrado de la Corte calificaron
la venta como “un atentado a la seguridad nacional”.
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Intimidad.
Muchos funcionarios han confirmado que se trata de una violación
a la intimidad, pero no existe una ley regulatoria.
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Guatemala
cierra base de datos de Infornet
Una
resolución de la Procuraduría de los Derechos Humanos
dio pie a la Fiscalía de Guatemala para poner fin a las operaciones
de Infornet que comercializaba con la información de millones
de salvadoreños.
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| Funcionarios de la Fiscalía guatemalteca
revisan documentos y computadoras en la sede de Infornet en
ese país. Foto: EDH |
Guatemala. Infornet no opera más. La información
privada y confidencial de millones de centroamericanos, entre ellos
cuatro millones de salvadoreños, ya no será vendida
al mejor postor.
La Fiscalía de Guatemala allanó ayer por la mañana
la sede de la compañía guatemalteca y secuestró
todas las computadoras y servidores que le daban vida.
El decomiso se produjo apenas unas horas antes de que una delegación
de fiscales salvadoreños se aprestara a visitar Infornet
en Ciudad de Guatemala para intentar hurgar en su base de datos.
Los fiscales de la Unidad Anticorrupción querían verificar
si los archivos o expedientes de millones de salvadoreños
se encontraban ahí.
El fiscal Aquiles Parada dijo que el allanamiento a Infornet facilitará
la investigación. Aseguró también que los datos
podrían haberse utilizado para realizar otro tipo de actividades
delictivas, como el secuestro o la extorsión.
Infornet también ofrecía la información de
procesos mercantiles, civiles y penales de salvadoreños,
lo que es extraño pues el acceso a esta información
es confidencial, porque en las dos primeras normativas todo dato
es de instancia privada y sólo tienen acceso las partes y
ninguna otra persona ajena al caso y la tercera normativa hay casos
de reserva.
Las palabras de confianza de Parada se derivan de la promesa del
Fiscal General de Guatemala de compartir la información con
sus homólogos.
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| Fiscales salvadoreños
arribaron ayer a Guatemala para compartir información
con sus colegas acerca de Infornet. Foto:
EDH/Alex Sanabria |
Delegación
Carlos de León Argueta recibió a la delegación
de fiscales salvadoreños y les garantizó que tendrán
acceso a las investigaciones y a sus resultados para que hagan lo
suyo.
Pero la tarea de investigación de esta enorme base de datos
no tardará unos días, vaticinó.
Blanca Lily Cojulum fue la fiscal encargada de allanar la sede de
Infornet.
En entrevista con El Diario de Hoy informó que las computadoras
y los módem han sido embalados y puestos a la orden del Juez
de Paz de turno, quién avaló el allanamiento.
Infornet ha desaparecido ya del ciberespacio. Al intentar ingresar
a su página en Internet se corroboró que está
fuera de servicio.
Mientras tanto, la vocera de Infornet, Verónica Nájera,
calificó de “violaciones a la empresa” la operación
de la Fiscalía General.
Nájera, quien estuvo hace un par de semanas en El Salvador
acompañando a funcionarios de Infornet que declararon en
la Fiscalía salvadoreña, explicó que la empresa
ya había interpuesto un recurso de amparo ante la Corte de
Constitucionalidad guatemalteca.
El recurso se interpuso luego que la Procuraduría de los
Derechos Humanos de esta ciudad rindiera un informe donde se les
acusaba de violar la privacidad e intimidad de las personas.
La vocero de Internet alegó que no han cometido ningún
ilícito y que sólo han recolectado información
de carácter público.
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Ley penal de Guatemala
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Art. 274f.-
Se impondrá prisión de seis meses a dos años
y multa de 200 a mil quetzales a quien sin autorización
utilizare los registros informáticos de otro o ingresare
por cualquier medio a su banco de datos o archivos electrónicos.
Art. 274d.- se impondrá
prisión de seis meses a cuatro años y multa de
200 a mil quetzales al que creare un banco de datos u otro registro
informático con datos que puedan afectar la intimidad
de las personas. |
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