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La
justicia a medias
La
tierra del sepulcro de Ana Vilma Ramírez aún estaba
fresca, y la pequeña Rosemary Carolina aún agonizaba
en el hospital Rosales, cuando los cuatro niños “mareros”,
acusados de participar en el doble homicidio, ya habían recobrado
la libertad.
El Diario de Hoy
 nacional@elsalvador.com
 Con
mucha vergüenza, la Policía tuvo que dejarlos ir, mientras
hacían esfuerzos por localizar y convencer al menor testigo
clave, “El Negro”, para que los incriminara. Pero no lo
lograron.
Ese “inentendible” favorecimiento hundió más
en el abismo de las frustraciones a los familiares de las víctimas,
quienes no se han presentado - ni lo harán- en la Fiscalía
General de la República para declarar y considerarse ofendidos
legalmente. Con mucho dolor, confesaron su total desconfianza en
el sistema de justicia.
Al menos dos de esos cuatro menores ya habían sido detenidos
durante el 2001 por otros cargos. Ellos, al igual que la mayoría
de los 437 menores que capturó la Policía de Soyapango,
el año anterior, recobraron la libertad sin muchas complicaciones.
Según los registros, esos 437 menores fueron los responsables
de cometer 305 delitos en la zona de Soyapango. La mayoría
(69 casos) fueron lesiones, robos (54 casos), hurtos (39 casos)
y portación de armas de fuego (29 casos).
La desconfianza en el sistema, la ausencia de un programa de protección
de testigos, un mal manejo en la investigaciones y otras carencias
han propiciado ese ambiente, muchas veces, incontrolable.
Tropiezos
La cantidad de detenciones hechas por la Policía contrasta
con los 85 casos que conoció el Tribunal de Menores en Soyapango
durante un semestre. La mayoría de menores infractores quedó
libre en la Fiscalía, que tiene poderes especiales en cuanto
a la legislación de menores infractores.
Esta situación es penosa para los críticos de la
Ley del Menor Infractor. Alegan que el “excesivo garantismo”
de la normativa, que privilegia la libertad ante el internamiento,
ha propiciado tanto desorden e impunidad.
Conocedor de la aflictiva realidad de Soyapango, el Juez de Menores
de ese municipio, Jaime Sergio Vásquez, está convencido
de que la ley no es la que da garantías, sino el administrador
de justicia que la aplica.
“Aunque la ley tiene sus errores, debe de prevalecer el sentido
común: el bienestar de la comunidad. Y si para lograrlo es
necesario internar a un menor, se hace”.
Sin embargo, para el juez Vásquez, la Fiscalía es
“la gran responsable” de que muchos de los menores delincuentes
detenidos queden libres, debido al mal manejo que hacen con las
investigaciones.
En la mayoría de casos en que remiten al tribunal, “los
grandes testigos” son los mismos policías que los capturaron
“¿Y la prueba técnica?”, se pregunta el
juez. El caso de los homicidios de Ana Vilma y de Rosemary Carolina
es el mejor ejemplo para ilustrar ese descuido: El 29 de enero,
la Fiscalía se disponía a archivar provisionalmente
el expediente contra tres de los niños acusados por falta
de pruebas.
Sin embargo, en esa fecha (49 días después de los
atentados) los fiscales aún no habían solicitado los
análisis balísticos para determinar si de la misma
arma (la decomisada) salieron las balas que mataron a las víctimas.
En una resolución reciente, el juez Vásquez le ordenó
al fiscal Hugo Ventura, asignado al caso, que solicite las pruebas
balísticas.
“¡Es el colmo!. Y, de ribete, tengo que hacerles el
trabajo a ellos”, increpa el Juez de Menores.
Lejos de disminuir, los hechos violentos se han incrementado en
los últimos meses.
Las detenciones también han aumentado. Sin embargo, la estadía
de los infractores en la cárcel es breve, sin complicaciones
ni remordimientos. Con este panorama, los crímenes de Ana
Vilma y de Rosemary podrían quedar en la impunidad.
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