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Obtiene apoyo la salvadoreña refugiada en iglesia en Atlanta

La joven embarazada tiene orden de deportación pero pidió apoyo a una iglesia católica en Georgia

Fachada de iglesia católica

Fachada de la iglesia católica que le da refugio temporal. | Foto por Página web de la Iglesia.

La salvadoreña Claudia J., de 27 años y embarazada, quien afronta una orden de deportación en Estados Unidos no está sola. Además de contar con el apoyo de la Iglesia en la cual se refugió el viernes, cuando vencía el plazo para abandonar el país, una organización de derechos humanos le dará apoyo.

De acuerdo a una información del portal de Univisión, la  Alianza Latina por los Derechos Humanos de Georgia interpondrá un recurso de amparo. 

“Somos una organización de Derechos Humanos que trabajamos en defensa de los derechos de los inmigrantes”, dijo a Univision Noticias Adelina Nichols, directora ejecutiva de la alianza. 

“Hemos decidido hacer presión política para que el DHS utilice su discreción y permita a Claudia y su hijo quedarse en el país”, les explicó la directora.

Después de cortarse el brazalete electrónico que las autoridades migratorias le habían colocado, Claudia prefirió pedir refugio junto a sus dos hijos pequeños en la Iglesia de Nuestra Señora de las Américas, en la ciudad de Lilburn, en Georgia, pues teme por su vida si regresa al país.
“Lo hice porque (…) como madre pensé en mis hijos y en lo que significa volver a mi país. Es duro andar así y tomar esta decisión pero Dios nunca desampara a nadie”, dijo.

Señaló que si fuera forzada a regresar El Salvador su vida y la de sus hijos correrían peligro, y que por ello piensa permanecer refugiada en el templo todo el tiempo que sea necesario.

“Allá está todo muy feo con las maras y la delincuencia (…), tengo más miedo de regresar y que me hagan algo. Yo pienso que si regreso, voy a durar muy poco”, indicó.

La salvadoreña abandonó el país en diciembre pasado, junto con su esposo, tras ser amenazados de muerte por mareros  si no cumplían con el pago de extorsiones.

Fueron detenidos cuando  ingresaba ilegalmente a Estados Unidos, y aunque las autoridades los dejaron ir, abrieron un proceso de deportación contra la pareja.

Tras varias audiencias en corte, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) cerró el caso de la familia y ordenó su deportación el pasado viernes por considerar que no existían suficientes pruebas de que su vida estuviera en peligro.

Las autoridades migratorias señalaron en un comunicado que la joven incumplió con la orden de deportación al no presentarse a las oficinas de ICE y removerse el brazalete  que le fue colocado.

No obstante, ICE tiene como política no ingresar a iglesias a detener a personas que enfrentan la deportación, excepto en casos excepcionales.

De acuerdo con la salvadoreña, desde que buscó refugio ni ella ni el abogado que la representó durante el proceso han sido contactados.
“Hasta ahora no ha habido nada de parte de las autoridades de migración ni la policía”, dijo a Univisión.

Si bien la iglesia le abrió sus puertas a Claudia, la Arquidiócesis Católica de Atlanta informó ayer que espera que la situación no sea por tiempo indefinido.

“La misión de Nuestra Señora de las Américas le brindará asistencia hasta donde la ley y sus limitados recursos lo permitan, se debe estar consciente de que la misión no es una solución a largo plazo”, detalló la Iglesia.

El esposo de Claudia no se refugió en la Iglesia porque “No tiene orden de deportación y tiene que ir a ganarse el pan”, dijo a Univisión.
 “Mientras esperamos una solución, la Iglesia nos acogió el viernes. El padre nos dijo que podíamos quedarnos, que nos ayudarían”.
Huyen de la violencia

“Salimos huyendo de mi país porque nos iban a matar. A mi esposo le pedían mucho dinero las maras para seguir trabajando. Les dábamos una vez y al otro día querían más. No podíamos darles lo que exigían. No se conformaban con nada. Por eso nos amenazaron”, contó a Univisión.

La salvadoreña solloza al otro lado del teléfono. “La violencia está tan generalizada”, dice. “Es demasiado. Uno por miedo no da parte (denuncia) a las autoridades. Uno no sabe si por pedir ayuda a uno también lo van a matar”.
Explicó su caso al llegar a la frontera. La dejaron libre pero le dieron un citatorio. A la tercera cita, un juez le dio la orden de deportación. Contó que el abogado le cobraba $400 por cada una de las apelaciones que hizo. Ho

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