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La Cicig de Guatemala surgió de la presión ciudadana

Analistas consideran que dicha comisión ha tenido los suficientes “dientes” para combatir la corrupción, siendo determinante para llevar al banquillo a figuras prominentes de la política.

Guatemala

Miles exigieron la renuncia del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, tras las revelaciones de la Cicig.  | Foto por Archivo

La instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) nació con el compromiso de combatir las “fuerzas ilegales de seguridad” y a la “maquinaria clandestina de seguridad”, indican analistas. Sin embargo, en su acompañamiento al Ministerio Público, ha sido clave para destapar escandalosos casos de corrupción.

El funcionamiento de la comisión entró en vigor el 4 de septiembre de 2007, luego de un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su aprobación en la Asamblea Nacional guatemalteca.

El mandato de la Cicig consiste en “investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad” (Ciacs), definidos como grupos que cometen actos ilegales y tienen vínculos con agentes del Estado. 

También contempla proponer recomendaciones para la adopción de nuevas leyes y políticas públicas destinadas a erradicar los Ciacs, a través de un diálogo con la sociedad. Así se logró, por ejemplo, la introducción de la figura del colaborador eficaz y de escuchas telefónicas como prueba.

Junto a la creciente presión popular en el vecino país, el papel de la Cicig llegó a incluso a poner en el banquillo a la exvicepresidenta, Roxana Baldetti y al expresidente, Otto Pérez Molina, por el denominado caso “La Línea”, relacionado a una millonaria defraudación aduanera. 

El trabajo de la Cicig al lado del Ministerio Público, a la par de la creciente demanda ciudadana por que se impartiera justicia en este caso, fueron determinantes para que las investigaciones sobre el mismo se profundizaran.

La Cicig tiene un mandato por dos años, que se prorroga por el mismo período con un cruce de cartas entre el presidente guatemalteco y el Secretario General de la ONU. Como organismo creado por tal organización, no depende de ninguna institución guatemalteca. 

Además, es financiado por contribuciones voluntarias de diferentes países, en este momento sobre todo de Estados Unidos y diferentes países europeos como Alemania, Reino Unido o Suecia, además de la misma Unión Europea. Algunos países sudamericanos como Argentina, Chile o Colombia apoyan directamente con personal enviado.

Incluso, expertos estadounidenses como el subsecretario de Estado adjunto para América Central y el Caribe de EE.UU., Francisco Palmieri, han considerado que la Cicig es un órgano con los suficientes “dientes” como para acabar con manifestaciones del crimen organizado que nunca antes se habían  atajado de frente. 

“La Cicig ha demostrado que es posible combatir la corrupción y la impunidad, incluso a los funcionarios de los niveles más altos que no son intocables”, consideró Palmieri, durante un debate la semana pasada en el centro de estudios Wilson Center, en Washington.

En tanto, la directora para las Américas del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU, Martha Doggett, coincidió con Palmieri en que la Cicig es un “un importante organismo que tiene dientes”. 

Sin embargo, Doggett y Palmieri coincidieron en que cada país de Centroamérica es diferente y necesita diferentes recetas.

Llamado al diálogo ciudadano

En tanto, la Cicig, que dirige el abogado colombiano Iván Velásquez, ha llamado esta semana a un “diálogo nacional” abierto a la ciudadanía, con miras a reforzar en los próximos meses el sistema judicial y garantizar su independencia.

Para ello se crearán mesas de trabajo en las que participarán técnicos de distintos organismos, como el Ministerio Público (MP-Fiscalía), la Cicig o la Procuraduría de Derechos Humanos, y en las que se recopilarán también propuestas e iniciativas de la ciudadanía. Se trata, explicó el titular de la Cicig, de crear un diálogo “amplio”, “plural” y “participativo”.

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