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Incertidumbre por plan EE.UU. de deportar indocumentados

El Departamento de Seguridad Nacional no ha confirmado las versiones periodísticas que apuntarían a esta decisión. Un experto en tema legal migratorio invita a revisar estadísticas y memorando de 2014 que avalaría una acción como la prevista

La existencia del plan fue divulgado por el diario Washington Post, en el que se señala que las deportaciones podrían empezar durante los primeros meses de 2016.

La existencia del plan fue divulgado por el diario Washington Post, en el que se señala que las deportaciones podrían empezar     durante los primeros meses de 2016.... | Foto por Tomás Guevara

La existencia del plan fue divulgado por el diario Washington Post, en el que se señala que las deportaciones podrían empezar     durante los primeros meses de 2016. 

La noticia sobre el supuesto plan del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y su brazo operativo el Servicio de Seguridad Nacional para el Control de Aduanas (ICE), para poner en práctica un ambicioso plan que llevaría a deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, ha generado incertidumbre en los millones de familias a las que atañen este tipo de acciones.

La mayor organización pro inmigrantes del Área Metropolitana de Washington, Casa de Maryland, ha puesto el grito de preocupación en respuesta a las versiones periodísticas que anticipan una deportación a gran escala de inmigrantes sin un estatus legal en Estados Unidos.

Gustavo Torres, director ejecutivo de Casa de Maryland, asegura que de ponerse en práctica este plan EE. UU. estaría empeorando su imagen internacional al retornar de manera forzada a miles de familias que están huyendo de la ola de criminalidad que sacude a los países del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) en los que se concentraría una acción de este tipo para iniciar en enero próximo, según las versiones aún sin una notificación oficial.

“DHS nunca ha reconocido la verdad: que estas familias son refugiados que buscan asilo, que se les debe dar protección humanitaria en lugar de ser detenidos o perseguidos. La administración tiene que dejar de hablar de estas familias como inmigrantes que cruzan ilegalmente; ellos son familias que buscan refugio”, recalca.

“Otros países están dando la bienvenida a muchos más refugiados y los EE. UU. deberían avergonzarse por usar cárceles e incluso contemplar las tácticas de deportación a gran escala”, explica Torres.

Este activista, que lidera una de las organizaciones más importantes de la zona de Washington con el tema migratorio, también apunta que con la crisis de 2014, por los miles de menores de edad no acompañados que ingresaron por la frontera sur de EE. UU. y que pusieron en relieve el tema en la llamada “crisis humanitaria de los niños inmigrantes”, muchas familias del área de la capital nacional estadounidense acogieron en sus hogares a cerca de 7 mil menores de edad.

“Hace un año, en el verdadero espíritu de nuestros valores y principios, la zona de Washington DC - Maryland, Virginia y DC abrieron sus regiones y hogares para recibir a más de 7,000 niños y niñas refugiados. Esto es lo que una nación de inmigrantes debe hacer en este tipo de crisis”, enfatiza Torres.

Las informaciones por el DHS y su ente operativo para la remoción de indocumentados, ICE, no han sido confirmadas ni desmentidas, por lo que incluso menores de edad que no hayan calificado en las peticiones de asilo podrían entrar en lista de deportación como manda la ley.

Mirada a memorandos para entender una acción

Sin haber antecedentes recientes de deportaciones masivas como las que se especula que se pondrían en práctica desde enero próximo, el abogado experto en inmigración, José Lagos, reflexiona que sin haber una información oficial sobre tales disposiciones es apresurado opinar la magnitud que podrían tener tales acciones.

Sin embargo, invita a revisar los memorandos de DHS emitidos en noviembre de 2014, justo unos meses después de que explotara la situación migratoria en la frontera con México, al ocupar la mayor atención de las autoridades las desproporcionadas cifras de menores de edad provenientes en su mayoría de los países del Triángulo Norte.

La agencia federal se reservó en esos documentos hechos públicos las prorrogativas para poner en práctica acciones de deportación bajo el mandato legal que les ampara, no sin antes clasificar los grupos prioritarios.

Lagos dice que podríamos estar a punto de presenciar acciones del DHS tendientes a cumplir con los segundas y terceras prioridades enumeradas en esos documentos y como refuerzo ante la sensible baja presentada en las cifras de deportaciones del año fiscal 2015.

El documento oficial, difundido el 20 de noviembre de 2014, fue rubricado por el Secretario de Seguridad Nacional Jeh Charles Jonhson, bajo el título: “Políticas para la aprehensión, detención y expulsión de inmigrantes indocumentados”, se expone las líneas de prioridades para ICE.

En ese documento perfiló los inmigrantes que estarían en la primera lista de deportados, y que correspondía a personas con un récord criminal, cuyo perfil aplicaba desde presidiarios que culminan condenas por diversos delitos, hasta pandilleros, depredadores sexuales y toda una estratificación criminales considerados peligrosos para la seguridad nacional de EE. UU.

Al revisar las estadísticas desde 2008 hasta el cierre de este año, puede apreciarse el paulatino aumento de deportados con récord criminal que se marca en rojo en las gráficas ofrecidas por DHS.

Pero el memorando de ICE, escrito en seis páginas, ofrece el plan para ejecutar las acciones del departamento de manera jerarquizada y conforme al cumplimiento de metas en los órdenes de prioridad.

En la segunda prioridad, DHS concentraría su esfuerzo de localización y aprehensión de inmigrantes indocumentados que incluye una larga lista que va desde personas acusadas de delitos menores, a excepción de faltas de tránsito, violencia doméstica, manejar bajo efectos del alcohol, tenencia ilegal de armas y hasta de visas caducadas y cuyos portadores no puedan demostrar que están listos para cambiar a un estatus migratorio definitivo.

Lagos explica a El Diario de Hoy que el llamado importante es para personas que han dejado de asistir a citatorios a cortes de inmigración o de los respectivos chequeos presenciales en las oficinas de ICE para personas que quedaron en libertad sin fianza luego de ser detenidas en la frontera.

“A estos grupos en particular el llamado es para que acudan rápido para tener representación legal para poder llevar sus casos, puesto que están en una situación más desventajosa especialmente los que ingresaron en el año 2014”, explica el abogado a este medio.

Para finalizar DHS enfatiza que en la tercera línea estarían las personas que recibieron órdenes voluntarias de deportación y que no han sido cumplidas, a esto se suman aquellos cuyas peticiones de asilo no han sido aceptadas los que tienen que serían deportados de EE. UU. 

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