El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), presentó su Informe Anual 2020 sobre “El Estado de derechos humanos en El Salvador, en el que advierte de un panorama "negativo".
De acuerdo con Manuel Escalante, coordinador general del OUDH, el informe recoge los acontecimientos diarios en el país, durante el 2020, que fueron relevantes en materia de derechos humanos o con incidencia directa sobre los mismos, en torno a las medidas sanitarias frente a la pandemia de COVID-19 y a los problemas estructurales que también ocurrieron.
Las detenciones ilegales o arbitrarias, violencia contra la mujer, abuso de la fuerza policial o del ejército, además de situaciones no adecuadas en los llamados centros de contención y en los centros asistenciales en afectación del personal de salud, son parte de las problemáticas que evidencian vulneraciones de los derechos humanos, durante el período analizado, según el documento.
"Durante la cuarentena, el Estado mostró patrones de un uso excesivo de la fuerza física por parte de los cuerpos de seguridad, violentando los derechos a la vida y la integridad. También vulneró de forma flagrante y sistemática el derecho a la libertad, ya no solo a partir del uso abusivo de la detención en flagrancia, sino a través de detenciones abiertamente ilegales y arbitrarias. El Gobierno junto a los cuerpos de seguridad actuaron bajo un enfoque de seguridad-represiva, y no bajo un enfoque médico-sanitario, lo que provocó un escenario promotor de múltiples violaciones de derechos humanos", apuntó Escalante.
Desde el inicio de la cuarentena obligatoria hasta el 9 de mayo del 2020, 2 mil 400 personas habían sido detenidas por supuesto incumplimiento y en su mayoría fueron calificadas como detenciones arbitrarias e ilegales por la misma jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional.
Otros acontecimientos paralelos
Por otra parte, el informe resalta que, la violencia en el país generó miles de víctimas durante el 2020, a pesar de tener un período de cuarentena estricta, lo que representa un "constante deterioro al derecho a la vida". Contabilizando mil 332 homicidios, lo que representó una tasa de muertes de 19,7 por cada 100.000 habitantes, un promedio mensual de 111 muertes y un promedio diario de 3,63.
"La violencia generalizada, los grupos armados no estatales (crimen organizado, pandillas, grupos de exterminio, etc.) y otros tipos de violencia generaron miles de víctimas en el 2020. El desplazamiento forzado por violencia, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, las muertes violentas, los feminicidios y las desapariciones siguieron ocurriendo incluso durante la cuarentena domiciliar obligatoria, es decir, cuando la población se mantuvo en confinamiento. Un periodo en el que fue difícil movilizarse y cuando muchos de los servicios públicos estaban funcionando al mínimo. Unos servicios brindados por muchas instituciones públicas que, además, son fuentes del OUDH.", puntualiza Escalante.
En este sentido, agrega que, es preocupante que el sistema judicial no ha sido capaz de atender a las víctimas; continuando con unos niveles de impunidad muy altos.
A lo anterior, se suma un peligroso discurso contrario a los derechos humanos, a la armonía social y al Estado de Derecho del propio presidente (Nayib Bukele) quien, entre otras cosas, ha alentado públicamente al uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.
“Es necesario caracterizar brevemente el contexto en el que se desarrollaron las diferentes temáticas que se abordan en este informe. Aunque la variable obligada es la pandemia, es oportuno recordar que un mes antes que esta fuese declarada, ocurrió uno de los acontecimientos más preocupantes para el Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales en El Salvador, en la época de la postguerra. El 9 de febrero de 2020 (9-F), bajo la responsabilidad del presidente de la República y con la anuencia del Consejo de Ministros, tuvo lugar una ocupación armada en el salón azul de la Asamblea Legislativa, a cargo de los cuerpos de seguridad”, dice el coordinador general del OUDH.
De esta manera, el Observatorio recomienda que, se utilicen los enfoques de derechos humanos, de inclusión y el diferenciado por población vulnerable en la formulación e implementación de todas las políticas públicas, especialmente las dirigidas a la seguridad pública. Llama a los altos funcionarios estatales, comenzando con el presidente, a abstenerse de emitir "discursos contrarios a los derechos humanos, en particular sobre el uso desmedido de la fuerza letal".
Sobre el informe
Las fuentes en las que se basa el informe son diversas y gozan de credibilidad, ya que provienen de medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales de naturaleza nacional e internacional con trayectoria reconocida, personas afectadas directamente, defensores de derechos humanos, además de los mismos datos oficiales.
El documento cuenta con cinco capítulos, que corresponden a igual número de derechos humanos monitoreados: a la vida, la integridad, la libertad, al acceso a la justicia y la reparación integral.