Durante 25 años hemos visto crecer la delincuencia y el crimen de forma espeluznante. Debemos revertir ese desastre. ¿Cuál ha sido la política criminal del Estado en los últimos 30 años? ¿Cómo ha evolucionado desde entonces?
Nos dicen machaconamente que “la tregua” fue el elemento de crecimiento y fortalecimiento de la violencia pandilleril; luego mencionan el plan Caminante; al inicio del 2003 nos hablan de la “mano dura”; para el 2004, de la “mano súper dura” y después de la “mano amiga”.
La guerra contra las pandillas y otros planes, todo sin resultados eficientes. Y se nos quiere hacer ver, que lejos de reducir la violencia la incrementaron. En el primer periodo del 2002, hubo 2,500 homicidios aproximadamente; luego en el segundo periodo, 2005, se mantuvo casi en los 4,000 homicidios y en el 2017, igual al antes mencionado.
El comportamiento de los enfrentamientos sufre la misma secuencia de aumento que los homicidios. De un aproximado de 300 enfrentamientos en 2005, a 600 en 2017. El incremento de personal vía Fuerza Armada, desde el plan Caminante a estos días, aumentó de 600 iniciales a un total aproximado de 10 mil en la actualidad. Esta es realidad de los hechos que hemos vivido.
Mucho de verdad hay en ello, pero no es la verdadera razón del aumento de violencia, ni de la falta de resultados en los distintos ángulos abordados. La voluntad no debe ser una sacralización de la ignorancia; ni la prevención un remedio para lo que ya pasó; de igual forma que crear una narrativa que venda héroes y presente su abordaje como una lucha entre el bien y el mal. No debemos aceptar el predominio de lo mediático sobre lo técnico, tropezar con la misma piedra es la ruta para repetir el fracaso.
Hay fallas conceptuales, desde las voces que escuchamos en los diferentes campos de la seguridad que son vitales: seguridad nacional, seguridad pública, seguridad ciudadana, criminología y tecnología, por necesitar cada una de ellas teorías, doctrinas diferentes, técnicas, estrategias, políticas públicas, diagnósticos, planificaciones, institucionalidades y asesores en cada especialidad. Todo requiere una fuerza y una autoridad, expresadas de distintas formas, para neutralizar, desactivar, reprimir y ejercer estricto control.
Hay que repensar lo que estamos haciendo, diseñar políticas públicas integrales, diagnósticos académicamente sustentados y poner las destrezas técnicas necesarias. Es imperativo hacer un alto, ver por el retrovisor —como lo expresado en esta primera parte— y ponernos a revisar lo que hemos realizado.
El problema, más que de dinero y leyes, es de visión. De lo contrario ya estuviese erradicada la violencia. Hemos invertido en los últimos 10 años, 8 mil millones dólares; la inversión más ineficiente en nuestra historia. Somos el país de la región, con la mayor cuota de participación en el presupuesto general, 15 por ciento. La inversión del PIB en este rubro también es la mayor. De leyes ni hablar, no se ponen en práctica y aun más, son desconocidas por los mismos funcionarios.
De acuerdo con la matriz: Gasto Público, recursos humanos, producto obtenido, resultados; no existe lo esperado.
Encontramos debilidades institucionales, falta de coordinación; no hay instrumentos de medición, estrategia ineficiente, uso ineficiente de recursos. Se arrasa con cualquier vestigio de meritocracia y existe más lealtad a la partidocracia. La exposición prolongada a niveles de violencia como los nuestros, nos lleva a favorecer tratamientos agresivos y duros del problema, que normalmente lleva a empeorar y no resolver la violencia.
No podemos continuar con gobiernos estructuralmente ineficaces en esta lucha, porque seguiremos dejando crecer exponencialmente la violencia, dando palos de ciego. O estamos en la lectura de “El principio de Peter”: De la inteligencia a la incompetencia.
Diputado.