Por Marco de elementos básicos
“Los salarios por las gradas, y los precios por el ascensor”, decía el sacerdote jesuita Francisco Javier Ibisate frecuentemente en sus clases, para dejar clara la divergencia de velocidad entre ambos.
El mensaje lo hizo popular el mandatario argentino Juan Domingo Perón en 1974, cuando procuraba en su nación otro acuerdo entre trabajadores, empresarios y el gobierno. Sin embargo, Perón manejó de forma reducida la relación de los salarios y los precios de los alimentos.
Lo correcto es que esta se establezca entre ingresos y costo de vida, variables más amplias. Un hogar suele generar diversas fuentes de ingresos: salarios, remesas, ventas informales, flujos de deuda y otros. Y el costo de vida no se limita al de los alimentos, pues implica cubrir todas las condiciones materiales de subsistencia, como vestimenta, vivienda, transporte, educación y salud.
Todas las fuentes de ingresos se definen por los agentes económicos, excepto el salario mínimo, que es una decisión política.
En El Salvador, los últimos aumentos del salario mínimo fueron impulsados por el actual presidente de la República, Nayib Bukele: 20% y 12%, en agosto de 2021 y junio de 2025, respectivamente. En ambos casos, el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) jugó un papel de simple ejecutor o tramitador de los designios del mandatario, sin presentar argumentos a favor o en contra, al menos de forma pública.
La gremial de la industria, por su parte, expresó su conformidad, sin hacer pública su propuesta y sus fundamentos. Tampoco reveló el aumento de la productividad del sector. Un elemento importante para el análisis porque, en los últimos años, la industria ha reportado la reducción de sus exportaciones y un menor peso relativo en el valor agregado de la economía (PIB).
En este sentido, el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) señala en el Artículo IV sobre El Salvador, de marzo de 2025, que la productividad total de los factores (capital y trabajo) resta al crecimiento de la economía. Los países vecinos de Centroamérica, en cambio, crecen por una combinación generosa del incremento de ambos factores (trabajo y capital), a los que se adiciona la productividad total.
Respecto al costo de la vida, su medición se reduce a la Canasta Básica de Alimentos (CBA) en sus dos variantes, la rural y la urbana.
Más concretamente, la medida del costo de la vida es la CBA ampliada, equivalente a dos CBA. Se trata, por tanto, de una estimación poco prolija, bajo la premisa de que el gasto de alimentos en un mes es igual al gasto del resto de bienes y servicios para subsistir, lo que no es preciso.
Ambas canastas son relevantes porque definen la línea de pobreza extrema (incapacidad de un hogar de adquirir una CBA en un mes) y la línea de pobreza relativa es la CBA ampliada. El salario mínimo se ubica entre ambas fronteras o líneas, lo que determina que una familia que depende sólo de un salario mínimo está en pobreza relativa.
¿Qué ha ocurrido en los últimos años en El Salvador?
El ingreso de los hogares a escala nacional alcanzó en el 2023 un promedio de $700.94 al mes. Creció un 13% en comparación a 2019, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), del Banco Central de Reserva (BCR). En el mismo período, el salario mínimo se ajustó en un 20% y el costo de la canasta básica de alimentos se elevó en un 26.1%.
Considerando la dinámica de la canasta de alimentos, se puede concluir que el costo de la vida superó al ritmo del ingreso promedio de los hogares. Sin embargo, por las limitaciones de información de ingresos es sólo una mirada al pasado. Más el trabajo del gobierno por ocultar los datos del ISSS de salarios cotizados, crecen ambas pobrezas la de los hogares y la de información.
No obstante, la evidencia es clara: los ingresos de los hogares se conducen a una velocidad inferior al ajuste de los precios de la canasta de alimentos. Que las familias expresen que el dinero no alcanza para cubrir los gastos del mes no es una sorpresa. La reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA indica que, en 3 de cada 10 hogares, los ingresos no les permiten atender los gastos de su vida.
En nuestro país, no se acostumbra ejecutar medidas para mejorar los ingresos de los hogares. Por lo general, el enfoque es contener el aumento de precios, por medio de la congelación de las tarifas de agua potable, energía eléctrica, gas y transporte público.
Entre 2019 y 2023, el crecimiento de la economía fue del 10.5% real, a un promedio de 2.6% por año. Pero se acompañó de un aumento de la pobreza de 1.1% de hogares al año. El acumulado del incremento en el porcentaje de hogares pobres es del 4.4%. El agravante es que la mayoría corresponde a la pobreza extrema.
Que una economía avance con este tipo de crecimiento provoca, por tanto, un alza en la desigualdad.
¿Riesgo económico de caer en pobreza relativa o extrema?
Debido a este mayor ritmo de aumento del costo de la vida respecto a los ingresos, las familias enfrentan el riesgo de perder su poder de compra aún con los mismos ingresos. Eso empeora para aquellos que pierden su empleo o registran la reducción de otros ingresos.
El riesgo se traduce en un desenlace no deseado: caer en pobreza relativa o extrema. El gobierno, cuando se limita a ajustar los salarios mínimos, está intentando proteger los ingresos de un grupo (los trabajadores formales sin calificación) ante el riesgo de que pierdan su poder de compra con salarios fijos y precios dinámicos.
Lo que no se comunica es que la decisión implica ayudar, exclusivamente, a parte del grupo que se encuentra en pobreza relativa. El alivio dura solamente mientras los precios no devoran el ajuste.
En todo caso, el grupo de salario mínimo corre con mejor suerte en comparación con el grupo que tiene salarios o ingresos inferiores, el que está en pobreza extrema. El de los trabajadores informales que no logran un ingreso por mes suficiente para cubrir una CBA ($248 a mayo de 2025). Los hogares en situación de subempleo o inestabilidad laboral ocupan el 62.9% de la población salvadoreña, según la EHPM de 2023.
Que bueno que se ayude a los trabajadores formales con salario mínimo; que mal que no se hace nada por los más desfavorecidos, aquellos en la grada inferior.
La decisión política contrasta con la realidad: el grupo de salario mínimo está ubicado en condición de pobreza relativa, lo que significa que sus salarios son menores al costo de la canasta básica ampliada. El porcentaje de hogares en pobreza relativa se ha mantenido estable en torno al 18%, entre 2019 y 2023. Pero se ha incrementado el grupo en pobreza extrema, los olvidados de la política, los más pobres.
El gobierno estimó en el 20% el grupo de trabajadores que tendría un aumento de salario mínimo, alrededor de 200,000 de un total de un millón de personas con empleo formal.
Pero el alcance real es menor: si se contempla el total de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada, excluyendo patronos, el porcentaje de trabajadores beneficiados con el aumento al salario mínimo se reduce al 7.3% del total de la fuerza laboral formal e informal.
En los últimos 15 años, el salario mínimo se ajustó en 8 ocasiones, para intentar mantener su poder de compra. Los incrementos han sido de diversa magnitud. Entre 1999 y 2016, los ajustes fueron bajos y, básicamente, su objetivo fue compensar de forma rezagada el aumento de la inflación. Hubo una modificación en esta tendencia a partir de enero de 2017, cuando el alza fue del 19%.
Se trató de un cambio significativo porque corresponde a una grada de avance del salario y el poder de compra. Además, la inflación fue baja y estable, por lo que el aumento del salario real y el poder de compra fue sostenido en todo su período de vigencia. El salario mínimo neto (ya con los descuentos de ISSS y AFP) escaló a un poder de compra de entre 1.27 y 1.40 veces la CBA, magnitudes alejadas de la frontera de ingresos que conduce a la pobreza extrema.
El ajuste de agosto de 2021 fue del 20%, un aumento en el poder adquisitivo que, sin embargo, fue rápidamente socavado por el incremento de los precios de los alimentos: el poder de compra del salario mínimo escaló a 1.6 veces la CBA; en 9 meses, había retrocedido todo lo avanzado. Solo alcanzaba para adquirir 1.24 veces la CBA.
El último ajuste, de junio de 2025, fue del 12%, que permite adquirir 1.48 veces la CBA de mayo. La trayectoria dependerá de la dinámica del precio de los alimentos. Lo más probable es que se comporte estable en los próximos meses (ver gráfica). Por lo tanto, el salario mínimo en El Salvador pasó de $251.70 en diciembre de 2016 a $408.8 en junio de 2025. Para una economía dolarizada, es un ajuste importante en costos, que seguramente no está compensado con aumentos de productividad.
¿Áreas de mejora?
El gobierno tiene varias áreas de mejora de sus intervenciones para procurar elevar el poder de compra de los trabajadores, entre ellas está dotar de una buena institucionalidad al Consejo Nacional del Salario Mínimo, para que juegue su papel de manera efectiva y genere propuestas en foros públicos con participación de expertos. El gobierno también puede desarrollar y ejecutar un programa de apoyo de generación de ingresos en grupos en pobreza extrema, así como impulsar un plan integral de apoyo a la producción agrícola, ganadera y avícola. En especial, los productos que inciden en la canasta básica.
También debe generar programas para elevar la calidad y especialización de las actividades laborales, algo que en épocas pasadas cubría el extinto Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP). El gobierno debe procurar que la población no resienta su ausencia.
Rafael Lemus
Economista de La Lupa, Observatorio El Salvador en formación