Medicina y circo

El primero de junio, el presidente de la República se insertó en una institucionalidad que data de hace décadas. Las decisiones no pueden ser arbitrarias. Al interior de la administración pública hay procedimientos que respaldan los derechos de los trabajadores que deben respetarse.

Por Erika Saldaña
Abogada

Jun 10, 2019- 05:45

La primera semana del nuevo gobierno de Nayib Bukele ha sacudido las instituciones y la opinión pública. Durante diez años el FMLN instauró la “fábrica de empleos”, específicamente para favorecer a los miembros del partido y sus familiares. El presidente se ha encargado de hacernos saber, a través de un show mediático, el nombre, parentesco y salario de muchos de los familiares de dirigentes y funcionarios del exgobierno. Ambas cosas son lamentables.

Lo que hemos vivido la última semana ha sido una buena dosis de “medicina y circo”. Porque si bien la depuración de la planilla del Estado ha sido una tarea pendiente de todos los gobiernos pasados, la forma en que el presidente lo ha hecho deja a un lado las formas legales necesarias en cualquier república donde todos sus ciudadanos tienen derechos; además, somete a un escarnio público innecesario a gente que no tuvo que meter en ese saco.

Los despidos que el presidente ha hecho en parte han sido medicina, porque como él mismo lo dijo en su primer discurso oficial, “el país es un niño enfermo que se tiene que curar”; se ha dejado en evidencia que el aparato estatal fue utilizado como botín por muchos dirigentes del FMLN para repartir puestos bien pagados entre familiares y amigos; la corrupción, el nepotismo y el amiguismo son enfermedades que han carcomido las instituciones.

Pero las medidas del presidente más que todo han sido circo, porque la manera en la que han tomado muchas de sus decisiones bota la buena voluntad de depurar eficientemente el Estado. Según se ha informado, no se han seguido los procedimientos establecidos en la ley para hacer estas depuraciones, se ha limitado a ordenar los despidos por Twitter y, además, ha sometido humillaciones el nombre de personas que sí trabajan y sí son competentes.

Yo he sido una de las personas que más ha insistido en la necesidad de una depuración del Estado. En la planilla del Estado hay personas que no tienen las competencias para el cargo que han ocupado; y hay muchos otros que ingresaron al servicio público por ser familiar o amigo de un funcionario, o por ser simpatizante de un partido político. Sin duda hay que depurar.

Pero para saber si metemos a una persona en el saco del nepotismo e incompetencia se debe analizar caso a caso la manera en que ingresaron a la institución, sus credenciales, su rendimiento y sus resultados. No es posible que se establezca una presunción de culpabilidad o de incompetencia por el hecho de haber trabajado para determinado gobierno o por ser familiar de alguien. Esto le falto al presidente y a su equipo de asesores.

El Salvador es una república democrática donde existen leyes, principios, instituciones y procesos que respetar. Por muy presidente de la República que sea Nayib Bukele, y por muy buena que sea su intención de depurar el Estado de los malos cuadros, el presidente y sus funcionarios deben seguir los procedimientos de despido y de supresión de plaza correspondientes.

El primero de junio, el presidente de la República se insertó en una institucionalidad que data de hace décadas. Las decisiones no pueden ser arbitrarias. Al interior de la administración pública hay procedimientos que respaldan los derechos de los trabajadores que deben respetarse.

Ojalá el presidente rectifique su manera de actuar en los despidos realizados. Y, además, que guarde la coherencia debida en cuanto a la contratación de familiares y amigos. La modernización del Estado pasa por realizar una reestructuración de las dependencias del Estado y por hacer una evaluación del recurso humano disponible. Pero debe hacerlo de manera seria, conforme a Derecho.

Abogada

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