PUESIESQUE…con la declaración de un funcionario de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se confirma que todo el espectáculo alrededor de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción para El Salvador (CICIES) es precisamente eso, puro bufo, una mofa a la ciudadanía salvadoreña.
En efecto, un funcionario de la OEA ya declaró que la CICIES será únicamente un apoyo puntual y ocasional para la Fiscalía General de la República (FGR) y que se limitará a proporcionar asistencia técnica a esta última, así que la llamada CICIES no tiene ningún punto de cercanía con la figura que supuestamente serviría de modelo, que fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), órgano independiente de carácter internacional —con participación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)—, que fue exitoso para desmantelar grupos y redes de corrupción en Guatemala.
Para que la FGR cuente con asistencia técnica no era necesario, en ninguna forma, montar todo ese teatro de la CICIES, diciendo que ya estaba instalada cuando no era así, o afirmando que la CICIES ya está investigando, lo que no es cierto…así que, en realidad, la supuesta CICIES no tiene nada que ver —más allá de un nombrecito parecido— con la experiencia de Guatemala e, incluso, ni se parece al caso de Honduras, con la Misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras (MACCIH).
Más allá de la tomadura de pelo que representa el montaje de la CICIES, esto nos lleva a reflexionar: ¿existe por parte de la actual administración presidencial un serio compromiso en la lucha contra la corrupción en El Salvador?
Esa es la pregunta más importante y, para una respuesta debemos atender los hechos, no los discursos ni la propaganda gubernamental.
Y es que sobre este tema, los hechos comprobados de la administración presidencial que inició en junio de este año son, entre otros: evidente nepotismo (y hasta se exhibe tal conducta); fraude de ley en las contrataciones de funcionarios públicos (esa farsa de nombrar funcionarios ad honorem para no pagar lo que dispone la Ley de Salarios sino acordar un contrato para pagarles mucho más es un fraude de ley), ocultamiento de financiamiento de campaña política (no se sabe, entonces, qué compromisos pueden existir); opacidad sobre financistas de viajes en avión privado (¡hey!…por cierto, #QuienLePagóLosViajesaOsiris); despilfarro en viajes y estadías en el extranjero (¡vaya!…una gira presidencial que ha durado más de quince días); uso de fondos reservados (sí, eso que se prometió que se eliminarían); un presupuesto opaco, transgresor de la Ley de Responsabilidad Fiscal y violatorio de la Constitución; aumento de recursos públicos para la propaganda gubernamental; y…mejor ya no sigo.
¿Son esas conductas —acciones y omisiones— las señales correctas de una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad?…pues, con franqueza y con desánimo, este amigo de todos ustedes tiene serias dudas de que ello así sea.
No debemos perder de vista que la lucha contra la corrupción no se reduce a supuestamente evitar la apropiación directa de fondos públicos, y no es una situación de compromiso individual, sino que ello requiere ejecutar acciones que afronten la naturaleza estructural de la corrupción, lo que implica, entre varias cosas, cumplimiento de la Constitución y de la ley, una efectiva rendición de cuentas, transparencia pública y un uso austero de los fondos del Estado.
P.D.: Por si no nos vemos la próxima semana, ¡feliz Navidad!…pórtense bien en estas fiestas, así nada de andar comprando pólvora, que solo sirve para la tragedia de niños quemados, para que los amigos caninos se asusten y que las calles se ensucien.
Abogado constitucionalista.