Existe la tendencia de muchos gobiernos de ocultar información sobre sus actos. Niegan así la oportunidad de gozar del derecho de acceso a la información que tiene toda persona, y también a sí mismos, de mostrar qué transparente son.
Los desastres o emergencias son el escenario principal para que haya actos poco claros que incluso lindarían con delitos. Es una clara distorsión de la frase que plantea que las crisis se convierten en oportunidades.
Muchos críticos de figuras como la transparencia y rendición de cuentas asumen que publicaciones periodísticas que denotan posibles anomalías en el manejo de fondos públicos en rubros sensibles durante la pandemia COVID-19, como gastos de emergencia o procesos abreviados de licitaciones públicas, obedecen a líneas o planes de desestabilización. Atacan al mensajero. Así la atención no se concentra en los hallazgos que denotarían actos que deben ser investigados.
No se niega el derecho a expresar inconformidad o de ser críticos, pero la virulencia de los cuestionamientos, expresada en intimidaciones, e incluso apología del delito hacia publicaciones y periodistas incluyendo mujeres, le resta seriedad a ese ejercicio en principio sano. Se convierten en verdaderos ataques llenos de impunidad
Este es un virus que no solo afecta a El Salvador. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas exhortó a los Estados a combatir la apología de todas las formas de violencia, odio, discriminación y hostilidad en entornos electrónicos como no electrónicos.
Otro llamamiento está relacionado con el respeto al derecho de libertad de opinión y expresión en los medios, la independencia editorial, y promover un enfoque pluralista de la información y de los múltiples puntos de vista.
Formalmente existen mecanismos que permiten obtener datos. Pero la emergencia nacional por la pandemia COVID-19 fue aprovechada para poner en cuarentena la Ley de Acceso a la Información Pública bajo la suspensión de los procesos administrativos. Otra distorsión, porque se estableció para favorecer a personas que afrontaban procesos judiciales o administrativos que no podían desplazarse, así no perdieran sus derechos u oportunidades de defenderse.
Los relatores de libertad de expresión de Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, han declarado que el derecho de acceso a la información significa que los gobiernos deben hacer esfuerzos excepcionales para proteger el trabajo de los periodistas.
Y en un claro respaldo a la transparencia y rendición de cuentas, David Kaye, el relator europeo, ha dicho que muchas personas han muerto porque los gobiernos han mentido, han ocultado información. Han sufrido porque algunos gobiernos priorizan protegerse de las críticas ante compartir información, conozcan qué hacen o no los funcionarios para protegerlos.
No está de más dejar en claro que los funcionarios ejercen un mandato, no mandan.
Periodista.