Un día despierta como de costumbre, realiza su rutina matutina, se prepara para el resto de su día y, finalmente, como el ciudadano responsable que es, se dispone a enterarse del acontecer nacional a través de los medios noticieros más confiables. Para estupefacción suya, se encuentra con encabezados como “Recuperación económica acelerada”, “País entre los mejor evaluados en materia de salud” o incluso un famoso “40 días sin homicidios”. ¿Cómo es esto posible? Bueno, una de dos: o ha despertado por arte de magia en un país completamente desconocido o, para su mala suerte, se ha equivocado de canal y ha ido a parar a uno financiado por el gobierno. Es probable que se trate de lo segundo.
Hoy en día, una buena parte de la población salvadoreña vive bajo el imaginario de que el país está en vías de ser una plena utopía gracias a la buena gestión del gobierno. ¿Y cómo no? El gobierno se ha dado a la ardua tarea de exaltarse a sí mismo y de culpar reiteradamente a la oposición de ser la causa de todos los males, de los cuales, por cierto “ya se están haciendo cargo”. No obstante, por más que se lo niegue, la verdad es muy diferente a como la pintan algunos medios y funcionarios. Prueba de ello es el alza de homicidios y desapariciones de los últimos meses. Uno creería que, al contraponer la cruda realidad —que a veces parece salir a la luz casi a la fuerza gracias a los esfuerzos del verdadero periodismo— con las afirmaciones y la versión de los hechos de los medios oficialistas, las mentiras serían más que evidentes. Sin embargo, ese no es el caso; el gobierno sigue gozando de popularidad, ya que mantiene todo tipo de información comprometedora bajo una llave, conocida legal y usualmente como “información reservada”.
La Ley de Acceso a la Información Pública tipifica la información reservada como aquella cuyo acceso se restringe porque publicarla podría poner en peligro el interés público. Nadie está poniendo en duda el objetivo último de esta ley, la cual, hasta hace poco, había sido un gran avance en el establecimiento de una democracia sólida. Pese a ello, desde los inicios de este gobierno, la cantidad de veces y los contextos en los que se ha recurrido a la reserva de información ha rozado el límite de lo absurdo. Y, claro está, la ausencia de evidencia se traduce en ausencia de castigo, si bien no de culpa. Mientras el gobierno activamente oculte y justifique la restricción de toda clase de información, como la relativa al patrimonio de distintos funcionarios o al uso de recursos públicos, difícilmente se podrán condenar posibles actos de corrupción u otra clase de ilícitos.
He aquí un par de ejemplos del extremo y arbitrario uso de esta ley. En diciembre de 2020, el MARN declaró como reservada toda la información concerniente a gastos de combustible, uso y asignación de vehículos dentro del ministerio, bajo la justificación de que se intentaba proteger la integridad de los trabajadores durante el cumplimiento de sus labores. No es la excusa más convincente en lo que a mí respecta. A su vez, en abril del presente año, Casa Presidencial denegó el acceso al informe con los gastos de publicidad de la institución, ya que se temía que, al revelarlo, otras personas tuvieran la intención de copiar el material multimedia, dañando los derechos creativos de terceros.
Es claro que estos ejemplos sobrepasan el sentido común; sin embargo, la situación se complica cuando pasamos de hablar del uso de vehículos y de publicidad a discutir datos sobre la compra de equipamiento médico para la contención de la pandemia o la compra de computadoras para el sistema educativo, información que también permanece restringida. A esta ecuación añadámosle actos de persecución al periodismo y reformas a la Ley de Acceso a la Información, que más que reformas son retrocesos, y con lo que seguramente terminaremos es la fórmula perfecta para que cualquier acto de corrupción pase desapercibido.
En resumidas cuentas, está claro que para que el gobierno tenga toda la libertad de controlar la narrativa, primero debe tachar en blanco la verdad de sus políticas ineficientes y mal enfocadas, sobre la que escribirá la versión de los hechos que más le convenga. Aunque para muchos no sea el caso, El Salvador está pasando por una crisis institucional bastante fuerte. Como ciudadanos, nuestra responsabilidad siempre será velar por nuestro derecho al acceso a la información pública y a la búsqueda incesante de la verdad.
Estudiante de Economía y Negocios / Club de Opinión Política Estudiantil (COPE)