Carta a los abogados, médicos, periodistas: Ya no está protegida la información que los ciudadanos les confían

La recién aprobada Ley Anticorrupción tiene un artículo 14, que ustedes urgentemente deberían leer, porque es un amenaza a su trabajo. Dice: “Art. 14.- Sin perjuicio de no pertenecer al SINAC (Sistema Integrado Nacional Anticorrupción), quedan obligadas todas las personas naturales o jurídicas e instituciones del Estado, a prestar colaboración al momento de ser requeridos.

En ese sentido el SINAC podrá́ solicitar, a través de su ente rector o a quien este ordene o direccione, todo tipo de informes a todos los mencionados en el inciso anterior, quienes deberán de rendirlo en la forma y tiempos solicitados, sin poder excusarse, negarse en razón de reservas, secretos o privilegios regulados en otras leyes, garantizando la protección de datos sensibles o personales respecto de terceros y evitar el uso indebido de la información obtenida”.

Léanlo bien. Cuando dice “todas las personas naturales” están incluidos los abogados, médicos, sicólogos, psicoterapeutas, periodistas, religiosos.

Cuando dice “todas las personas jurídicas” incluye hospitales, periódicos, cualquier medio de comunicación, despachos jurídicos, iglesias.

Cuando dice: “Sin poder excusarse, negarse en razón de reservas, secretos o privilegios regulados en otras leyes”, significa que esta nueva entidad,  adscrita a la Fiscalía General de la República, puede obligar a cualquier cura, médico o abogado entregar información que por ley está obligado a mantener bajo estricta reserva. A los hospitales pueden obligarlos a revelar datos sobre sus pacientes. A los defensores pueden obligarlos a revelar información privilegiada que puede comprometer a sus clientes. A un cura lo pueden obligar a revelar lo que un creyente le dijo en el confesionario.

A los periodistas y los medios de comunicación nos pueden obligar a revelar nuestras fuentes. En un país en el cual ya cuesta que alguien hable, suelte información o denuncie, aun menos personas van a querer hablar con la prensa, porque no saben si quedarán en el anonimato. Esto precisamente es lo que el régimen Bukele quiere conseguir: un país callado.

¿Quién confía en que una entidad dependiente de Casa Presidencial y de la Fiscalía va a “garantizar la protección de datos sensibles o personales?

Qué bonito: El Estado, en particular la Fiscalía, tendrá acceso a toda la información personal, hasta a la que por ley está protegida, mientras el ciudadano no tiene acceso a la información pública sobre los manejos de los fondos públicos y sobre causas jurídicas. Todo lo relevante está bajo reserva por 7 años. Y ya tienen una ley que sanciona con cárcel al funcionario que la revele.

El Estado se vuelve todopoderoso y sabe todo sobre nosotros, el ciudadano es impotente, callado e ignorante. Así funcionan las dictaduras.

Este artículo de ley no es para combatir la corrupción, es para que nadie se atreva a investigar y denunciarla. Y es a todas luces inconstitucional. La Constitución protege al ciudadano y limita al Estado. El problema es que ya no existe una Sala de lo Constitucional a la cual acudir.

Alguien dirá: Nunca van a hacer uso de esta facultad para interrogar a quienes manejan información privilegiada. Jamás van a obligar a un abogado a traicionar a su defendido, mucho menos a un cura a traicionar el secreto de la confesión. Entonces, ¿para qué aprueban una ley que les da la facultad de cometer estos abusos? Tal vez no la van a usar o solamente en casos muy específicos, pero ya tienen un arma “legal” más para violar nuestros derechos, cuando lo consideren necesario –o cuando de arriba reciban la orden de hacerlo. Así funcionan las dictaduras...

Saludos,

Paolo Lüers