Periodistas extranjeros en EE. UU. enfrentan posible límite de estadía en el país

El gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), presentó en agosto de 2025 una propuesta que busca restringir el tiempo de visas de permanencia de periodistas extranjeros en el país norteamericano a 240 días, con posibilidad de una prórroga del mismo período, siempre bajo un escrutinio riguroso.

La iniciativa despertó una ola de críticas de organizaciones internacionales de prensa, que alertaron sobre sus posibles efectos negativos en la libertad de expresión y el acceso a la información.

Hay un periodo de consulta pública, que cerrará en octubre próximo, que podría frenar esta iniciativa de la administración Trump.

En casos de periodistas en El Salvador y otros países de Latinoamérica, ha sido común que las autoridades migratorias les autoricen visas por estadías de tres a cinco años. Este periodo se vería reducido drásticamente.

Una restricción sin precedentes para la prensa internacional

La medida plantea sustituir el esquema vigente, que permite la extensión indefinida de las visas para corresponsales internacionales, por un límite temporal más estricto. Según el DHS, el objetivo es atender supuestos “riesgos de seguridad” y frenar lo que calificó como “abuso de visados”, abarcando no solo a periodistas, sino también a estudiantes y visitantes de intercambio.

Sin embargo, asociaciones de medios sostuvieron que la iniciativa responde más a un intento de condicionar la cobertura crítica hacia el gobierno estadounidense que a una preocupación genuina por la seguridad nacional.

Christophe Deloire, secretario general de Reporteros Sin Fronteras (RSF), señaló que “la renovación arbitraria o la negación de visas es una táctica comúnmente utilizada por regímenes autoritarios para expulsar a reporteros incómodos. Si Estados Unidos adopta estas prácticas, manda un mensaje equivocado al resto del mundo y pone en riesgo la credibilidad de su compromiso con la libertad de prensa”.

Riesgos de represalias y censura encubierta

La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, coincidió en que la medida representaba un golpe directo a la libertad de prensa global. “Esta iniciativa representa otra forma de limitar el acceso a la información y de acallar la crítica internacional, en un intento de condicionar el discurso público”, señaló Ramos, quien también es directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM).

La periodista advirtió, además, sobre un posible “efecto espejo” en otros países. “Existe el riesgo de que otros países adopten medidas de represalia contra periodistas estadounidenses, restringiendo así el flujo global de información”.

Ramos fue más allá al cuestionar la efectividad de la propuesta: “No resuelve ningún problema real de seguridad, pero sí abre la puerta a la censura encubierta, a las represalias políticas y a nuevos obstáculos para la transparencia y el acceso a información de interés público”.

Organizaciones internacionales se unen contra la propuesta

La Sociedad Interamericana de Prensa no fue la única en reaccionar. En conjunto con el Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa (RCFP, por sus siglas en inglés) y otras 36 organizaciones de medios, hicieron un llamado directo al DHS para que retirara la propuesta.

La Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) la calificó como “discriminatoria” y sostuvo que “pretende resolver un problema inexistente”, en referencia a la supuesta amenaza que representaría la permanencia de periodistas internacionales en territorio estadounidense.

Por su parte, RSF reiteró que la iniciativa podía tener un efecto amedrentador sobre la prensa extranjera y urgió al DHS a desistir de ella.

Espacio para comentarios públicos

El DHS abrió un período de consulta pública hasta el 26 de octubre de 2025, en el que cualquier persona u organización pudo enviar comentarios en línea sobre los cambios propuestos. Este mecanismo, habitual en el sistema regulatorio estadounidense, busca recopilar opiniones antes de tomar una decisión definitiva.

No obstante, para las agrupaciones de prensa, el simple hecho de plantear esta propuesta ya envía un mensaje preocupante. “El periodismo internacional es clave para garantizar que la información fluya sin fronteras. Limitarlo bajo argumentos débiles de seguridad es un retroceso en materia de derechos y libertades”, enfatizó RSF en su comunicado.

Implicaciones para la libertad de prensa

La discusión en torno a esta propuesta puso sobre la mesa un tema de fondo: la vulnerabilidad de los periodistas extranjeros frente a cambios normativos en los países donde ejercen su labor. El acceso a la información y la permanencia en un territorio dependen, en muchos casos, de decisiones administrativas que pueden convertirse en herramientas de presión política.

De aprobarse, la medida significaría que cada corresponsal extranjero trabajaría con la sombra de la incertidumbre sobre su permanencia, lo que puede limitar la profundidad de las investigaciones y desincentivar reportajes críticos. Además, puede generar un precedente riesgoso para que otros gobiernos justificaran restricciones similares bajo la excusa de “seguridad nacional”.

Aunque la propuesta fue rechazada por gran parte de la comunidad periodística internacional, la polémica dejó claro que la libertad de prensa es un derecho frágil que requiere vigilancia constante. La reacción unificada de medios y organizaciones globales evidenció la importancia de la solidaridad frente a intentos de limitar la labor periodística.

En un mundo interconectado, donde la información fluye a través de fronteras, iniciativas de este tipo no solo afectan a quienes portan una visa, sino también al derecho del público global a estar informado. La experiencia refuerza una lección clave: defender a los periodistas es defender la democracia misma.