Ocultar información, la censura de datos y la opacidad son tres variables que las autoridades han usado a su favor para esconder todos los horrores que vivieron las más de 47 víctimas en la casa 11 del callejón Estévez, de Chalchuapa. Las noticias de que por fin entregarán osamentas de víctimas ha llegado por la vía de un sindicalista de la Corte Suprema de Justicia y no por las autoridades de la Corte Suprema y del gobierno central .
"Posiblemente detrás de este show hay ocultamiento de información de lo que ha pasado realmente con las fosas clandestinas de Chalchuapa y eso es preocupante", dice Stanley Quinteros del SEJES, al cuestionar el hermetismo con el que el Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia, hará entrega de los restos de las víctimas del expolicía Hugo Osorio, sin presencia de la prensa.
Quinteros también cuestionó que las autoridades intentan hacer un show mientras las familias de las víctimas está "sedientas de justicia".
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Tras el rumor de que hoy entregarían a una parte de las víctimas y las declaraciones del sindicalista, la Fiscalía ha convocado a los medios para "bridar información relevante en torno al caso conocido como Chalchuapa".
También el fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, confirmó hasta entonces: "Entregaremos sus restos para que puedan darles cristiana sepultura".
El hermetismo ha estado vigente desde que los trabajos de excavación hechos en la casa del expolicía, el principal implicado en la matanza y en cuya casa enterró al menos 42 víctimas, según dijeron a El Diario de Hoy fuentes cercanas al caso.
Han pasado casi cinco meses desde que se descubrió lo que sucedía en la vivienda de Osorio, quien se encuentra detenido y además goza del “criterio de oportunidad” contra otras personas que las autoridades han llamado cómplices, y no hay datos oficiales sobre las víctimas, hay muy pocas identidades públicas de los asesinados.
En más de una ocasión la prensa ha insistido tanto al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, como al director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, sobre la información de las víctimas y la respuestas al unísono es que ya cerraron las investigaciones, pero que es Medicina Legal quien tiene la información o que la Fiscalía sigue con las pesquisas.
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Al igual que el tema de los desaparecidos, la casa de los asesinatos de Chalchuapa constituyen elementos que ponen en duda la efectividad del Plan Control Territorial del Gobierno en turno, máxime cuando se ha conocido de acuerdos entre el gobierno de Bukele y las tres pandillas en el país (MS-13 18R y 18S), según reveló el periódico digital El Faro.
Los crímenes de Chalchuapa salieron a la luz cuando los gritos desesperados de Jacqueline Cristina Palomo Lima, de 26 años, alertaron a los vecinos, ella trataba de salvar su vida del expolicía Osorio, pero este la alcanzó y con un tubo de metal la silenció para siempre.
La Policía tardó en llegar al lugar de la matanza a pesar de que la delegación estaba a pocos metros de la casa de Osorio, según un reporte policial. Osorio fue capturado en la escena del crimen y para no ser descubierto se hizo pasar por muerto sobre los cadáveres de tres personas, entre ellos, el de Jacqueline y el del propio hermano de Osorio.
Para Jeannette Aguilar, investigadora en temas de seguridad y delincuencia es “inaudito” el silencio que han mantenido las autoridades para informar lo que ha sucedido en la casa del expolicía en Chalchuapa.
“Es inaudito el silenciamiento por la vía de la censura y reserva que las autoridades han hecho de un caso de tal trascendencia nacional e internacional, no solo por el número de cuerpos localizados, sino porque se trataría del peor caso de asesinatos colectivo de la historia reciente después de los Acuerdos de Paz”, afirma Aguilar.
La especialista compara los asesinatos de Chalchuapa al caso de los asesinatos de mujeres de los campos algodoneros en Juárez, México, o al caso de desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
“Creo que tras el afán de extrema censura, el gobierno busca ocultar el horror y la magnitud de la tragedia que hay detrás del caso, que se impone como realidad ante la burbuja propagandística del gobierno de que El Salvador es ahora un país más seguro”, estimó.
Para Celia Medrano, una especialista y defensora de derechos humanos, queda clara la estrategia del Gobierno para mantener en la opacidad los crímenes cometidos en la casa del expolicía en Chalchuapa.
“El caso Chalchuapa se mantiene y se mantendrá en la oscuridad en tanto se sostenga un aparato generado precisamente para diluir indicios de responsabilidad de la actual gestión gubernamental en hechos de violencia, aumento real de desaparecidos, homicidios, extorsiones, operación de criminalidad organizada y entendimientos con estos grupos a niveles oficiales”, dijo Medrano.
La especialista añadió que casos como Chalchuapa evidencian que la violencia es un hecho real independientemente de los indicadores de registros oficiales que se tienen.
“Evidencia también responsabilidades de la actual gestión en que la violencia generalizada realmente no haya disminuido”, dijo.
Según Medrano, una investigación objetiva e independiente por parte de las autoridades no evade preguntarse sobre posibles vínculos con policías y militares activos del expolicía Osorio, así como tampoco hasta qué niveles esos vínculos hayan llegado al punto de optar darle criterio de oportunidad pese a lo inverosímil de sus afirmaciones.
“Sin embargo, con un fiscal y dirección policial más atentos a mantener una buena imagen gubernamental las víctimas de Chalchuapa seguirán en la impunidad”, señaló Medrano.
Patrón criminal en desapariciones
Para Jeannette Aguilar hay un patrón criminal en la desaparición de las víctimas de Chalchuapa, y en las desapariciones que se dan en todo El Salvador.
“Hay un patrón criminal que involucra desapariciones previas, principalmente de mujeres, en un país donde las desapariciones se han vuelto crímenes cotidianos que afectan a miles de familias”, afirmó.
En las últimas semanas hay un aumento de casos de desaparecidos, aunque las autoridades lo niegan y le restan importancia, uno de últimos casos es el de una pareja de hermanos, Karen y Eduardo, quienes desaparecieron el 18 de septiembre cuando se movían entre colonias en Santa Tecla. Hasta el momento las autoridades no han dado resultados de sus investigaciones.