El ministerio de Economía entregó subsidios de $300 a personas que vivían en el mismo hogar, ya estaban fallecidas o que su número de identificación personal era diferente al del beneficiario que aparecía en el sistema, según establece una de las principales conclusiones de una auditoría que la Corte de Cuentas realizó a la institución entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2020.
El documento, que resume 22 hallazgos, muestra además, que hay inconsistencias en la base de datos de los beneficiarios seleccionados.
El informe señala, por ejemplo, que en las entregas del subsidio a los “No Bancarizados”, beneficiarios por medio de las diferentes ventanillas de las Agencias de los bancos, hubo un total de entregas de 724,151 de subsidios.
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“Estos registros tendrían que ser los mismos reportados por el Sistema”, indica el informe. Sin embargo, “con las verificaciones realizadas a los registros recibidos…solo se encuentran los registros de 80,853 entregas del subsidio a “No Bancarizados”, explica el documento, es decir una diferencia de 643,298.
Y en cuanto a los que recibieron dinero a través de depósitos a sus cuentas bancarias, la Corte de Cuentas indica que “los bancos realizaron en total 270,767 depósitos del subsidio. Y de las verificaciones de los registros recibidos se registran un total de 316,265 depósitos a cuentas de beneficiarios Bancarizados, existiendo una diferencia de 45,498 depósitos”.
Otras de las inconsistencias indica que en los registros se encontraron a beneficiarios fallecidos con estado “NO PAGADO”, cuando los bancos lo declaran en sus registros como “PAGADOS”.
El documento también detalla otras inconsistencias como el que no hay evidencia de la participación de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI) en el proceso de contratación de los servicios bancarios a través de los cuales se les pagó el subsidio posteriormente a los salvadoreños y quien hizo el requerimiento fue el Secretario de Innovación, un funcionario ajeno al ministerio de Economía.
La Corte de Cuentas además verificó que en el proceso de entrega del dinero no hubo ningún proceso de respaldo o recuperación de la información que se estaba virtiendo en el sistema digitalizado que contenía los números de los beneficiarios.
Además indica que la Secretaría de Innovación no documentó la justificación para ejecutar el proceso de tercerización con 9 empresas de Call Center y de servicios tecnológicos, por medio de los cuales se creó la base de datos de reclamos , demostrando las necesidades y limitantes técnicas para la atención ciudadana.
El Diario de Hoy publicó en julio del año pasado que el Ministerio de Economía pagó $2 millones en la contratación de estos call centers para atender las dudas y quejas de quienes recibirían el dinero.
Y pese a montar todo este sistema de recepción de quejas, la Corte de Cuentas señala que la gestión para la depuración de los reclamos efectuado por los ciudadanos, a través de las Plataformas tecnológicas de consulta y Call Centers “no es confiable, debido a la falta de documentación de la aplicación de filtros y de una base especifica que respalde el resultado”.