La deuda pública total de El Salvador es de $18,372.2 millones y representa el 74.1 % del valor de todos los bienes y servicios producidos por el país durante 2017 ($24,805.4 millones), según confirman los datos del nuevo Sistema de Cuentas Nacionales que actualizó el Banco Central de Reserva (BCR) la semana pasada.
Aunque expuesta en millones de dólares, la deuda del país sigue siendo la misma cuando se calcula con el nuevo sistema de cuentas nacionales y con el anterior, el ratio o la proporción comparable con el Producto Interno Bruto (PIB), aumentó en alrededor del 10%. La principal razón es porque el tamaño de la economía resultó más pequeño del que se había estimado.
Por ejemplo, cuando el PIB de 2016 fue calculado con el sistema anterior, por cada dólar que produjo el país, también debió anotar $0.62 como deuda. Con el nuevo sistema de Cuentas Nacionales, el que usa las condiciones económicas de 2005 como base, el ratio subió al 73% del PIB; es decir, $0.73 comparado a cada dólar producido.
Visto hacia atrás, con los datos actualizados, El Salvador tiene una deuda equivalente a más de dos terceras partes de su producción nacional desde 2009. Y desde 2015, la deuda superó la línea del 70%.
Otras de las proporciones que cambiaron con el nuevo Sistema de Cuentas Nacionales fueron los ingresos tributarios que pasaron de representar el 15% al 17 % del PIB y el déficit fiscal (incluyendo pensiones y fideicomisos) que ahora ronda el 2.5%.
El tamaño de la economía y qué tanto representa la deuda, el déficit o la carga tributaria respecto al PIB son algunas de las variables que diversas entidades como agencias calificadoras de riesgo y organismos internacionales que otorgan financiamiento, toman en cuenta a la hora de evaluar a una nación.
Así, en 2016, el Fondo Monetario Internacional (FMI), al advertir que la deuda salvadoreña rondaba el 65% del PIB, dio una serie de recomendaciones al país que se encaminaban a estabilizarla y eventualmente reducirla.
Entre otros aspectos, sugirió recortar gastos y/o aumentar los ingresos y hacer un ajuste equivalente al 3% del PIB en un periodo de tres años, entre 2017-2019.
El pasado febrero, el organismo visitó otra vez el país como parte de las consultas periódicas dentro del marco del Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI y este martes publicó finalmente sus declaraciones basadas en los datos actualizados del PIB.
En este informe, el FMI reconoció que “se han logrado avances en la reducción del déficit fiscal y la estabilización de la deuda, aunque aún se necesitan esfuerzos adicionales para colocar la deuda en una trayectoria descendente”.
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Según el organismo, “los esfuerzos de ajuste de las autoridades, combinados con la reforma de pensiones, producirán una mejora acumulativa del saldo primario” que sería equivalente al 1.75 % del PIB en 2017-2018, pero para continuar el avance en el ámbito de consolidación fiscal, recomendó un ajuste adicional de 2 % del PIB distribuido a lo largo de 2019 y 2020.
“Este ajuste pondría la deuda en una trayectoria descendente, reduciéndola, como una meta intermedia, a menos de 60 % del PIB para 2024” y “a un nivel más cómodo de menos del 50% antes de 2030”, explicó el FMI. También insistió en que la meta de endeudamiento debe ser menos de la mitad del PIB.
La previsión del Fondo es que para este y el próximo año, el crecimiento económico se mantenga en un 2.3 % y el déficit fiscal se reduzca aún más, a 2.2 % del PIB, conforme empiecen a materializarse los ahorros de la reforma de pensiones, pero se incrementará a 2.7% del PIB en 2019.
El organismo también consideró que la no renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) por parte del gobierno estadounidense y con ello la posibilidad de la deportación de 50,000 personas en entre 2019 y 2020, reduciría el crecimiento del PIB en 0.1 y 0.4 puntos porcentuales, respectivamente.
Economía más pequeña
El pasado viernes 23 de diciembre, el BCR hizo público el nuevo Sistema de Cuentas Nacionales y reveló que la economía salvadoreña es alrededor de 11.5% más pequeña que la que se había estimado.
“Ya sabíamos que la economía es más pequeña, lo único que nos faltaba era la oficialización del dato (…) sí va a tener un impacto de las calificaciones de riesgo porque vamos a estar en categoría diferente pero también en mejor calificación de recaudación tributaria. Hay elementos que balancean”, consideró el economista, Luis Membreño.
Y es que, dependiendo del problema fiscal, así es la receta recomendada, destacó el también profesional de economía, Rafael Lemus.
El lunes pasado, aunque el FMI aún no hacía público su informe de recomendaciones, el presidente del BCR, Óscar Cabrera, dijo en una entrevista televisiva que con el nuevo sistema de cuentas nacionales, el ajuste sugerido por el FMI sería mucho menor al de 2016.
“Con el banco hemos venido dialogando con el Fondo y le decíamos que la medida la vienen calculando entre deuda versus PIB pero no le está poniendo los $5 mil millones en remesas”, dijo Cabrera.
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Y es que, según el funcionario, el nuevo Sistema de Cuentas Nacionales “no solo nos da una medida para evaluar la solvencia fiscal. También nos da otra medida que es el ingreso nacional disponible bruto”, un indicador que incluye los $5,000 millones en remesas familiares que llegan al país anualmente.
Pero para algunos economistas, esta apreciación del funcionario “no es tan seria” y puede caer en cierta manipulación de la información.
“Decir que el ajuste ya no se va a medir por el PIB sino por el ingreso nacional bruto disponible, es una forma de manipular. Si fuera por cuestiones de flujos que se va a cambiar la metodología, debería hacerse así en otros países”, subrayó Lemus.