El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, afirmó este lunes, durante una entrevista televisiva en Canal 21, que no hay ninguna persecución fiscal contra ninguna empresa, en alusión al caso de la compañía Intratex, que ha sido acusada penalmente ante la Fiscalía por una supuesta evasión de impuestos de $5 millones, sin que hasta ahora se hayan agotado los recursos administrativos.
La semana pasada, la nueva Sala de lo Constitucional falló a favor del ministerio de Hacienda para que continúe un proceso penal contra la citada empresa en la Fiscalía. Esta empresa presentó un amparo, pero la nueva Sala, elegida por diputados de mayoría oficialista, no aceptó los argumentos de la empresa.
"No hay ninguna persecución judicial contra ninguna empresa", afirmó el funcionario, quien además aseguró que este solo es un amparo que se refiere a la empresa citada, y su alcance no es general.
Sala de lo Constitucional abre vía para que se acuse de evasión sin el debido proceso
Sin embargo, el abogado constitucionalista Enrique Anaya explica que la misma actual Sala de lo Constitucional ha expresado que sus resoluciones sientan un precedente general aún si el caso fuera individual. "Los procesos de amparo, en principio, solo se aplican en el caso concreto. Ahora bien, la actual Sala lo ha ratificado, diciendo que cualquier decisión fija un precedente y las autoridades están obligadas a obedecerle", explicó.
Según Zelaya, ya se llamó a representantes de la empresa para que "se acerque y pague" porque afirmó que no quieren afectar a la compañía pues para el fisco no es conveniente que la empresa esté parada y deje de producir para generar ingresos y empleos.
Para la abogada Marcela Galeas, "El sistema judicial penal no debe ser la primera opción. Este fue creado como último ratio (razón). No toda conducta debe ser sancionada con mayor bravosidad, (es decir pensando primero en encarcelar a una persona acusada de evasión de impuestos)”, explicó Galeas.
Para la abogada, si el propósito del Estado es que el evasor devuelva los impuestos, entonces el proceso debería culminar en la “vía administrativa”. De lo contrario, cuestiona, ¿cuál es el objetivo de encarcelarlo? ¿Qué les conviene realmente, encerrar a una persona o que les paguen los impuestos?”.