La pasada administración legislativa aprobó el decreto 738 en septiembre de 2020, que incentiva la importación de vehículos eléctricos, con la finalidad de aumentar el parque vehicular de energías limpias en el país.
Esto acompañado de diversos beneficios para los importadores de este tipo de autos, pues implica incentivos fiscales como un derecho arancelario a la importación del 0%.
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No obstante, este lunes la Asociación de Importadores de Vehículos de El Salvador (AIVES) realizó una marcha pacífica, denunciando que el decreto es inconstitucional, debido a que el artículo 8 de dicho decreto establece que se prohíbe la importación de vehículos con más de 3 años de antigüedad, no cuenten con baterías nuevas y que estén etiquetados como: pérdida total, reparado, destrucción, solo para partes, aplastado, desecho, chatarra e inundado.
Miguel Ángel Urquilla, apoderado legal de AIVES, afirma que esto pone en peligro entre 200 mil y 300 mil empleos que giran en torno a la importación de vehículos usados, pues el decreto establece que el mismo importador del vehículo será el responsable de la distribución de repuestos y el mantenimiento del mismo.
“Toda esta gente (importadores de vehículos usados, mecánicos, distribuidores de repuestos, enderezadores, etc.) se van a ver afectados por la aplicación de esta ley porque la importación de vehículos se verá afectada entre el 40% y 60%, porque a nivel internacional la producción de vehículos fósiles está disminuyendo”, comenta Urquilla.
Los importadores de vehículos piden a la Asamblea que derogue o modifique esta ley, pues afirman que la clase trabajadora no podrá acceder a vehículos eléctricos e híbridos nuevos, pues los precios no son accesibles.
Actualmente en el país ya están disponibles los modelos Nissan Leaf en aproximadamente $26 mil y el Hyundai IONIQ en $39,900. Ambos de tecnología eléctrica.
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