Vallas y mupis publicitarios con el logo del gobierno y el mensaje: “Por una verdadera reforma de pensiones. Paso a paso saldando deudas históricas”, han sido colocadas en varios puntos de la capital en los últimos días, lo cual ya empezó a generar preocupación entre la ciudadanía.
Ante la campaña que ha iniciado el oficialismo sobre la venidera reforma previsional, un equipo de El Diario de Hoy realizó ayer un recorrido por San Salvador y observó los mensajes en puntos como el bulevar Constitución, zona del Estadio Mágico González y bulevar de Los Próceres, entre otros.
Se consultó a varios ciudadanos y externaron dudas sobre si el gobierno podría administrar los fondos de pensiones y si estarían en riesgo los pago ante el alto endeudamiento del país, entre otros temores.
Esta reciente campaña tiene como antesala declaraciones de varios funcionarios del actual gobierno. El primero en afirmar que realizarán una “reforma integral de pensiones” fue el presidente Nayib Bukele en diciembre 2020, pero en aquel momento no dio detalles.
Luego el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, expresó en marzo de este año que se presentaría una reforma a la nueva Asamblea Legislativa en la que resultó con mayoría de escaños el partido de Bukele, Nuevas Ideas.
Pero Zelaya tampoco ahondó en detalles, solo externó que debe tener tres ejes: “que beneficie en primer momento al cotizante, algo que nunca se ha hecho; en segundo momento, al Estado, y en un tercer momento a los actores que están administrando los fondos de pensiones”.
Después fue el presidente de la Asamblea oficialista, Ernesto Castro, quien el 26 de mayo pasado aseguró en una entrevista televisiva que este año se harán “cambios profundos” al sistema pensiones, pero de nuevo no detalló a qué se refería.
“El tema de las AFP es una deuda que se tiene con la población, nuestro compromiso es darle dignidad a los pensionados. Vamos a hacer cambios estructurales, no vamos a venir a maquillar una reforma sino a hacer cambios profundos”, advirtió Castro en aquel momento.
Castro dijo además que aún se evaluaba si la administración de los fondos pasaría a ser pública, si seguiría siendo privada o sería mixta.
“Es algo que todavía se está evaluando; ya hicimos un par de consultas y vamos a sentarnos con todos los sectores para escuchar los puntos de vista y cuando escuchemos ese análisis vamos a ir concretando la solución que queremos ofrecer”, declaró en mayo.
Sin embargo, a la fecha, en la nueva Asamblea no ha sido creada ninguna comisión para debatir una eventual reforma de pensiones, lo cual contrasta con la campaña que ya se ve en las calles.
Pero ante las difusas líneas que han dado los funcionarios, varias organizaciones han externado sus temores sobre cómo será la reforma de pensiones que presente el Ejecutivo y han pedido ser incluidos en el debate, uno de ellos es el sector laboral.
Ana Cecilia Suárez, representante del Movimiento por una pensión digna, manifestó el 24 de junio pasado que una de las peticiones que hacen como trabajadores es no ser aislados de la discusión de las reformas que el gobierno y la Asamblea Legislativa planteen.
Suárez dijo que aunque el presidente de la Asamblea ha mencionado que una reforma de pensiones se realizará tomando en cuenta a los sectores involucrados, hasta esa fecha no habían sido llamados o tomados en cuenta para una posible discusión.
Suárez, como representante del sector laboral, destacó que el 70% del dinero de las pensiones que usa el Estado es de los fondos de los trabajadores, por eso la importancia de ser tomados en cuenta al momento de hacer reformas al sistema previsional.
Agregó que como trabajadores también temen que en la reforma se incluyan temas como el incremento de la edad para la jubilación.
Carlos Argueta, economista de Fundaungo, mencionó recientemente que una reforma al sistema de pensiones debe priorizar el ahorro y la mejora en la calidad de vida de los pensionados.
“Tanto la reforma de 1998 como la de 2017, más allá de cambiar la estructura financiera del sistema de pensiones, prácticamente dejó de lado los problemas más estructurales como los bajos niveles de cobertura y bajos montos de pensión”, destacó Argueta.
En las vallas publicitarias se lee el mensaje “saldando deudas históricas”, pero Argueta consideró que esa promesa no sea factible cuando de los $12,000 millones que conforman el Fondo de Pensiones, más del 90 % de los fondos ya están invertidos y en el caso de hacerlos efectivos representan pérdidas para los cotizantes.
También el ex presidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, aclaró en una entrevista reciente a El Diario de Hoy que no se trata de que el monto del fondo de pensiones está acumulado en una cuenta.
“La gente piensa que los fondos de pensiones es como la bodega de Rico McPato que allí está todo el dinero, pero no porque el fondo de pensiones es deuda ya, son títulos de deuda y la mayor parte la debe el gobierno, no puede tomar la deuda que ya debe. Nacionalizar las pensiones no sería la solución”, destacó el ex funcionario.
Advirtió además que el riesgo es que al revertir la privatización de las pensiones esos flujos pasarían al gobierno y que son alrededor de $350 millones anuales con los que podría maniobrar, en caso de nacionalizar las pensiones, lo cual no es una solución a la crisis financiera.
“El gobierno tendría el compromiso de pagar pensiones en el futuro, es decir que estaría agarrando ese dinero ahora, pero no quiere decir que se eliminaría el compromiso del gobierno de pagar pensiones futuras. Entonces, no ganaría mucho”, aseveró.
La academia también se ha pronunciado sobre el tema. El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) presentó en diciembre pasado una propuesta de reforma de pensiones en la que detalla que al no pagarle a los cotizantes la tasa de interés correspondiente obtiene menos recursos en el ahorro individual de cada uno.
La UFG recomienda que ya sea un ente público o privado el que administre el fondo de pensiones se pague una tasa de interés del 5.75% por las inversiones que se realicen con los fondos de los trabajadores salvadoreños