El Bitcoin ha sido desde el año pasado la carta bajo la manga de Nayib Bukele y su gobierno, que confían totalmente en que esta criptomoneda aumentará su precio significativamente y eso logrará una derrama de ganancias que convertirán al país en el próximo Singapur del mundo.
Su confianza es tal que no ha escatimado recursos públicos para hacerlo, aún si esto implica aumentar en más de $300 millones la ya elevada deuda nacional, y aumentar la desconfianza de que pueda pagar sus deudas anteriores en dólares.
Pero Bukele, además, confía en que quienes ya son “millonarios” con el Bitcoin invertirán en el país no menos de $1,000 millones a través de bonos que sacará al mercado próximamente.
Pero un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que ha mantenido un análisis exhaustivo de las finanzas públicas en el último año, le ha repetido lo que muchos economistas nacionales e internacionales ya dijeron: “El Bitcoin no es confiable”.
En su informe final de la revisión del Artículo IV, el organismo internacional concluyó que “confiar en el apalancamiento y, por lo tanto, aumentar la deuda pública para invertir en Bitcoin con las expectativas de un aumento continuo de su precio, al mismo tiempo que sincroniza el mercado para adquirir Bitcoin, no es una solución permanente para aliviar las restricciones financieras”.
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En su lugar, el FMI le expone al gobierno una larga lista de recomendaciones fiscales en las que sí debería estar trabajando, pero que implican recorte de gastos, nuevos ingresos, una mayor rendición de cuentas, transparencia fiscal, auditorías, entre otras.
“Para mejorar la gestión de los recursos, reducir los costos de endeudamiento y generar apoyo público para la consolidación, se debe fortalecer la gobernanza económica”, reiteró el FMI en su conclusión.
El staff que trabajó en el análisis recomendó hacer un ajuste fiscal equivalente al 4% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, más de $1,200 millones si se estima un PIB de $29,400 millones.
Esta fórmula, sin embargo, toma más tiempo (debería iniciar este año y seguir en 2023), pero de acuerdo a las estimaciones de este organismo, en 2026, la deuda del país se reduciría a 80 % del PIB. En caso contrario, esta subiría a 96 % ese mismo año.
Decidirse por hacer este ajuste no solo le devolvería la confianza de inversionistas y otros organismos multilaterales, sino que además, permitiría una recuperación económica más acelerada.
Apostar por el Bitcoin, por el contrario, tiene más riesgos. De hecho, desde su implementación el 7 de septiembre de 2021, le ha valido a El Salvador un aumento en el riesgo país (es el tercer país más riesgoso después de Venezuela y Argentina), y una serie de alertas de preocupación de que al llegar 2023 no pueda pagar deudas reales, en dólares, específicamente $800 millones que vencen en enero del próximo año.
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En su conclusión, los directores de la misión del FMI que revisó las finanzas aseguraron que “existen grandes riesgos asociados con el uso de Bitcoin en finanzas la estabilidad, la integridad financiera y la protección del consumidor, así como la política fiscal asociada”. Por eso mismo, el organismo recomendó al gobierno eliminar el Bitcoin como moneda de curso legal.