El más reciente Informe sobre la Situación de País, elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas (OPP) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), arrojó datos sobre cómo El Salvador cerró el 2021 en el plano económico.
Uno de esos puntos abarca el enorme gasto que realizó el gobierno salvadoreño durante el año pasado al destinar hasta un 11.8% del Producto Interno Bruto (PIB) solo para pagar salarios de empleados públicos, algo que se traduce en $3,381 millones.
Y pese a que 2021 fue un año de muchas dificultades fiscales, este gasto que corresponde a las remuneraciones del Sector Público No Financiero (SPNF), incrementó en $317.9 millones, un 10.4% que el año anterior, según el informe del OPP, lo que también se relaciona con un aumento de las plazas laborales en el gobierno.
De acuerdo con el OPP, durante el año pasado el gobierno contrató a 11,710 personas más en el sector público, con lo que alcanzó la cifra total de plazas laborales, para este sector, de cerca de 188,700 puestos.
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Obstáculos con el FMI
En un contexto en el que el país atraviesa una situación fiscal complicada, con un nivel de deuda bastante alto con respecto al PIB (85.6%), el destinar esta cantidad de dinero es algo no muy conveniente para las finanzas públicas, sobre todo, porque el país necesita realizar ajustes fiscales y hacer cambios en sus políticas económicas para lograr estabilizarse.
Lo anterior con respecto a las recomendaciones que organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han hecho al país para poder solucionar la crisis, algo que, de no hacerse, podría dificultar más las negociaciones de un acuerdo de asistencia financiera que El Salvador necesita cerrar con ese multilateral y que equivale a $1,300 millones.
De hecho, el investigador del OPP, Claudio de Rosa, sostiene que "este alto nivel de gastos que tiene el país con respecto a las remuneraciones del sector público podría ser una de las razones por las que no avanzan las negociaciones con el FMI".
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Recientemente, el Fondo culminó la revisión del Capítulo IV de su Convenio Constitutivo, en el que estudió las finanzas públicas salvadoreñas y recomendó, entre otras alternativas, el reducir precisamente el gasto público, lo que incluye el pago de remuneraciones y gastos generales que el gobierno realiza en su funcionamiento.
De acuerdo con los datos del OPP, ese gasto público se encuentra en déficit, es decir, el gobierno gasta mucho más de lo que percibe en ingresos, una tendencia que se incrementó a partir del 2018, y que se ha mantenido con el actual gobierno, pues en 2020, por ejemplo, el gobierno gastó $1,186 millones más de lo que obtuvo en ingresos.