El Salvador inicia 2021 con 684,000 personas en crisis alimentaria y con la proyección de que esta cifra irá aumentando, ya que de marzo a mayo la cifra podría crecer a más de 985,000 personas, según indica el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés).
Este informe proyecta, además, que entre junio y agosto de este año, unos 1.04 millones de salvadoreños se encontrarán en esta misma condición y que la población más afectada será aquella que depende de actividades agrícolas y ganaderas debido a pérdidas de ingresos por las restricciones de movilidad y transporte derivadas de la pandemia de COVID-19. Así mismo, el sector informal y en especial los pequeños comerciantes que se ven obligados a utilizar estrategias para afrontar su crisis o emergencia, como vender sus herramientas de trabajo, que al final siempre termina afectándolos, según establece el informe.
La FAO explica que algunos de los factores determinantes que han influido para esta crisis es la pérdida de ingresos. Actualmente , alrededor del 57% de los hogares han visto reducidas sus fuentes de ingresos, ya sea por estar relacionadas con el comercio informal, por cierres de fuentes de empleo o por reducción de la oferta de trabajo agrícola jornalero.
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De acuerdo al calendario estacional, en febrero y marzo 2021 finaliza la temporada alta de demanda de mano de obra en diversos cultivos comerciales: café y caña de azúcar, particularmente. Esto va a reducir la demanda de mano de obra jornalera y el empleo en general asociado a esto sectores y por lo tanto los ingresos de los hogares se verán más afectados.
El otro determinante está relacionado a los efectos climáticos. Las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal y los huracanes ETA e IOTA causaron pérdidas de granos básicos, principalmente frijol, hortalizas y café. También se redujo la oferta de trabajo agrícola jornalero. “Los efectos han sido inmediatos en la generación de ingresos por venta de cosecha”, cita.
Y por supuesto la COVID-19 y todas las restricciones a la movilidad y límites en los aforos decretados por el gobierno para controlar la expansión de la pandemia han limitado el acceso a mercados, lugares de trabajo, y servicios básicos.
Actualmente las medidas de con namiento han sido liberadas facilitando la movilidad de las personas; sin embargo, el transporte para acceder a mercados, lugares de trabajo y servicios básicos siguen limitados. La economía local aún no se recupera. Los pasos fronterizos continúan con limitaciones para la movilización de trabajadores y comerciantes de la región.
El mayor porcentaje de población en condiciones de Crisis o Emergencia se da en el departamento de Ahuachapán con un 23%. Sin embargo, cuando se evalúa por número de personas, San Salvador es el departamento que tiene más número de ciudadanos en situación de Crisis o Emergencia con cerca de 183,000 personas, seguido de La Libertad (100,000), Ahuachapán (87,000) y Santa Ana (72,000).
A nivel nacional, en términos de la Escala de Hambre en el Hogar (HHS), un 5% de hogares re eja un hambre moderada o severa. Según el Puntaje de Consumo de Alimentos (PCA), el 1% de los hogares tiene un consumo pobre o limitado. Ahuachapán tiene el mayor porcentaje de hogares con PCA pobre a nivel nacional (2%).
La FAO plantea un escenario para la situación proyectada de alza en la tendencia de precios de granos básicos a partir de marzo 2021.
Sin embargo el organismo señala que las medidas de reactivación económica, pudieran favorecer el transporte y paulatinamente la movilidad de las personas, estimulando la economía y el aumento de la demanda de mano de obra, del comercio informal y la recuperación de empleos, favoreciendo con ello a los jornaleros y pequeños productores.
Productores agrícolas seriamente afectados
Los productores de hortalizas a nivel nacional son uno de los más afectados. Afirman que perdieron el 45 % de sus cultivos debido a las tormentas y huracanes que azotaron al país, pero además han sufrido una gran afectación en infraestructura, según indicó Héctor Berríos, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Hortalizas.
“Nosotros nos preparamos con muchos de los cultivos tres meses antes y las últimas tormentas fueron entre octubre y noviembre y muchos ríos desbordaron y destruyeron infraestructura y cultivos”, dice el productor.
Según informó, cada casa maya (que protegen cultivos delicados) cuesta entre $12,000 a $23,000, por lo que no solo perdieron las cosechas, sino que están endeudados para poder sobrevivir.
Berríos cuestiona al gobierno que no les ha brindado ayuda y que ha negado que los productores estén enfrentando esta situación y además señala que tampoco hay un plan agrícola.
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“Se debe atender desde un enfoque de seguridad alimentaria a los productores nacionales y por eso se necesitan políticas públicas que apoyen al sector productivo del país”, dijo Berríos.
Por su parte Luis Treminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de pequeños y medianos productores Agropecuarios (Campo) dijo que en la cosecha pasada hubo pérdidas en maíz de 73,000 quintales y en frijol 155,000 quintales y si bien es cierto esto les afecta, para ellos el mayor problema que enfrentan son los bajos precios que les pagan a los productores locales.
“El gobierno debe apoyar al sector agropecuario local, para que evitemos y al menos no lleguemos a ese millón de personas en crisis de alimentos”, dijo.
Más afectaciones
La FAO proyecta que en los próximos meses los precios de los granos básicos, como el maíz y frijol pudieran presentar un alza durante el periodo proyectado, asociado al acaparamiento que hacen los comerciantes y a la baja disponibilidad por pérdidas de cultivos en 2020.
También por la disminución de las reservas de granos básicos en los hogares productores por las pérdidas experimentadas en 2020.
Además señala que habrá una disminución de la demanda de mano de obra agrícola para la corta de café en los departamentos cafetaleros, sin embargo, se puede ver ligeramente incrementada la demanda de jornales para la siembra de granos básicos considerando que mucho de esto es autoempleo.
El poder adquisitivo continúa afectado, por la pérdida de empleos. La economía informal y el turismo aún no se habrán recuperado.