Durante un foro virtual organizado por la Universidad Francisco Gavidia (UFG), el economista Rafael Ernesto Góchez aseguró que el Gobierno no muestra un plan específico para orientar al sector informal en la reactivación económico, siendo que este representa el 70 % de la actividad económica en el país.
“Más de dos millones de personas trabajan en el sector informal que son los más impactados y tienen las condiciones más difíciles porque no se pueden aplicar protocolos”, dijo el profesional.
Contó, por ejemplo, que en todo el territorio nacional hay por los menos 100 mercados, que son puntos críticos para el contagio, pero en los que no ha habido ninguna medida de cara a una reactivación económica.
“Ellos son parte importante de la cadena de valor”, explicó.
De hecho, tras no haber un plan definido los negocios informales han abierto sus puertas al público de forma desordenada (sin respetar fases de reapertura) y aplicando protocolos de sanidad a discreción, con tal de recibir ingresos y mantener fuentes de empleo.
Y es este tipo de inconsistencias las que hacen pensar a Roberto Rubio, presidente de Funde, que este tema, más que técnico, debe analizarse desde la óptica de la economía política.
“Podemos tirar miles de consejos, pero si hay un sordo del otro lado, de nada servirá, dijo el profesional, quien se pregunta si esto es un plan para la salud o un plan económico o si solo está basado en un concepto de acaparar poder y poder político sin ninguna visión técnica.
Góchez añade que dadas las circunstancias el país va a estar sumido en una crisis por los próximos años y que solo estaremos en una etapa “post pandemia” hasta 2022. “En los próximos cuatro años vamos a administrar crisis”, afirmó.
Mientras el país esté en crisis los problemas sociales se van a agravar más de lo que ya estaban.
“La pandemia lo que hizo fue confirmar el colapso de ese modelo basado en la exportación de mano de obra y remesas”, explicó Góchez.
Carolina Alas de Franco, de Fusades, opinó por su parte que todo el manejo desordenado de la apertura económica, lejos de ayudar a pequeñas empresas a formalizarse, provocará lo contrario pues no ha habido una ayuda clara para que las empresas reciban apoyo.
Pese a que el Gobierno ya obtuvo $1,000 millones en deuda para aportar a la recuperación de empleos en empresas tanto formales como informales, los fondos que se tendrían que distribuir a través de un Fideicomiso manejado por Bandesal aún están en trámites de incorporación presupuestaria.
“Como no se ve que esto se concrete, muchas empresas habrán cerrado sus locales o serán ahora informales”, dijo la economista.