Más de 500 empresas están cerradas como consecuencia de la prolongada cuarentena, según el último sondeo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal).
Los resultados de la cuarta encuesta empresarial que realizó para conocer efectos de las medidas de cierre económico impuestas por el gobierno para frenar COVID 19 indican que de 1,024 empresas consultadas, el 53% había cerrado operaciones.
Los datos que reveló el estudio son cada vez más preocupantes porque la productividad del país se encuentra en niveles de subsistencia, explicó Federico Hernández, director ejecutivo de la gremial.
“Se entrevistaron a 1,024 empresas entre el 5 y el 18 de mayo, con casi dos meses del cierre de la economía y quisimos medir este impacto económico y los sectores más afectados son servicios, comercio e industria”, indicó.
Otro de los datos del sondeo es que el 21 % de las empresas tardará más de un año en recuperarse de la crisis.
Hernández detalló que “el 17% de empresas participantes nos dice que ha cerrado, pero si a este porcentaje se suma un 36% que indican que no está operando, nos indica que el 53 % de las empresas, es decir más de 500 de la muestra de esta encuesta, están prácticamente cerradas”.
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Esta cuarta encuesta que lleva a cabo la gremial revela que del universo empresarial salvadoreño solamente el 9% se encuentra operando normalmente, y que del restante 91%, el 38% lo hace parcialmente, el 36% no está operando y el 17% ha tenido que cerrar operaciones.
Según la encuesta, el principal impacto provocado por el cierre de las actividades es la caída de ingresos por ventas de hasta el 75%, lo cual afecta a 86 de cada 100 empresas que mantienen una operación parcial.
Por su parte, Jorge Hasbún, presidente de la Camarasal, dijo que estos datos alarmantes se veían venir, debido a que no se implementó por parte del gobierno un cierre ordenado y con balance.
“Esta ha sido una cuarentena restrictiva y sin balance, y ya a 80 días del cierre los negocios informales desesperados se han visto obligados a salir de manera desordenada y esto es preocupante, pero lo anticipamos, porque al perder el balance en esta cuarentena no se le dejó otra opción a esta gente”, expresó Hasbún.
Sobre las medidas que se verían obligados a tomar, de continuar el cierre obligado de las actividades económicas a mediados de junio, el 30% de los encuestados optó por la opción de reducir personal, mientras que el 28% se decantó por la reducción y suspensión de operaciones, hasta el cierre total de los negocios.
Según los voceros de la gremial, eso es una muestra más del grave impacto que las medidas impuestas en la emergencia continúa causando en el empleo y en el cierre de más empresas.
También destaca el sondeo que el 99% de los empresarios mantiene la esperanza de recuperarse una vez el reinicio de las actividades económicas se haya autorizado. “Ese optimismo se ve reflejado en que el 36% de los empresarios considera que una vez se les permita volver a operar se recuperarán en un lapso de 6 meses, y el 24% espera haberse recuperado en 9 meses como máximo”, indicó Hernández.
Piden diálogo y acuerdos
Luego que en la madrugada del viernes 12 de junio, 62 diputados aprobaran la nueva “Ley Especial de Emergencia por la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía”, la Cámara insta al diálogo.
“Lo ideal es que haya un marco legal e institucional para proteger la vida de los salvadoreños y lo que hizo la Asamblea fue tratar algún tipo de certeza jurídica de todo lo que está pasando. Nosotros lo que queremos es que haya diálogo, acuerdos, pero nos debemos sentar con argumentos técnicos y con inteligencia emocional a discutir. Pero este plan tuvo que estar desde el día 1, porque hay empresas mipymes que ya no podrán reabrir”, aseveró Hasbún.
El dirigente de la gremial cuestionó que “¿cuáles son los protocolos aprobados para una apertura económica ordenada? Necesitamos los protocolos y si es cierto que los tienen desde hace un mes, entonces hay que publicarlos porque además debe haber tiempo para autoregulación de cada empresa para aplicarlos”.
Hasbún recalcó que ya es momento que el gobierno, por medio de Ministerio de Trabajo, publique los protocolos oficiales para que todas las empresas informen a su gente, tome sus medidas y los establezca en sus lugares de trabajo, para estar listos en cada fase de apertura.
El presidente de Camarasal también planteó que, una vez se reactive la actividad económica, será necesario que el Gobierno agilice el apoyo a los emprendedores y apresure la reducción de los trámites burocráticos para facilitar la creación de nuevos negocios.
Ya el gobierno había detallado que destinaría $140 millones para ese apoyo, de los $1,000 que le fueron aprobados, pero hasta la fecha no ha ampliado detalles.